El Gobierno demoró el cumplimiento de una de las pautas acordadas con el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevista en los lineamientos del nuevo acuerdo para restructurar un crédito por USD 44.000 millones. El Ejecutivo tenía tiempo hasta el viernes último para la readaptación del Presupuesto 2022 a través de un decreto, sin embargo, su concreción recién podría efectivizarse en los próximos días, según indicaron fuentes oficiales.
De acuerdo con la línea temporal fijada en el memorando de políticas económicas con el Fondo, este viernes tuvo lugar el primer denominado “parámetro de referencia estructural”, es decir, fechas clave en la adopción de ciertas medidas que no son condicionales para los desembolsos trimestrales, pero son cuestiones a trabajar por parte del Gobierno, en algunos casos con asistencia del propio FMI.
“Luego de que el pedido de acuerdo de Servicio Ampliado del FMI (EFF) sea aprobado por el Congreso, modificaremos el presupuesto vigente para ponerlo en línea con la meta de déficit primario dentro del marco del programa, a más tardar el 15 de abril”, señala el memorando.
No obstante, desde el Ministerio de Economía admitieron días atrás que podría haber una demora de algunos días, algo que finalmente se concretó. Además, ese decreto -que llegará como es habitual vía Jefatura de Gabinete, que comanda Juan Manzur- deberá esperar como mínimo hasta el lunes, por el feriado de Semana Santa.
De esta manera, la modificación presupuestaria tendrá lugar en un contexto en que el Poder Ejecutivo deberá rediscutir algunas de las proyecciones básicas con los funcionarios del Fondo Monetario.
El salto de precios internacional por la guerra en Ucrania trastocó las previsiones de inflación y el horizonte de reducción de subsidios comprometidos originalmente. El primer contacto entre el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el FMI será la semana que viene en Washington, cuando el ministro de Economía acuda a la asamblea de primavera del Fondo Monetario.
Cabe destacar que el Gobierno no pudo conseguir que se sancionara la ley de Presupuesto 2022 en el Congreso. Una de las críticas más repetidas en la oposición a esa iniciativa rechazada era que los supuestos macroeconómicos explicitados en ese proyecto habían quedado desactualizados. Se planteaba un horizonte de inflación para 2022 de 33% anual y de poco más de 40% para 2021. La aceleración de precios de la última parte del año hizo terminar la inflación anual en casi 51% y el propio programa con el FMI terminó por convalidar un arco de inflación de entre 38 y 48%, una proyección que también ya quedó atrasada.
En tanto, en lo que va del año, el Gobierno hizo por la vía administrativa dos modificaciones parlamentarias, según recopilaron informes de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) y la Asociación Argentina de Presupueso (ASAP).
La más importante fue a principios de abril. Según publicó el Poder Ejecutivo en el Boletín Oficial, la reasignación de partidas totalizó $7.233 millones, con un recálculo de recursos por $3.788 millones. De esa manera, la modificación implicó un aumento del déficit en $3.445 millones, según la OPC.
Algunos aspectos del gasto público tuvieron incrementos de partidas, otras disminuciones y otros, de un tercer grupo, registraron “compensaciones”. Entre los incrementos de fondos están el Ministerio de Economía por $8.884 millones para financiar la implementación del Censo Nacional de Población que se realizará este año. También habrá otros $3.000 millones para el Ministerio de Trabajo, específicamente para el presupuesto que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) utiliza para la Asignación Universal por Hijo (AUH). En tanto, la Jefatura de Gabinete contará con $1.161 millones más para el Instituto Nacional de las Juventudes.
Entre las disminuciones también figura el Ministerio de Trabajo, específicamente para la partida correspondiente al programa Repro, por el cual el Gobierno paga parte del salario de trabajadores del sector privado de rubros productivos considerados críticos en el contexto de pandemia. El ajuste es de $6.674 millones.
En ese contexto, el Poder Ejecutivo debería adaptar la estructura de fondeo a los distintos programas de política pública a las nuevas metas acordadas con el Fondo. A saber: el objetivo de déficit primario equivalente al 2,5% del PBI como techo y las metas trimestrales que tendrá cada revisión. Según indicaron fuentes oficiales, las adecuaciones podrán hacerse por decisión administrativa o resolución; en ese caso no se comunican al Congreso. “Cuando se hacen por decreto de necesidad y urgencia, sí se comunica al Congreso”, detallaron.
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