La Aduana lanzó una campaña de fiscalización masiva contra empresas que obtuvieron permisos para importar a través de cautelares judiciales. Son unas 500 empresas que obtuvieron acceso al mercado cambiario para pagar al dólar oficial compras al exterior y a las que se les requerirá información para justificar qué hicieron con la mercadería por la que invocaron urgencia para importar con aval judicial.
Según explicó el organismo conducido por Guillermo Michel, hombre cercano a Sergio Massa, se realizará una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias. A los importadores se les requerirá documentación relativa a la operación comercial, las transferencias de titularidad realizadas, el detalle de giros de divisas y el destino dado a la mercadería, entre otras cosas. La Aduana enviará intimaciones a unas 500 empresas que importaron mercadería al dólar oficial a través de cautelares judiciales
La campaña de fiscalización responde a la detección de maniobras de “alquiler de cautelares” en las que empresas que habían obtenido el fallo favorable de un tribunal cedían a terceros el derecho a acceder al mercado de cambios. La acción del organismo se da luego de realizar una fiscalización sistémica con el objetivo de detectar inconsistencias.
También, tendrán que explicar si el producto se encuentra en stock o si fue vendido. En este último caso, informar el valor de venta en mercado interno y el nivel comercial de los intervinientes. La notificación da un plazo de diez días para responder con toda la información solicitada.
Desde la dirección, aclararon que, en caso de incumplimiento de parte de aquellos que hayan recibido la notificación, las empresas podrán sufrir apercibimientos, suspensiones de hasta dos años y eliminación por completo de parte del registro de importadores y exportadores.
Alquiler de cautelares
Días atrás la Dirección General de Aduanas descubrió que una empresa obtuvo autorizaciones judiciales —vía medidas cautelares— para importar mercadería sin contar con el requisito de validarlo a través del sistema integral de monitoreo de importaciones (SIMI), pero luego “cedió” la autorización a otra empresa, dedicada a la importación y venta de marroquinería con marca propia.
La empresa podía usufructuar la medida judicial sin tener la SIMI aprobada. La Aduana denunció, en un escrito presentado el 15 de julio último, que la empresa Yoko S.A. no utilizó la “cautelar” en los términos que la obtuvo y que “transfirió” la tutela jurisdiccional que da la medida judicial en beneficio de la empresa Tropea S.A.
Para esto, la Aduana expuso ante la justicia una simulación de Yoko mediante una “contrato” de autorización para comercializar la marca Tropea solo por un mes: entre el 21 de junio y el 21 de julio de 2022. Justo el momento en el que la mercadería debía ser nacionalizada con la SIMI preautorizada de Yoko, según detalló en un comunicado.
Luego de la detección de la maniobra, la Aduana bloqueó la mercadería antes de que ingresara al mercado, notificó a la empresa de un sumario infraccional y aplicó una multa que podría ser hasta cinco veces el monto importado. Además, acusó a la empresa de haber violado el Código Aduanero por una declaración inexacta con perjuicio fiscal.
Por último, se presentó ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, puso en conocimiento de los hallazgos y le reclamó al juez que habiendo sido burlada la medida judicial, se extraigan testimonios para formar una nueva investigación ante la justicia en lo penal económico por presunta estafa procesal en el marco de una importación, lo que lo convierte en un asunto federal.
La maniobra atrajo la atención de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
“¿Alquiler de cautelares? ¿O sea que las empresas que logran una orden judicial para llevarse dólares oficiales del BCRA, además las alquilan? Esa sí que no la tenía. Con este funcionamiento judicial y empresario, Argentina se vuelve casi una misión imposible”, había lamentado la ex presidenta a través de su cuenta de Twitter el 18 de julio pasado.
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