
El gobierno porteño compensará la eliminación del impuesto a las tarjetas de crédito con un mayor control del gasto público, sin perder el superávit comprometido para este año.
A la vez, las fuentes oficiales aclararon que esperan que, en el transcurso de este año, la Corte Suprema destrabe el envío de fondos del gobierno nacional, en cumplimiento del fallo del Alto Tribunal.
La intención, una vez que la Legislatura convalide la derogación de este tributo que se aplica sobre los saldos de los resúmenes a las tarjetas de créditos emitidas en la CABA, es mantener “un control estricto y un manejo eficiente del gasto corriente que ya se viene haciendo desde la pandemia”, indicaron las fuentes a Infobae. La intención es no reducir el superávit de $9000 millones comprometido en el presupuesto porteño para este año.
El año pasado, el mencionado impuesto, creado cuando el gobierno nacional le cortó fondos a la Ciudad en forma unilateral, le aportó $30 mil millones a las arcas porteñas y este año se proyectaba el ingreso de $45 mil millones, sobre una recaudación total de dos billones de pesos. Se trataba de un impuesto transitorio, a la espera del mencionado fallo de la Corte, que el ahora candidato presidencial Rodríguez Larreta quería eliminar.
La cifra de $ 45 mil millones es similar a la deuda del gobierno nacional a la Ciudad en tan solo dos meses desde que la Corte Suprema dictó su fallo a favor de la Ciudad el 22 de diciembre de 2022.
Desde que el gobierno de Alberto Fernández adoptó este recorte para traspasarle más fondos a la provincia de Buenos Aires, la pérdida de recursos para la Ciudad entre septiembre de 2020 y fines de 2022 fue de 252.000 millones de pesos.
Pero en el ejecutivo porteño destacaron que la intención siempre fue recortar este tributo que había generado muchas quejas en el sistema financiero y que se aplica en otras provincias, como el territorio bonaerense.

En una conferencia de prensa en el Centro Metropolitano de Diseño, ubicado en el barrio porteño de Barracas, Rodríguez Larreta recordó que el impuesto a los sellos era un tributo “provisorio” hasta que se expidiera la Corte Suprema de Justicia. Dado que el Alto Tribunal le dio la razón al reclamo porteño con una medida cautelar, ahora cumple su promesa de eliminarlo pese a que, según indicó, el gobierno nacional sigue sin cumplir el fallo del máximo tribunal.
“Los vecinos no pueden esperar los tiempos de la política y yo no voy a quedarme quieto viendo cómo un Gobierno que quiebra las instituciones toma de rehén a los argentinos”, explicó el jefe de Gobierno.
“La gente está harta de políticos que se pelean, se agreden y no cumplen sus promesas. Nosotros no entramos en eso, yo lo que me propongo, lo cumplo. Esta decisión es una muestra de mi visión de lo que necesitamos en la Argentina. Acá vamos a bajar impuestos. Vamos a reducir el peso muerto del Estado”, agregó.
En el mismo sentido, el presidente de la comisión de presupuesto de la legislatura porteña, Claudio Romero, explicó a Infobae que “la caída de la recaudación por la eliminación del impuesto quedará absorbida por el resultado del presupuesto 2022 más el superávit presentado para este año”.
“En el 2022, la Ciudad hizo un uso prudente y eficiente del gasto corriente, lo que permitirá afrontar parte del costo financiero de eliminar este impuesto; el resto del costo que afrontará la Ciudad se llevará a cabo mediante el superávit ya estimado en el presupuesto del corriente año. Estas medidas, en su conjunto, permitirán llevar adelante la eliminación de este tributo”, explicó el legislador del PRO.
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