El consenso de economistas está convencido, al menos de acuerdo a la proyección que publicaron en el último relevamiento de expectativas del mercado (REM) difundido por el Banco Central la semana pasada, que la inflación tenderá a moderarse y bajar en el segundo semestre. Así, el IPC registraría un avance en torno a 60% hacia fin de año. Pero en el REM, los analistas suelen quedarse cortos. Y, ahora, muchos de los que participan de ese relevamiento se cuestionan esa premisa y empiezan a otorgarle mera categoría de “posibilidad”. Es posible que la inflación no baje. No hay certezas.
Es que para que cumpla el pronóstico de 60% de inflación anual, el índice debería acomodarse rápidamente debajo del 4% mensual, lo que a la luz de los datos del INDEC conocidos el miércoles, luce altamente improbable.
De hecho, las estimaciones privadas publicadas hace menos de 7 días calculaban que en marzo los precios habían subido 5,5% cuando -se confirmó ayer- lo hicieron 1,2 puntos más. Para abril, el pronóstico era de 4,3% pero, apenas publicado el índice oficial, las proyecciones empezaron a sufrir fuertes correcciones al alza. Ahora el pronóstico de marzo se trasladó a abril.
El interrogante que queda planteado es cuál es el factor que permitiría una desaceleración importante en la segunda parte del año. Es difícil de identificar. Por el contrario, las amenazas son varias. En primer lugar, la variable que los economistas consideran fundamental, el nivel de déficit fiscal, es un desafío mayúsculo en el segundo semestre, típicamente con mayor presión del gasto y, por ende, de desequilibrio en las cuentas públicas. Ya el primer trimestre marca una tendencia difícil de revertir. Por caso, una síntesis del economista Amílcar Collante en base a los datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) revela que los subsidios energéticos registraron un alza de 190%, los subsidios económicos 136%, los gastos de capital se duplicaron, los planes sociales (excluyendo la AUH), crecieron 94%, las transferencias a provincias 79,6%, los salarios 74%, las transferencias a universidades 68% y las prestaciones sociales 66,6%. Por último, el gasto en jubilaciones y pensiones contributivas avanzó 60,8% respecto del primer trimestre del año pasado.
“Difícil que en el primer semestre haya una reducción. Ya están jugados los primeros tres meses y en los próximos habrá más ajuste de tarifas y algo más de combustibles seguramente, además de todo el impacto internacional en los alimentos. En el segundo, existe una posibilidad pero que depende esencialmente de que el Gobierno cumpla con el compromiso fiscal con el Fondo Monetario, la hoja de ruta para que empiece a bajar la inflación”, opinó el economista socio de Tiscornia, Castiglioni y Asociados, Camilo Tiscornia. “Está la posibilidad pero, a hoy, parece remota. Lo más complejo es la falta de credibilidad, que pone en duda que se pueda complir con el acuerdo. Si esa baja será en el segundo semestre, no se puede saber porque es esa parte del año cuando hay mayores requerimientos de financiamiento. Se debería llegar a ese momento con el déficit más o menos controlado, para evitar que con emisión vuelva a recalentarse la inflación”, profundizó.
Sin embargo, llegar al segundo semestre con el déficit controlado, a diferencia de lo que ocurrió el año pasado cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, cerró las cuentas de los primeros seis años prácticamente en equilibrio, esta vez no parece el panorama más probable. Aun cuando se esperan nuevamente recursos extraordinarios por la suba del precio de los commodities, el costo de la energía pone presión al balance y persisten serias dudas sobre la posibilidad de ajustar las tarifas en la magnitud prevista.
Al mismo tiempo, el ingreso de divisas aminora el ritmo durante tras la liquidación de la cosecha y empujará al Banco Central a mantener un ritmo acelerado de devaluación del tipo de cambio, que indefectiblemente se traslada a precios. Lo que ocurra con la brecha cambiaria después de julio es, también, una incógnita adicional.
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