Aunque los últimos datos aportados por el INDEC reflejaron una mejora en los índices de empleo, la creación de puestos de trabajo de calidad, registrados y con salarios competitivos continúa como una asignatura pendiente de la economía.
Un informe de IDESA (Instituto para el Desarrollo Social Argentino) puntualizó que la extendida adjudicación de planes sociales termina representando una competencia para cubrir vacantes en el sector privado.
IDESA argumentó que la baja productividad de las empresas, perjudicadas por el entorno adverso de la economía, junto con la proliferación de planes asistenciales, llevan a que “mucha gente gane más trabajando en la informalidad y cobrando subsidios, que siendo contratados” por una empresa que cumple con todas las normas. “Con incentivos tan perversos no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado”, refirió.
IDESA evaluó que “las empresas están pagando salarios bajos como consecuencia del entorno adverso en el que operan: hay elevados costos de energía y de transporte, malas regulaciones y altos impuestos. A la larga esto termina haciendo baja su productividad y, en este marco, aparece el Estado dando subsidios desordenados, por encima de lo que las empresas pueden pagar en salarios para ser competitivas”.
Según datos de INDEC, al cuarto trimestre de 2021, se tiene que el ingreso medio de un asalariado registrado es de 68.879 pesos. Mientras que un padre de familia que trabaja como asalariado informal gana en promedio $28.592. No obstante, en este último caso hay que contemplar las asistencias del Estado que finalmente complementan los ingresos, como el Programa Potenciar Trabajo ($16.500 por cada padre) y la Tarjeta Alimentar ($18.000 por tres o más hijos menores de 14 años).
“Por lo tanto, una familia con tres hijos que accede a planes sociales (solo posible sin tener trabajo o trabajando en la informalidad) obtiene aproximadamente $51.000 mensuales del Estado. Tan solo un 25% menos que el salario medio que cobra una persona por trabajar en blanco ocho horas al día, y que generalmente debe contar con una calificación media o alta para acceder a ese empleo formal”, consideró IDESA.
En este caso, se trata de una “mala intervención del Estado, que no se ocupa de mejorar la competitividad de la economía” para que las empresas sean más productivas y puedan pagar mejores salarios, sino que “crea incentivos perversos, con lo cual no sorprende que la informalidad laboral supere al empleo asalariado registrado”, precisó el estudio.
En la economía argentina el sector público crónicamente deficitario, pero a la vez que presenta una elevada carga tributaria con muchos impuestos distorsivos, brinda servicios de baja calidad. Así, se generan condiciones poco favorables para la inversión productiva y la generación de empleos de calidad, lo cual garantiza insuficiencia de empleos de calidad y bajos salarios. En este marco, se promueve el asistencialismo estatal.
IDESA concluye que “lejos de ser una solución, se convierte en un factor que contribuye a darle sustentabilidad a la pobreza. En primer lugar, porque la máxima aspiración de la mayoría de los programas asistenciales es aportar paliativos, pero no sustituye el empleo formal como herramienta de bienestar y dignidad a las familias. En segundo lugar, porque el asistencialismo genera una alta rentabilidad política”.
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