
Aunque la suba de los precios de los alimentos está registrando una suave desaceleración respecto de los meses anteriores, en línea con el IPC general del Indec, el rubro sigue estando por encima del promedio, con una fuerte incidencia de los productos estacionales. En este contexto, y con una fuerte presión política para avanzar con mayores controles, el equipo económico anunció la intención de lanzar una nueva canasta de entre 1.200 y 1.500 productos que estarán congelados entre tres y cuatro meses y a la que llamarán Precios Justos.
Ya hubo una primera tanda de reuniones la semana pasada y seguirán la próxima, pero las charlas que hubo hasta el momento demuestran que hay pocas precisiones sobre lo que busca el Gobierno, “información confusa y contradictoria”, comentan en el sector privado; y una clara convicción por parte del sector empresario de que no está en condiciones de avanzar en un congelamiento amplio por varios meses sin tener en cuenta los costos y la problemática de las importaciones.
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Tras una suba de 6,7% en septiembre -frente al 6,2% del índice general de precios-, los alimentos arrancaron octubre con un nivel similar, pero la tercera semana registró una notoria aceleración, que podría estar asociada a los rumores de congelamiento que comenzaron a circular a comienzos de mes en los pasillos oficiales.
Según el último informe de la consultora LCG, durante esos días “los precios de los alimentos subieron, en promedio, 1,9%, lo que dio como resultado una inflación de 8% promedio en las últimas cuatro semanas”.
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Según el relevamiento, las comidas listas para llevar, las verduras y el azúcar, la miel y el cacao fueron los tres rubros que más subieron los precios durante los últimos días, seguidos de condimentos y otros productos alimenticios y productos lácteos y huevos. A su vez, en las últimas cuatro semanas, los lácteos lideraron los incrementos, con 12%; y las verduras se ubicaron en el segundo puesto, con 9,9 por ciento.

Para EcoGo, la consultora que dirige Marina Dal Poggetto, la inflación de alimentos este mes rozará el 7%, en línea con lo observado en septiembre. Y en eso coincide el Gobierno, que tiene estimaciones que prevén una suba similar.
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La sensibilidad que tiene el rubro alimentos y bebidas debido a su incidencia en los niveles de indigencia y de pobreza hizo que desde el kirchnerismo duro se comenzara a filtrar, semanas atrás, la idea de que se avecinaba un nuevo congelamiento de precios.
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Desde el equipo económico, que reiteradamente remarcó no estar de acuerdo con este tipo de medidas se vieron forzados -desde lo político y desde lo económico- a avanzar con algún tipo de acuerdo con las empresas de consumo masivo. Y así fue como, a pocos días de haber cerrado la nueva etapa de Precios Cuidados -con lo que implicó esa negociación para sumar más primeras marcas-, el secretario de Comercio, Matías Tombolini, volvió a convocar a los referentes de la industria para diseñar la nueva canasta de Precios Justos.
Y no sólo eso: les pidió fijar el precio de los productos en la etiqueta, con la dificultad logística que ello implica y con la fracasada experiencia del programa Súper Cerca lanzado por la ex titular de Comercio Interior, Paula Español.
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Todas las empresas citadas admitieron que el tono de la reunión con los funcionarios fue bueno y que se les planteó la adhesión voluntaria a la nueva canasta. A cambio, trascendió que el Gobierno les ofreció darles un tipo de cambio diferenciado para exportar o algún beneficio impositivo, pero desde Comercio luego negaron tajantemente la idea del “dólar góndola”. “Hubo pedidos de algunas compañías en este sentido, pero analizaremos los beneficios en función de cada necesidad”, dijeron las fuentes oficiales.
La discusión viene para largo. Por lo pronto, quedó instalada la idea de que se está trabajando en cómo atenuar la suba de precios y, de esa forma, bajan tensiones hacia el interior del Frente de Todos. De todas formas, las negociaciones con las empresas ya arrancaron y derivarán en algún acuerdo, posiblemente durante noviembre.
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Pero ni siquiera Economía sabe qué es lo que finalmente terminarán cerrando. La primera ronda de reuniones con las 25 principales compañías aún no terminó y luego vendrá una segunda tanda. También deberá haber encuentros con los mayoristas y los representantes de los supermercados chinos y los almacenes, si el Gobierno pretende avanzar con una canasta que pueda encontrarse no sólo en grandes cadenas sino también en los comercios de proximidad. Y aún en el mejor de los casos, con una discusión en todos los ámbitos que llegase a buen puerto, le seguirá el capítulo de los controles, que a nivel país nunca ha funcionado.
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Mientras tanto, las empresas que tuvieron un primer encuentro analizan qué propuesta hacerle al Gobierno, aunque según contaron a Infobae referentes de la industria “con la firme convicción de resistirse al precio en la etiqueta y lograr algo a cambio”.
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