
Tras más de un año en default, la provincia de Buenos Aires anunció hoy que extenderá por decimo octava vez el período de aceptación de su oferta de reestructuración de deuda con acreedores privados, ante lo que consideró muestras de intransigencia por parte de los bonistas. Como respuesta, los acreedores dijeron en redes sociales que el distrito gobernado por Axel Kicillof hace “declaraciones falsas” y que entienden que Buenos Aires “no está preparada políticamente” para llegar a un acuerdo.
Después de más de un año de negociaciones y luego de que en mayo de 2020 la provincia de Buenos Aires cayera en default, las negociaciones entre el equipo de Kicillof y los acreedores privados se interrumpieron sin acuerdo. Así lo anunció la propia Provincia a través de un comunicado distribuido hoy, en el que hace pública la extensión del período de aceptación de su oferta.
“Este acuerdo no fue posible a partir de que los inversores dejaron de intercambiar alternativas con la Provincia”, dijo el gabinete económico bonaerense en el comunicado.
“Luego de varias rondas de negociaciones, el 24 de mayo un grupo de bonistas que incluye a los mayores tenedores de bonos conocido por la Provincia entregó nuevos términos indicativos. En respuesta, luego de revisar la propuesta de los bonistas, el equipo económico envió nuevos términos ilustrativos el día 28 de mayo, en los cuales hizo un esfuerzo importante para acercarse a las demandas de los bonistas en términos de flujos de servicio de deuda, dentro de los límites de la sostenibilidad fiscal de la Provincia”, agregó el texto.
“Luego de una semana, el pasado viernes 4 de junio, la Provincia recibió de los bonistas los mismos términos y condiciones que ya habían enviado el 24 de mayo, y sobre los cuales el equipo económico ya había dado respuesta, sin ninguna modificación o propuesta que buscara acercarse a los términos enviados por el equipo económico el 28 de mayo”, añadió.
“Frente a este escenario de intransigencia por parte de los bonistas (...) la Provincia ha llegado a su límite de posibilidades sin comprometer su sostenibilidad fiscal, social y financiera”, agregó.
La acusación desató la ira de los bonistas, que en su cuenta de Twitter salieron a discutir las acusaciones bonaerenses.
“Una vez más, la Provincia de Buenos Aires ha emitido una declaración falsa con respecto a su oferta de intercambio 18 veces fallida. Hecho: Los acreedores presentaron una nueva propuesta el 4 de junio que coincidía EXACTAMENTE (mayúsculas en el original) con los flujos de caja propuestos por provincia de Buenos Aires. Entonces, la Provincia utilizó un pretexto para marcharse. ¿Por qué 9 provincias pueden llegar a acuerdos, pero PBA no?”, se quejó la Coalición de Bonistas Provinciales de la Argentina, como se autodenomina el grupo ad-hoc que negocia las distintas reestructuraciones de deuda de los distritos argentinos.
“Bonistas presentaron la propuesta final a la provincia de Buenos Aires el viernes. El convenio de confidencialidad venció sin acuerdo. Visión del comité: la provincia de Buenos Aires no está lista políticamente; la propuesta ya concede demasiado; hora de interrumpir negociaciones si no hay acuerdo”, agregaron.
La provincia de Buenos Aires tiene que reestructurar deuda por USD 7.148 millones, cifra que se extiende hasta rondar los USD 7.700 millones si se suman los intereses. Desde el 24 de abril del año pasado viene negociando con los acreedores sin llegar a un acuerdo. Se mantiene en default desde mayo del año pasado, luego del vencimiento del período de gracia para un pago por USD 110 millones.
Como resultado de las demoras, que desde ambas partes fueron calificadas como intransigencia, un grupo de acreedores asesorados por la firma White & Case, el Steering Committee of the Ad Hoc Group of Buenos Aires Bondholders, demandó a la provincia en la la Corte del Distrito Sur de Nueva York, el mismo en el que el Tesoro Nacional perdió el caso “pari passu” por la reestructuración de la deuda de 2005.
En la demanda, el estudio jurídico sostuvo que la provincia bonaerense “dejó de realizar los pagos” programados por los Bonos en abril de 2020 y, desde entonces, “ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series” de títulos. Además, los acreedores acusan a la administración Kicillof de actuar con mala fe, mientras tanto la Nación como la mayoría de las provincias ya lograron cerrar sus canjes de deuda.
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