Impuestos, subsidios y jubilaciones: las medidas del acuerdo con el FMI que se cumplieron y las pendientes

En paralelo a la exigente carrera de metas exigibles del Fondo Monetario Internacional al Gobierno en términos fiscales, monetarios y de reservas en el BCRA, hay otra serie de objetivos estratégicos a los que el Estado argentino se comprometió en el acuerdo y que, terminado el 2022, es posible hacer un balance sobre cuáles fueron alcanzados, cuáles sufrieron demoras y qué otros fueron incumplidos.

Además de los objetivos cuantitativos como los topes de déficit primario o de emisión monetaria para financiar al Tesoro, o el mínimo de acumulación de divisas en el Banco Central, el programa financiero con el Fondo postula otras decisiones de política económica para llevar adelante a lo largo de una hoja de ruta específica, en un rango de tiempo que va hasta mediados del año próximo.

Se trata de una batería de medidas que cubrirán aspectos diversos como la estructura fiscal, la integridad financiera, de política monetaria, de gestión de gobierno y de financiamiento. Y están incluidas medidas de un arco amplio: desde encajes bancarios o un estudio del sistema previsional hasta medidas contra el lavado de activos, un plan de desarme del cepo al dólar y un revalúo inmobiliario en todo el país hasta un auditoría sobre el gasto Covid. Algunas de esas metas ya fueron alcanzadas, mientras que otras sufrieron demoras.

Más temprano, en 2022, el Gobierno y el FMI ya habían acordado aplazar el cumplimiento de dos de ellas. Una es el recálculo de la base impositiva que el Estado puede recaudar por la vía del valor de los inmuebles.

La intención preliminar para concretar un revalúo fiscal era tenerlo cristalizado hacia fines de septiembre último, algo que apareció a mitad de año ya como algo de imposible cumplimiento. Esa iniciativa todavía está en proceso en el Poder Ejecutivo y terminó por tener como fecha límite marzo próximo.

El FMI y el Gobierno sostuvieron a lo largo de este año la relevancia que tendría en términos fiscales una medida de esta naturaleza, que es una de las que aparecen como más importantes en esa hoja de ruta paralela a las metas cuantificables.

“Se están realizando esfuerzos para revisar los costosos incentivos fiscales corporativos; y (para) fortalecer la recaudación de impuestos sobre la propiedad, incluso mediante la realización de trabajos preparatorios para mejorar los impuestos sobre el patrimonio personal (bienes personales), también mediante la mejora de la base de datos de la administración tributaria al conectar los catadores provinciales y los registros de impuestos sobre la propiedad con los números de identificación de los contribuyentes federales, inicialmente para el Gran Área Metropolitana de Buenos Aires. Se considerarán condicionalidades adicionales en estas áreas en el contexto de futuras revisiones”, destaca uno de los últimos informes de staff del FMI.

Por su parte, el Gobierno había estimado que “los rendimientos de esta iniciativa, descontada la coparticipación, podrían ascender a 0,1% del PBI en el ejercicio fiscal 2022 y 0,2% del PBI adicional en los próximos años. Esperamos que este proceso pueda alcanzar 400.000 contribuyentes, o cerca de 597.000 propiedades urbanas sujetas al impuesto anual sobre los bienes personales”.

Otro objetivo estructural incluido en el acuerdo y que tenía como fecha preliminar a lo largo de 2022 es la elaboración de una camino para que la economía migre desde los actuales controles cambiarios hacia un esquema de límites “macroprudenciales” para la entrada y salida de divisas, en consulta con los técnicos del Fondo Monetario. Esa iniciativa pasó a tener como límite junio próximo.

En el último informe de staff el FMI hizo un balance sobre qué pudo lograr el Gobierno en esa agenda que denomina “estructural” y en qué aspectos todavía tiene espacio para mejorar. “Se proponen varios puntos de referencia estructurales para reflejar mejor el progreso en la implementación”.

Uno de ellos tiene que ver con la actualización de los precios de la energía, que se esperaba para fines de enero y que pasó a tener un leve margen más, hasta el 15 de febrero 2023 “para garantizar la eliminación de los subsidios de gas y electricidad para el grupo de altos ingresos y los usuarios comerciales″.

Sobre las modificaciones a la Ley Penal Cambiaria, si bien el Fondo confía en que “se completarán a fines de diciembre”, el acuerdo con el equipo económico fue “restablecer el punto de referencia estructural para fines de marzo de 2023, lo que refleja la necesidad de presentarlo al Congreso después del receso”.

Algunos incumplimientos

Un grupo de metas estructurales no fueron cumplidas a tiempo, repasó el FMI. Entre ellas, el desarrollo de “un plan de acción detallado y con plazos definidos centrado en la identificación de deficiencias en el cumplimiento y en la mejora de la gestión del riesgo de cumplimiento de impuestos y aranceles aduaneros nacionales clave”.

Tampoco en el caso del establecimiento de “un plan a mediano plazo, con apoyo técnico y financiero de socios internacionales para el desarrollo, para reducir aún más los subsidios a la energía, con objetivos específicos de recuperación de costos, y mejorar la eficiencia de la matriz energética, al tiempo que se garantiza la calidad de los servicios energéticos y la asequibilidad. de acceso para los hogares más vulnerables”.

En ambos casos, la nueva fecha límite que opera es la de fines de diciembre, por lo que el FMI evaluará su cumplimiento en marzo próximo.

El listado de objetivos estructurales alcanzados es más largo e incluye, entre otros, la modificación del presupuesto vigente de acuerdo a los postulados del acuerdo, el llamado a audiencias públicas para determinar el sendero de tarifas a lo largo del año, medidas para mejorar la transmisión de la política monetaria o la priorización de proyectos de inversión pública.

La última ronda de discusiones técnicas entre el Ministerio de Economía y el staff del Fondo dejó como resultado, además, dos nuevas metas estructurales como las anteriores. Incluyen: una evaluación integral de los gastos tributarios para identificar opciones para simplificar esquemas ineficientes y apoyar los esfuerzos de consolidación fiscal (propuesto a fines de junio de 2023)”, especificó el informe aprobado por el directorio.

Y, por otro, “el avance del BCRA hacia la aplicación de normas contables reconocidas internacionalmente para los estados financieros de 202214 mediante la mejora de las divulgaciones financieras (...), aprovechando la reciente asistencia técnica del FMI”, explicitó.

Hay un objetivo que aparece, a priori, con fecha de vencimiento a fines de 2022 y que fue uno de los que levantó polémica una vez que fue oficializó el programa en marzo pasado y es el de elaborar un estudio a fondo sobre el sistema jubilatorio argentino, “centrado en el régimen especial de pensiones, y en los mecanismos para incentivar la prolongación voluntaria de la vida laboral”.

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