Crece la tensión con las empresas: ahora el Gobierno intimó a unas 1.000 firmas más a producir al máximo de su capacidad

La tensión entre el Gobierno y las grandes empresas sigue creciendo. Este viernes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Gobierno resolvió intimar a las grandes empresas de los sectores de comercio e industria a fabricar, distribuir y comercializar al máximo de su capacidad instalada, mientras persista la emergencia sanitaria. Ya había hecho una intimación similar en marzo del año pasado, pero focalizada sobre empresas alimenticias y de consumo masivo. Ahora, la presión para producir al máximo se extiende a unas 1.000 empresas más de distintos rubros.

Como sucedió con otras regulaciones que fueron establecidas en el último tiempo para el sector, ante un incumplimiento se prevé la aplicación de las sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento (N° 20.680). Esta fue sancionada en 1974 y modificada por el kirchnerismo en 2014 y permite la intervención directa del Gobierno en una cadena de un sector productivo y le otorga facultad de obligar a una empresa a producir algo aunque sea a pérdida.

“El objetivo de la norma es prevenir, en el contexto de recrudecimiento de la pandemia por COVID 19, una reducción injustificada en la oferta de productos para el mercado interno”, explicaron desde la Secretaría de Comercio Interior, que encabeza Paula Español.

Según la nueva resolución (Nº330/2021), la intimación abarca desde la provisión de insumos hasta los bienes finales, el transporte, la distribución y comercialización. La medida rige para compañías del sector industrial que facturen más de $3.955.200.000 por año y las del sector comercial que registren una facturación anual superior a $3.698.270.000. Estos montos corresponden a lo establecido por la Resolución Sepyme del año 2019.

En marzo del año pasado, la resolución que creó Precios Máximos ya había intimado a las empresas de alimentos y de consumo masivo a producir al máximos. Según fuentes oficiales, con esta nueva resolución ahora la intimación alcanza a todos los rubros productivos como insumos difundidos, materiales para la construcción, electrónica, medicamentos, consumo masivo y otros. Por los parámetros de facturación son alrededor de 1.000 empresas las involucradas.

“La Secretaría de Comercio Interior tomó esta medida luego de advertir la existencia de situaciones de escasez de insumos y bienes finales que son particularmente perjudiciales en la coyuntura de emergencia sanitaria. Con esta intimación a incrementar la producción hasta el más alto grado de su capacidad instalada y asegurar el transporte, la distribución y comercialización, se busca resguardar el interés económico general y evitar situaciones de desabastecimiento que puedan perjudicar a las y los consumidores”, señalaron desde el ministerio de Desarrollo Econonómico en un comunicado.

El Gobierno viene sumando varias medidas de control sobre las empresas. Como, por ejemplo, la creación de un mecanismo de control de etiquetas y rótulos sumó y un Sistema de Información para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), que exige a información de 1.000 grandes compañías sobre precios, niveles de producción y stocks. Las empresas de consumo masivo vienen advirtiendo sobre un mayor “nivel de intervencionismo” del Gobierno a partir de la aceleración de la inflación y el calendario electoral.

Esta semana, la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal) impuso un reclamo administrativo contras las nuevas normativas de la Secretaría de Comercio Interior. Desde el sector advirtieron que al congelamiento de precios (correspondiente al Programa de Precios Máximos) se sumaron nuevas medidas como la exigencia de informar mensualmente los precios vigentes y las cantidades vendidas de todos sus bienes finales o intermedios, así como también el stock de todos sus productos.

“En el marco de una emergencia sin precedentes se definen reglas de juego que van más allá de la misma, lejos de reconocer la situación crítica que atraviesan los sectores. Más burocracia, más carga tributaria y desincentivos a la creación de empleo e inversiones, no hacen más que alterar el normal desenvolvimiento de las actividades económicas e incentivar la informalidad”, afirmaron la semana pasada las autoridades de la Copal.

A mediados de febrero, la Secretaría de Comercio Interior, a través de la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores (SSADC), “imputó” a grandes empresas de consumo masivo (entre ellas Mastellone, Fargo, AGD, Danone, Molinos Cañuelas, Bunge, Molinos Río de la Plata, Unilever, P&G, Paladini y Potigian), a las que acusó de retención en sus volúmenes de producción o de falta de entrega de productos para su comercialización.

Históricamente, el hecho más reciente de aplicación de Ley de Abastecimiento fue en 2007, cuando Guillermo Moreno estaba al frente de la Secretaría de Comercio y abrió una causa judicial contra el entonces presidente de Shell, Juan José Aranguren, por desabastecer el mercado de gasoil. Hubo, incluso, un pedido de arresto contra las máximas autoridades de la empresa multinacional en el país.

En agosto de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando se negociaba con las empresas petroleras un congelamiento de los precios de los combustibles, se apeló a esa vieja ley de abastecimiento para lograr frenar los aumentos. Finalmente, no fue necesaria su aplicación y se llegó a un acuerdo con las compañías del sector.

En noviembre del año pasado, el presidente Alberto Fernández también habló de aplicar la Ley de Abastecimiento, luego de que se registraran faltantes de materiales de construcción. Aunque finalmente esa idea no se concretó.

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