
Luego del pedido del fondo buitre Aurelius Capital Master para que un grupo de ex funcionarios argentinos testifique bajo juramento en una corte en Nueva York en el caso por la presunta manipulación de los datos del PBI en el gobierno de Cristina Kirchner, la jueza Loretta Preska, quien lleva la causa, accedió al requerimiento para que una corte argentina cite al ex ministro de Economía y actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y otros 9 ex funcionarios a declarar bajo juramento y a dar cuenta por qué se modificó la fórmula para calcular el crecimiento del PBI en 2013, lo que evitó que se disparara una cláusula y que el Gobierno tuviera que pagarle a los bonistas.
El juicio, que se lleva a cabo en Nueva York es por un total de USD 1.1200 millones mientras que el litigio en la corte de Londres es por alrededor de USD 700 millones.
“La Juez Loretta Preska accede al pedido del fondo Aurelius y solicita a un juzgado argentino que ordene al Gobernador Kicillof y a otros nueve exfuncionarios presentarse a testificar de manera virtual en la causa Cupón PBI y datos Indec”, dijo el experto en deuda Sebastián Maril.
Según confirmaron a Infobae fuentes cercanas al el actual gobernador de la provincia de Buenos Aires, el funcionario “seguramente va a declarar”.
Maril aseguró que si los tribunales argentinos no aceptan este pedido de los demandantes, éstos van a pedir que la jueza los declare en desacato, una situación que la Argentina ya atravesó en sus años de default y que seguramente será un mal antecedente por los otros casos que tiene la jueza sobre la Argentina, como el de YPF.

Cabe recordar que Aurelius Capital Master pidió asistencia a la Corte de La Haya para que, mediante una corte argentina, ordene a los funcionarios mencionados en la lista, testificar bajo juramento en una corte neoyorquina en el caso Cupón PBI y la supuesta manipulación del Indec.
En la lista de la carta presentada anoche por los bonistas a Preska están los ex ministros de Economía Hernán Lorenzino, Axel Kicillof -gobernador de la provincia de Buenos Aires-; el ex secretario de Finanzas, Sergio Chodos, actual representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI); el ex viceministro Emmanuel Álvarez Agis; y Juan Cuatrommo, ex subsecretario de programación económica y actual presidente del Banco Provincia.
También, a los ex directivos del Indec durante las maniobras, que también son investigadas por la justicia federal argentina, Norberto Itzcovich y Fernando Cerro, además de otros funcionarios del Ministerio de Economía durante aquellos años, como Francisco Eggers, Federico Thea, Facundo Proietti, Luis Briones Rouco, Claudio Din, Ariel Abelar y otros.
A fines del 2021, el tribunal federal de Nueva York de Loretta Preska –quien tomó a cargo las causas del fallecido Thomas Griesa– dispuso que la Argentina debía revelar la metodología que utilizó el Indec para medir la actividad económica en 2013, durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.
Por su parte, Maril dijo que el juicio está en un proceso de Discovery, que es la instancia de presentación de pruebas y argumentos. En ese sentido, dijo que “los fondos se comprometieron a entregar información privilegiada de quienes son los tenedores de estos bonos” para que también puedan aportar información.
“Auerelius ya intentó que esta lista de funcionarios testifique bajo juramento de manera virtual sobre qué sabían ellos. No sobre la manipulación del Indec sino cuáles fueron los motivos por los que Kicillof decidió cambiar la fórmula para calcular el crecimiento de del PBI en año 2013″, detalló el experto en deuda.
En tanto, los bonistas señalaron que en virtud del Convenio de La Haya, los tribunales de Estados Unidos pueden solicitar a la autoridad competente de otro Estado contratante, por medio de una carta rogatoria, para obtener pruebas, o para realizar algún otro acto judicial.
La decisión judicial se vincula con el juicio que le inició al país -en los Estados Unidos- Aurelius Capital Management, por la manera en que la Argentina calculó el PBI. En tanto, Aurelius tendrá que presentarle al tribunal los documentos que prueban la compra de títulos argentinos emitidos en dólares, luego de esa reestructuración de deuda.
En una presentación realizada hace dos años en una corte federal de Manhattan, Aurelius aseguró que la Argentina no realizó pagos de los cupones PBI vinculados a los bonos emitidos en sus reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010.
Según el fondo, el gobierno de la entonces presidenta Cristina Kirchner manipuló las cifras del PBI de 2013 para evitar pagar a los tenedores de los títulos miles de millones de dólares. Por ese motivo, Aurelius cuestionó las estadísticas que elaboraba el Indec en aquel momento.
De acuerdo a los demandantes, el entonces ministro de Economía Axel Kicillof había anunciado que el PBI de 2013 había crecido 4,9%, pero luego señaló que por una revisión de cuentas (cambio de base de 1993 a 2004), el crecimiento había sido del 2,9 por ciento.
En 2005, el gatillo para el pago era un crecimiento del 4% y el PBI creció 9%, mientras que en los siete años siguientes la Argentina creció un promedio del 7%, con un gatillo del 3,5%, indicó la agencia Bloomberg.
El cupón se abonaba siempre al año siguiente por el crecimiento pasado. En tanto, frente a la demanda, la Argentina afirmó que realizó todos los pagos de aquellos cupones, por un total de casi USD 10.000 millones, por lo cual reclamó al tribunal norteamericano que desestimara la demanda de Aurelius.
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