La manipulación de las estadísticas públicas registrada durante ocho años del kirchnerismo continúa generando consecuencias negativas en los tribunales del exterior.
Según informó el analista Sebastián Maril “la Argentina pide a la jueza Loretta Preska –que también tiene pendiente la resolución por la demanda por la expropiación de YPF en 2012– que autorice culminar la demanda por los Warrants mediante Summary Judgment mientras que Aurelius y otros fondos quieren llevar la demandada juicio oral. El juicio en Londres aún no tiene fallo”.
Se trata de la demanda de un grupo de acreedores del país presentada en Nueva York, que acusaron al estado argentino de no pagarles el cupón ligado al crecimiento por alterar los cálculos del PBI durante la intervención al Indec en el gobierno de Cristina Kirchner.
Ante esta situación, los abogados de ambas partes le presentaron un pedido conjunto a la magistrada que reemplazó al fallecido juez Thomas Griesa. “Las partes en los casos antes mencionados escriben conjuntamente para informar a la Corte antes de la conferencia del 22 de febrero en cuanto al estado de los casos, y para informar al Tribunal de un desacuerdo entre los demandantes y el demandado en el que apreciaríamos la orientación del Tribunal”, dijeron.
“Con respecto al estado de los casos, las partes están de acuerdo en que no hay más procedimientos de proposición de prueba (discovery), aparte de ciertas solicitudes de comisiones rogatorias pendientes presentadas por los demandantes”, se indicó.
“El abogado no puede predecir el momento o resultado final en cuanto a la comparecencia de testigos en el extranjero (y las partes se reservan sus derechos en cuanto a expoliación y actualización)”. “El desacuerdo de las partes se refiere a los procedimientos posteriores en estos casos”, indicaron.
Los demandantes indicaron que “debido a que el juicio en estos casos será un juicio sin jurado, sería más eficiente simplemente proceder a juicio sin el retraso y las cargas de las mociones de juicio sumario”.
Por otro lado, “si se van a presentar mociones de juicio sumario, los demandantes creen que sería más eficiente proceder al juicio sin retrasos ni cargas”.
Además, afirmaron, “si se van a presentar mociones de juicio sumario, los demandantes creen que el juicio sumario debería concederse a su favor”.
“La República ha negado a los demandantes los pagos correspondientes a 2013 que se les adeudan sin fundamento legítimo, invocando una modificación indebida y/o una interpretación errónea del contrato”, dijeron y aseguraron que “por sus actos y omisiones indebidos, y al atribuirse una facultad discrecional que no tiene, la República ha incumplido el pacto implícito de buena fe y lealtad”.
Los argumentos del Gobierno
En cambio, los abogados del país indicaron que “los demandantes quieren negar a la República la oportunidad de solicitar juicio sumario en la teoría de que un juicio inmediato será más eficiente. Esto es incorrecto”.
“En su lugar, el Tribunal debería conceder el juicio sumario a la República porque, después de años de descubrimiento de pruebas, los demandantes no pueden plantear cuestiones sobre la determinación de la República de que no se debía ningún pago para el año de Referencia 2013, o sobre la producción de buena fe de los datos del PIB utilizados para tomar esa determinación”.
Además, “la presentación de pruebas ha demostrado que las demandantes no siguieron los requisitos contractuales para interponer una demanda”.
“La resolución de estas cuestiones dispositivas en el juicio sumario evitará un juicio largo y costoso de al menos cuatro semanas, con la declaración de más de una docena de testigos, muchos de los cuales viajarían desde Argentina u otros lugares fuera de EEUU y testificarían en español (lo que requeriría traducción)”, advirtió.
“Como mínimo, las resoluciones del Tribunal sobre el juicio sumario limitarán el alcance de cualquier juicio”, aclaró.
En base a estas diferencias, “las partes han discutido la programación con respecto a estos procedimientos, y creen que cualquiera que sea el camino que se siga, las partes podrán presentar rápidamente un calendario acordado, sujeto a la aprobación del Tribunal”.
“Las partes están disponibles para discutir estos asuntos, y cualquier otro asunto en la agenda del Tribunal, en la conferencia del 22 de febrero o cuando el Tribunal lo estime oportuno”, concluyeron los abogados de Sullivan Cromwell en representación de la Argentina y los letrados de Aurelius, Adona LLC Y Novoriver, entre otros fondos de inversión, que demuestran la vigencia de los efectos negativos de la maniobra registrada en el Indec entre 2007 y 2015.
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