Acuerdo con el FMI: en los primeros dos meses de 2022 el Gobierno ya duplicó el gasto en subsidios a la energía

Las primeras metas que deberá cumplir el Gobierno con el FMI dentro de poco más de tres meses implicarán límites al déficit primario, a la emisión monetaria para financiar al Tesoro y un mínimo de acumulación de reservas. Un objetivo lateral, que no es condicionante para los desembolsos pero que tiene relevancia en el programa es el recorte de subsidios, por 0,6% del PBI, una hipótesis ya es puesta en duda. Además, en los primeros dos meses del año el ritmo de gasto en este ítem se duplicó.

Así lo muestra un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), que analizó la ejecución presupuestaria de los primeros dos meses del año. Según el reporte de esa entidad, que depende del Senado de la Nación, entre enero y febrero la cuenta de subsidios energéticos superó los $157.000 millones. En comparación con el primer bimestre de 2021, el incremento fue de 208% en forma nominal y 104% en términos reales.

Una parte relevante del aumento en los subsidios se dio por las transferencias a Cammesa, la empresa mixta que administra el mercado mayorista de la energía eléctrica, cuya cuenta se ensanchó 109% solo en febrero, por lo que se llevó más de 90.000 millones de pesos del presupuesto público.

Los subsidios al transporte, otro servicio que mantiene sus precios congelados, tuvieron un incremento en el gasto mucho menor, de solo 3,7% en términos reales (hasta $32.300 millones) entre el bimestre enero-febrero de 2021 y el de 2022. La cuenta de “otros subsidios”, sin especificar, tuvo un recorte de 25 por ciento real.

Los primeros dos meses del año, según los cálculos de la OPC, fueron deficitarios para el sector público en $100.000 millones, lo que implica un fuerte deterioro del resultado primario: en los primeros dos meses del 2021 se había registrado un superávit de $62.000 millones.

Si bien no son cifras comparables con la OPC por cuestiones metodológicas, la primera cifra que aparece en el acuerdo con el FMI como meta de déficit primario -para marzo- es de $222.000 millones. De todas formas, más importante es la cifra prevista para junio, cuando tendría lugar la primera revisión trimestral del staff del organismo. En ese caso, el Poder Ejecutivo tiene como obligación no superar los $566.000 millones de rojo primario. Una de las cuestiones que explicarán la viabilidad de la meta fiscal es de las tarifas y los subisidios.

El memorando estipula un esquema para atar la evolución de los precios de servicios públicos al crecimiento de los salarios, con sistemas diferenciados de acuerdo al nivel de ingresos de cada usuario. El programa prevé como meta reducir el gasto en subvenciones a la energía en torno de 0,6% del PBI. Un objetivo que, de todas formas, ya luce comprometido.

El ministro de Economía Martín Guzmán reconoció que la suba de precios internacionales que experimentan los mercados globales como consecuencia del conflicto bélico en el este europeo tendrá consecuencias en los índices de inflación locales. “Es un shock que tiene consecuencias distributivas que son bastante delicadas y necesitan ser abordadas”, manifestó en Houston, Estados Unidos.

En el memorando técnico, como luego Guzmán y el propio staff del FMI se encargaron de remarcar, se señaló que el programa económico consensuado está sujeto a factores de riesgo que podrían poner en peligro la viabilidad de los objetivos. El riesgo más relevante dada la situación actual es el de una escalada de precios globales de la energía, lo que pone en duda -más de las que ya había- la real posibilidad que tendrá el Poder Ejecutivo para llevar adelante una reducción efectiva de subsidios de 0,6% del PBI. Una hipótesis que ya estaba en discusión incluso antes de la guerra en el este europeo.

“En los documentos se reconoce la situación de alta incertidumbre que se está viviendo sobre todo en el contexto geopolítico y de guerra y lo que ellos implica para el precio del gas, hay un reconocimiento de que hay un riesgo, también en la velocidad en que puedan reducirse los subsidios. Cuando estábamos en la parte previa de las negociaciones había condiciones diferentes que las que hoy se presentan. Hoy hay una guerra en un lugar de alta relevancia para la energía mundial”, dijo Guzmán ante los diputados.

El jefe de la misión argentina del Fondo Monetario, Luis Cubeddu, también alertó, horas después de presentado en sociedad el memorando de entendimiento, que el objetivo de recorte presupuestario de subsidios está atada a condiciones que están fuera del control del Gobierno argentino. “La reducción de 0,6% del PBI en subsidios está basado en suposiciones sobre los precios globales de la energía y consideraciones sobre el cambio climático”, apuntó.

El único punto “a favor” que tiene el Gobierno en este aspecto es que esa reducción planificada de subsidios no forma parte del listado de políticas económicas condicionales en el programa con el FMI. Es decir, su cumplimiento no influye directamente en la posibilidad de contar con los desembolsos trimestrales. Por razones lógicas, de todas formas, lo que suceda con la cuenta de subsidios incidirá en el nivel de gasto público, de déficit primario, y como tal, en la meta fiscal acordada con el organismo.

El esquema oficial planteado para recortar subsidios implica varios elementos: a partir del primero de junio del corriente año, al 10 por ciento de los consumidores residenciales con mayor capacidad de pago. El ahorro fiscal previsto con el plan de segmentación podría alcanzar el 0,06 por ciento del PBI en 2022.

El resto de los usuarios residenciales beneficiarios de la tarifa social tendrán una revisión tarifaria equivalente al 40% del promedio del coeficiente de variación salarial del año anterior; para otros usuarios residenciales, excluyendo los que están bajo el esquema de tarifa social, la revisión de las tarifas energéticas será equivalente al 80 por ciento.

La consultora Invecq estimó que “con alta probabilidad podemos decir que recortar 0,6% PBI en subsidios tarifarios no es posible. En base al esquema propuesto por el gobierno, en el escenario más optimista, se conseguiría que los subsidios se mantengan estables en términos reales o creciendo muy poco”, alertaron.

En tanto, Lorena Giorgio, economista jefa de Equilibra, mencionó que “nuestras cuentas nos da que en el mejor de los casos con la suba de tarifas planteada los subsidios suben 0,3% del PBI este año. En el caso de la electricidad, vemos un aumento del costo que podría trepar al 80%. Esto implicaría que los subsidios crezcan más o menos 0,5% del PBI. Con todo esto, los subsidios de energéticos subirán de 2,3% del PBI llegarían a 3% del PBI en 2022″.

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