La Justicia llamó a declaración indagatoria a los empresarios de la firma Pepsa SA, denunciada por la Aduana por importar 10.745.000 guantes de látex de manera presuntamente irregular y que, mediante una supuesta maniobra de triangulación financiera, se hizo de más de 4,5 millones de dólares del Banco Central.
La orden la dictó el juzgado número tres en lo criminal y correccional federal de La Plata, a cargo de Ernesto Kreplak, con la carátula “Pepsa SA y otros sobre contrabando, artículo 864 inciso E-código aduanero e infracción ley 19.359″, que contiene el régimen penal cambiario.
La orden alcanza, según la copia judicial, a “Paula Aostri, María Elena Tascone, Fernando Beraudo, Fernando Campopiano y Aníbal Salomón”.
El procedimiento había sido realizado por agentes especializados de la Dirección General de Aduanas-AFIP, que detectaron que presuntamente la mercadería -que se encontraba en un depósito de la Zona Franca La Plata- habría sido declarada a un valor alto para el tipo de producto que involucraba: mientras que el precio unitario que figura en la operación es de USD 0,51, la Aduana considera que el valor razonable -en base a estudios de valor y antecedentes- es más cercano a los USD 0,085 (USD 8,50 por caja de 100 unidades). Esto supone una sobrefacturación del 600 por ciento.
“La maniobra resulta especialmente grave dado que se aprovecha de que, en el marco de la emergencia sanitaria, el Decreto 333/2020 había exceptuado a los guantes y barbijos de uso médico del pago de derechos de importación”.
De este modo, mientras que el pago arancelario de la operación sería nulo, la característica sobresaliente es su impacto sobre el escaso stock de divisas. En ese marco, Guillermo Michel, director General de Aduanas, afirmó en forma enfática: “Debemos cuidar los dólares para la producción y el trabajo, no para la especulación financiera”.
El origen
Los guantes tienen como origen Malasia, Hong Kong y China, pero se ingresaron al país presuntamente refacturando la mercadería desde Uruguay y Brasil. A su vez, los giros al exterior supuestamente se triangularon a través de bancos con sede en Estados Unidos.
Además, en el contexto de las mismas investigaciones, también se detectó una triangulación y sobrefacturación de USD 1,7 millones en barbijos de uso médico, que sumada a la sobrefacturación detectada en la importación de guantes, da un total de USD 6.2 millones.
Las medidas ordenadas por la justicia implicaron el allanamiento de domicilios vinculados a las empresas y el secuestro de teléfonos celulares. Se trabajó en conjunto con la DGI y ARBA.
Además, la Aduana solicitó a la Justicia que, a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), se activen los mecanismos de intercambio de información a las unidades antilavado de Estados Unidos (FinCen), Uruguay (Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo —SENACLAFT) y Brasil (Agencia Antilavado de Activos y contra la Financiación del Terrorismo —LA/FT)
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