Apremiado por los tiempos electorales y las necesidades del kirchnerismo, Sergio Massa tuvo que revisar sus proyecciones respecto a la posible baja de la inflación. El ministro de Economía prometió primero una baja de la inflación al “3 y pico” para el momento de las elecciones presidenciales, es decir hacia el cuarto trimestre del año que viene. Pero en una entrevista radial del fin de semana ya dijo que esta meta es posible alcanzarla mucho antes, más precisamente en abril.
De acuerdo a sus proyecciones, la inflación debería bajar un punto porcentual “cada 60 o 75 días”. Además insiste en que es posible bajar la inflación al 60% en 2023 o incluso un poco menos. Sin embargo, los economistas y consultoras que participan en la encuesta mensual del Banco Central consideran exactamente lo contrario y pronostican más de 90% de inflación para el 2023.
La baja de la inflación es fundamental para recuperar el poder adquisitivo de los salarios, que vienen perdiendo en forma constante contra la suba de precios. Mejorar los ingresos en términos reales a lo largo del año es un aspecto decisivo para que el oficialismo tenga chances en las elecciones presidenciales.
El congelamiento de cerca de 1.800 alimentos y bebidas incluido en Precios Justos ayudaría a bajar la inflación, al menos marginalmente. Según cálculos de Marina Dal Poggeto, directora de la consultora EcoGo, esta medida permitiría bajar en 0,6 puntos la inflación mensual durante los meses de vigencia. No es una baja sustancial, pero claramente ayudaría para lograr niveles algo más bajos en los próximos meses.
Sin embargo, la propia economista considera que la inflación se encuentra “muy lejos” de mostrar una baja sostenida: “No entiendo cómo pueden lograr una baja tan importante con el dólar oficial subiendo al 6,5% mensual, los aumentos de tarifas, salarios y la fuerte expansión de dinero, que se refleja en el gran aumento de los agregados monetarios del Banco Central. La nominalidad de la economía es creciente y eso va en contra de una posible baja de la inflación”.
Noviembre podría ser un mes en el que se produzca una desaceleración leve, pero que no llegaría a marcar una tendencia declinante. En Economía estiman incluso que podría ubicarse en niveles de 5,7-5,8%, aunque la mayoría de las consultoras estima que igual continuaría levemente por encima del 6%.
En el ministerio de Economía consideran que la reducción es factible a partir de la baja del déficit fiscal primario, que este año terminaría en 2,5% del PBI y el año próximo debería caer a 1,9%, tal como se comprometió en el acuerdo con el FMI. Además, un menor agujero fiscal también implicaría una disminución de la emisión monetaria.
Con Precios Justos y ahora el Observatorio de Precios, el Gobierno apela a recetas viejas, conocidas y que nunca han dado mayores resultados. Al contrario, el riesgo es generar una nueva “olla a presión” de la cual resulte luego difícil salir sin un fuerte salto de los precios.
La justificación que la semana pasada dio el secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, es que se trata de medidas que sirven para “ordenar” y dar una señal que reduzca los niveles de nominalidad. Es decir que los aumentos que se están proyectando hacia adelante sean menores. Resulta clave, en ese sentido, trabajar en las expectativas inflacionarias para promover una disminución.
No hubo un “plan de shock” como reclamaba la mayoría de los economistas, copiando la fórmula de distintos países que lograron disminuir la inflación desde altos niveles, como en su momento lograron Israel, Colombia y Chile. La ausencia de medidas contundentes para convencer al público y a las empresas de una desaceleración de precios es claramente uno de los problemas que enfrenta Massa para lograr su objetivo, más allá de la voluntad expresada.
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