
El Gobierno continúa con la investigación por las sospechas de información privilegiada antes del anuncio de la recompra de bonos en dólares que tuvo lugar hace un mes y medio. Apunta a estudiar y pasar en limpio información de unas 100 cuentas comitentes y los movimientos que hayan registrado en esos días, principalmente con cauciones en pesos y dólares y transacciones con el exterior, y espera tener conclusiones en un plazo de dos meses.
La Comisión Nacional de Valores (CNV) terminó hace algunas semanas una primera ronda de audiencias con diez Agentes de Liquidación y Compensación (Alyc) y en los próximos días empezará una segunda etapa: citará directamente a titulares de cuentas comitentes que sean clientes de esas Alyc, en las que hay personas jurídicas y personas físicas, aseguraron a Infobae fuentes oficiales que siguen los avances de la investigación.
Tras la vuelta inicial de citaciones, ahora la CNV apunta a tener un “mapeo” más específico de la primera aproximación y para eso necesitará sistematizar una serie de datos de operaciones que haya tenido ese universo acotado de inversores en la mira. Los investigadores saben que con una alta probabilidad muchos de esos nombres de Alycs y comitentes que habrán pasado por las oficinas de la CNV no terminarán con observaciones por irregularidades, por eso buscan achicar la muestra y trabajar solo con los casos en que hayan registrado particularidades más llamativas.
Hay varias líneas de inspección en este aspecto. El que tiene más peso entre los técnicos de la comisión es el criterio de la operación de cauciones en los días y horas previos al anuncio de la recompra de bonos en moneda extranjera que hizo la Secretaría de Finanzas. Las cauciones son préstamos que toman inversores para conseguir liquidez de corto plazo. La sospecha, por los números que vieron en la CNV, es que hubo un salto exagerado en la cantidad de cauciones operadas en la previa del anuncio de recompra.
Con este mecanismo, los jugadores del mercado habrían entonces tomado préstamos en moneda dura para hacerse de bonos y aprovechar el salto de precios de esos días. Hay otra línea que surgió durante las conversaciones en el mercado que podría, eventualmente, explicar ese salto que parecía anómalo. Las sociedades de bolsa podrían haber encontrado en ese momento una ventana de arbitraje con un bono que en el exterior estaba más barato que en su precio local y tomaron esa chance.
Para eso, la CNV podrá contar con información de entidades pares del exterior. De esa manera, como parte de la operatoria que buscan investigar sucedió fronteras afuera, los investigadores podrían requerir la ayuda de información de la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos.

Existe actualmente un régimen de intercambio de información, pero creen que es un mecanismo que podría estar más aceitado con la entidad par norteamericana. En la CNV aseguran que esa información está a disposición pero que todavía el esquema para el envío de esos datos no fue activado. Le serviría, en todo caso, solo para reforzar la información sobre la operatoria de ese rango temporal que analiza el organismo.
La información que buscará recopilar la CNV estará integrada por los legajos de los clientes, el origen de los fondos, los patrimonios de clientes, declaraciones juradas impositivas, transferencias en esas cuentas entre comitentes y sus cuentas bancarias, entre otras operaciones.
Es en el capítulo de las motivaciones en que la sospecha de inside information puede tener lugar. Esto significa si alguna Alyc realizó alguna recomendación puntual de compra en un momento determinado y si esa recomendación estuvo precedida por el acceso a información adelantada sobre la recompra de bonos que iba a realizar el Banco Central.
La CNV, en ese sentido, tiene herramientas limitadas para llegar a una conclusión de esa naturaleza. “La Justicia es la que puede ordenar un allanamiento o secuestrar teléfonos, nosotros no”, explicaron desde la entidad que conduce Sebastián Negri.
Más allá de que configura un delito de mercado, se trata de una falta difícil de comprobar. Si lo fuera, la CNV puede actuar solo a través de sanciones y suspensiones. Una decisión judicial podría ir más allá, eventualmente, con sanciones penales. Por lo pronto, en el Gobierno esperan que la investigación concluya en un plazo no mayor a dos meses.
El pedido de inicio de una pesquisa por este tema tuvo lugar algunos días después del anuncio del Ministerio de Economía de que iniciaría una recompra de bonos, prevista en un principio con un límite de USD 1.000 millones, en un contexto de precios bajos de los títulos de deuda en moneda extranjera, y que iba a concentrarse en los activos de vencimiento más corto.
Una posibilidad, en caso de que el equipo económico hubiese conseguido recuperar el precio de los bonos, era el de preparar el terreno para un préstamo Repo de entidades financieras internacionales. La lógica implicaba que con mejores precios, el conjunto de bonos que el Gobierno tendría que haber entregado como garantía para la operación hubiese sido menor. El contexto internacional resultó desfavorable y si bien el Repo no es descartada todavía en los despachos oficiales, la chance se enfrió en las últimas semanas.
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