
La economía, se ratifica una y otra vez en la Argentina, no es una ciencia exacta. Sin embargo, algunos fenómenos se repiten con la inevitabilidad de la ley de gravedad. La relación entre anuncios de mayor gasto público financiado con emisión monetaria y las expectativas de inflación es uno de ellos. Es lo que se desprende de lo ocurrido en las últimas semanas desde que, tras el inesperado resultado en las PASO del 12 de septiembre, el Gobierno aceleró anuncios para “recomponer el bolsillo de los argentinos”.
Esas medidas, lanzadas en apenas cuatro semanas, ya suman una suba del gasto mayor a los $100.000 millones y, muchas de ellas, impactarán en las cuentas del próximo año. Es el caso del plan de jubilación anticipada, el plan “Registradas” de pago de salarios para el personal doméstico o el complemento a las asignaciones familiares anunciado ayer. Sólo hasta fin de año, esta última iniciativa insumirá más de $40.000 millones, una cifra similar a la que se destinaría, según los cálculos del equipo económico, a la cuarta edición del IFE. Lo curioso es que los beneficios de esa batería de medidas, destinadas en principio a mejorar el poder adquisitivo de los distintos segmentos de la población, terminarían diluyéndose por su propio impacto.
Eso es, al menos, lo que refleja el salto en las expectativas de inflación que el Relevamiento de Expectativas que todos los meses publica el Banco Central difundido ayer. De acuerdo a esta última edición, los consultores privados que integran el relevamiento prevén para el próximo año un nivel de inflación prácticamente 3 puntos mayor de la que esperaban hace tan solo un mes.
Así, la inflación esperada ahora para 2022 es de 46% cuando a principios de septiembre -antes de las elecciones primarias y, también, de la reacción oficial- la ubicaban en 43,1 por ciento. Es cierto que, tal como ocasionalmente desde Economía y el BCRA atacan a los economistas privados, se trata, en definitiva, de un pronóstico que muchas veces en el pasado se comprobó alejado de la realidad. Sin embargo, no es eso lo que viene ocurriendo este año.
De hecho, desde abril último, los economistas del REM vienen anticipando un nivel de inflación interanual entre 49% y 52%, completamente en línea con los indicadores efectivamente registrados. Y bastante diferente de las proyecciones oficiales que en el lejano principio de año preveían una inflación de 29% para 2021. La expectativa de los privados es que esa variación se ubique en 48% a fin de diciembre.
Detrás de este aumento de las expectativas inflacionarias se encuentra la ejecución del plan de financiamiento del ministro Martín Guzmán. Con los datos actualizados según el informe monetario de septiembre, los analistas advierten que es cada vez mayor la proporción del financiamiento monetariamente expansivo que obtiene el Tesoro. Esto porque a los adelantos transitorios del Banco Central y giro de utilidades, es decir, emisión directa, se suman las colocaciones del cronograma habitual de la Secretaría de Finanzas, realizadas contra liquidez bancaria. Se trata de los instrumentos de deuda que los bancos toman con recursos de los encajes, es decir, con pesos “esterilizados”.
De acuerdo a los cálculos del economista Gabriel Caamaño, de la consultora Ledesma, el 80% del financiamiento obtenido por Guzmán durante el año fue “monetariamente expansivo”. Esto a pesar de que el ministro pretendía que el Banco Central financiara con emisión el 60% del déficit y cubrir el 40% restante con deuda pública para evitar, precisamente, un efecto expansivo. Ese plan original quedó algo desvirtuado y, según Caamaño, “prácticamente 100% del financiamiento neto conseguido por el Tesoro en septiembre fue contra liquidez bancaria encajada (esterilizada)”, sostuvo. En términos de PBI, se trata del equivalente a 3 puntos del producto (1,3 billones de pesos) lo cual tiene su correlato en lo que, por ahora, es sólo un pronóstico de mayor inflación.
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