El 72% de las pequeñas y medianas empresas consideró que está “afectada negativamente” por la normativa que establece la prohibición de despidos y la doble indemnización. Según un relevamiento realizado por la Fundación Observatorio PyME (FOP) entre más de 1.000 empresas de hasta 800 empleados, un 38% asegura que las medidas vigentes dificultan la reestructuración de su personal y un 34% que afectan la contratación de nuevo personal.
Las empresas relevadas son de todo el país y de distintos sectores como agricultura, ganadería, minería, comercio, construcción, industria manufacturera y servicios profesionales. La mayoría de las empresas que se ven dificultadas para la reestructuración (67%) tienen a una parte o a todo su personal inactivo, debido al cumplimiento de los protocolos y restricciones impuestas por la pandemia.
Según detalló el informe, la demanda de un proceso de reestructuración por parte de estas empresas se debe a que la inactividad del personal genera mayores costos de producción que no todas pueden compensar con aumentos de productividad de la mano de obra, sin implementar importantes cambios en su esquema tecno-organizativo.
La dificultad de reestructuración tiene mayor difusión en el segmento de empresas medianas-grandes (54%), pero la proporción es también significativa entre las medianas (46%) y las pequeñas (42%). “Los datos relevados muestran además una relación entre capacidad ociosa y necesidad de reestructuración del personal”, explicó el informe.
La dificultad para la reestructuración del propio personal está más presente en las firmas que están en una situación de parcial operatividad (44%), es decir por debajo de su capacidad de producción. Por sectores, las MiPyME del sector manufacturero (43%) presentan mayores complicaciones en relación con la dificultad de reestructurar personal propio, mientras que el impacto negativo sobre la posibilidad de contratar nuevo personal está más difundido entre las MiPyME del sector del agro y los recursos naturales (41%).
“Una política pública bien diseñada para enfrentar los problemas emergentes es bienvenida, pero es necesario definir con urgencia los instrumentos necesarios para dar sostenibilidad de largo plazo a la incipiente reactivación productiva en curso. La prohibición de despidos y la doble indemnización fueron un intento de sostener el empleo. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta, estas regulaciones constituyeron un incentivo negativo para las MiPyME”, señalaron desde la Fundación Observatorio PyME.
“La mejor protección para el trabajador es la generación de empleo. Permitir la reestructuración del personal para favorecer la necesaria reconfiguración de la economía argentina pospandemia, acompañada por una política activa para el trabajo a través de la formación profesional, la disminución de la carga tributaria para las empresas más pequeñas y una incisiva política pública de financiamiento para capital de trabajo y equipamiento, parecen constituir la única alternativa posible”, opinaron.
Según otro informe de la fundación, existe una estrecha relación entre grado de operatividad y nivel de producción: las empresas totalmente operativas se han situado en un nivel de producción superior (2%) al de prepandemia. Por el contrario, las empresas que operan solo parcialmente produjeron casi un tercio menos (-28%) que en la prepandemia.
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