Entre el 10 y 12 de mayo próximo se llevarán adelante las audiencias públicas para los próximas subas en las tarifas de gas y electricidad, que se aplicarán a partir de junio. Además, se presentará un esquema de segmentación, a través del cual, los usuarios de mayor capacidad de pago -se estima un 10% del total- dejarán de recibir subsidios y comenzarán a pagar el valor pleno.
En las dos primeras audiencias se tratarán los precios del gas natural a nivel nacional y de la energía eléctrica para el área Metropolitana de Buenos Aires (donde operan Edenor y Edesur). En la tercera, como novedad, se presentarán esquemas de segmentación de los incrementos tarifarios para los dos servicios.
En el caso del gas, el ajuste promedio para la mayoría de los usuarios del país se ubicará en 21,5% (con variaciones según las regiones). Mientras que para la mayoría de los usuarios residenciales de Edenor y Edesur -excepto beneficiarios de tarifa social- las facturas de luz tendrían un aumento promedio de 17 por ciento.
Como parte del acuerdo con el FMI, se determinó un esquema de aumentos escalonado: para la mayor parte de los usuarios, el incremento total en la factura para cada ejercicio será equivalente al 80% del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) correspondiente al año anterior. La variación salarial de 2021 fue de 53,4%, por eso, para este año la actualización de las tarifas debería ser de 42,7%. A este porcentaje hay que restar la actualización tarifaria de marzo último.
Para los beneficiarios de la tarifa social, el aumento será igual al equivalente al 40% del CVS del año anterior, un 20,5%. Para los usuarios de la red de Edenor y Edesur que están en esa condición el ajuste no superará el 6%. En el caso del gas, no tendrán aumentos.
Por otro lado, el 10% de los usuarios de mayor poder adquisitivo -se incluirán de acuerdo a criterios de ubicación geográfica y de ingresos- tendrán tarifa plena, sin subsidios. ¿A cuánto pueden ascender entonces los aumentos en este segmento? El porcentaje no trascendió, pero consultoras y especialistas en el sector energético estiman que puede ser superior al 100 por cien.
¿Quiénes dejarán de recibir subsidios?
Según fuentes del Gobierno, se tomará como criterio para determinar quiénes van a pasar a pagar la tarifa pleno una propuesta de segmentación por zonas geográficas, que fue presentada en febrero por el ENRE y que incluye la quita de subsidios para 13 barrios de la ciudad de Buenos Aires y del AMBA que abarcan unos 487.000 usuarios residenciales.
La mayoría de esos consumidores se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los barrios de Puerto Madero y en zonas de Recoleta, Palermo, Belgrano y Núñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Villa Devoto y parte de Caballito.
En el Gran Buenos Aires se estima un universo de 67.800 usuarios ubicados en la zona denominada “el bajo” en los partidos de Vicente López y San Isidro. Y 48.000 que residen en 466 barrios privados y otras urbanizaciones cerradas.
Sin embargo, también se sumará un criterio de segmentación por ingresos, elaborado por el subsecretario de Planeamiento Energético, Santiago López Osornio, funcionario de confianza del ministro de Economía Martín Guzmán. La propuesta se hizo en base a un trabajo articulado con el SINTyS (Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social).
Principales puntos del esquema de segmentación
- Los usuarios que vivan en los barrios que integran el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap) o que por su vulnerabilidad perciban beneficios sociales como la AUH, programa Potenciar o la jubilación mínima accederán a la tarifa social.
- Los titulares del servicio con alto poder adquisitivo deberán afrontar la tarifa plena de los servicios. Esto incluye a los usuarios con ingresos de más de $300.000 (equivalentes a 3,5 canastas básicas totales), que posean tres o más inmuebles, tres o más vehículos de menos de 5 años de antigüedad o sean propietarios embarcaciones o aeronaves.
La propuesta final consistiría entonces en usar un criterio geográfico en zonas de muy alto poder adquisitivo del AMBA superpuesto a un criterio por ingresos y patrimonio, que sea aplicable en todo el país. Cada persona tendrá la posibilidad de hacer una solicitud de reconsideración si no cuenta con los recursos monetarios para afrontar la tarifa con el nuevo nivel de subsidios asignado.
El acceso a los datos sobre los ingresos de cada usuario es un tema sensible y una de las trabas que dificultaron aplicar la segmentación en los intentos anteriores. Los organismos como la AFIP o el Banco Central no pueden compartir información fiscal o financiera con otros entes del Estado.
Otro problema que a criterio de los analistas del sector privado puede surgir al aplicar la segmentación es determinar que el usuario que recibe o deja de recibir el subsidio sea efectivamente la persona que vive en el domicilio (pueden ser inquilinos, herederos o familiares con otro nivel de ingresos).
Desde el Gobierno consideraron que el criterio geográfico no resulta efectivo fuera de los grandes centros urbanos, donde personas con alta capacidad de pago y personas con bajos ingresos suelen vivir dentro de la misma zona.
¿Cuánto más pagarán quienes dejen de recibir los subsidios? Según cálculos privados, superaría el 100%. “Mi estimado es de un aumento de alrededor del 150% de las tarifas. Hoy los usuarios pagan un tercio del precio total del gas. Y el 150% podría pasar a ser hasta 200% de acuerdo a la evolución de los precios internacionales”, dijo a Infobae Daniel Dreizzen, director de Energía en Ecolatina y ex secretario de Planeamiento Energético.
La factura del servicio de gas incluye cuatro componentes: el costo del gas, del transporte, de la distribución y los impuestos y tasas (que varían de acuerdo a la jurisdicción). El precio del gas que se traslada a la tarifa deriva directamente de la proporción que el Estado Nacional tome a su cargo —a través de subsidios— del precio que perciben las empresas productoras gas, el costo del gas importado de Bolivia y el costo del GNL importado y regasificado.
Con los precios actuales, calculados en USD 5,76 el millón de BTU en promedio, los usuarios pagan el 24,% del precio del gas y el Estado absorbe el 75,6% restante.
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