No son pocos los que adviertieron el contraste en las diferentes discusiones que se produjeron ayer en simultáneo. Gran parte de la atención se centró en el impacto económico de las nuevas restricciones por la segunda ola de contagios de coronavirus y las eventuales medidas de asistencia, tanto inmediatas como en el mediano plazo, anticipando tal vez la necesidad de un mayor cierre de la actividad económica. Al mismo tiempo, en el Congreso avanzó el debate por las modificaciones al impuesto a las Ganancias impulsado por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Se trata de un proyecto que tiene un costo fiscal estimado de $50.000 millones, destinado al sector más protegido de los asalariados.
El debate legislativo coincidió con la reiterada negativa por parte de funcionarios del Gobierno de la reedición del programa ATP, por el que se pagó en 2020 hasta 50% del salario a trabajadores del sector privado, y también del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), instrumento al que el Gobierno destinó $85.000 millones en cada uno de los tres pagos realizados a quienes sufrieron la pérdida de sus ingresos por la cuarentena. En reemplazo, en el gabinete económico hicieron hincapié en que se ampliará a nuevos beneficiarios el plan Repro, por el que se asiste a empresas en el pago de sueldos por montos de $9.000 y $12.000 por trabajador según el sector y hasta $18.000 para los empleados de la salud. La ampliación de ese plan, por el que en los últimos meses se gastó un promedio mensual de $4.000 millones es, hasta ahora, el caballito de batalla del Gobierno para enfrentar la nueva emergencia del Covid.
En contrapartida, y así lo reconocen fuentes de la Casa Rosada, leyes como los cambios en Ganancias o el aumento de casi 1 punto del PBI de la inversión en obra pública se mantienen entre las políticas centrales, como mecanismo de impulso a la reactivación económica. En el primer caso, el objetivo apunta a mejorar el ingreso real de los trabajadores, en un intento por cumplir la difícil promesa del Presidente y repetida un sinfín de veces por el ministro de Economía, Martín Guzmán, respecto de un avance de los salarios por encima de la inflación. En el segundo, en tanto, la apuesta es a sostener al sector de la economía que con mayor ímpetu está traccionando la recuperación.
“Es verdad que en el Presupuesto no hay partidas para el Covid. Pero lo que sí hay son partidas para la reactivación económica”, afirmaron fuentes gubernamentales ante Infobae. En este sentido, destacaron que tanto la industria manufacturera como la construcción están experimentando un fuerte crecimiento y que ninguno de esos sectores quedó afectado por las nuevas restricciones que entraron hoy en vigencia. Del mismo modo, se destacó como ejemplo que tampoco el empleo doméstico está alcanzado y que no existe ninguna restricción a la movilidad que impida el desempeño laboral. Es con ese argumento que, aseguraron las fuentes, por ahora se descarta de plano un nuevo IFE. “No vemos que sea ése el sector afectado en este momento. No estamos pensando hacerlo porque no está la necesidad. Sí desde el Ministerio de Desarrollo se tomaron medidas adicionales para atender la situación social”, se informó. Esas medidas insumieron unos $66.000 millones adicionales para la cartera que conduce Daniel Arroyo.
Ante la delicada situación de las cuentas públicas, cuyo desequilibrio volvió a financiarse en los últimos dos meses con nueva asistencia del Banco Central, la resistencia del Gobierno a adoptar nuevas medidas de ayuda económica que no tendrían un fondeo genuino más allá de una mayor emisión monetaria resulta más que previsible. El propio Guzmán lo planteó durante el fin de semana pasado, tal vez adelantándose a presiones internas. “La economía no resiste otra cuarentena estricta como la de 2020”, afirmó. En la misma línea, colegas del gabinete coincidieron: “Vamos a tomar las medidas que sean necesarias pero también estamos con un ojo en el gasto y otro en la emisión para evitar desbordes”.
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