Stiglitz contra el tribunal del Banco Mundial: defendió al Gobierno y criticó los juicios que afronta el país por la estatización de las AFJP

Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía y mentor del ministro de Economía Martín Guzmán, junto con otros 100 académicos condenaron “enérgicamente” las demandas hechas por empresas contra la Argentina y Bolivia ante el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) tras la estatización de los sistemas privados de pensión en los dos países, y que en Argentina significó la disolución del sistema de AFJP.

En un comunicado firmado por Stiglitz, Juan Somavia, Jeffrey Sachs, José Antonio Ocampo y más de 100 académicos y expertos en desarrollo, se advirtió que “si Argentina y Bolivia pierden los pleitos” significará que “los ciudadanos empobrecidos y los jubilados mayores tendrán que compensar a las corporaciones financieras adineradas”. En concreto, condenaron que “las aseguradoras privadas están demandando a Argentina y Bolivia por pérdida de ganancias potenciales como resultado de la reversión de la privatización de los programas de pensiones”.

La Argentina afronta por la nacionalización del sistema jubilatorio dos demandas ante ese tribunal dependiente del Banco Mundial. En 2017 la primera compañía en acudir al Ciadi fue Metlife. El “sujeto de disputa” declarado por la firma es “sistema de pensiones” y cita como justificativo a su reclamo el Tratado Bilateral de Inversiones firmado en 1991 entre Estados Unidos y la Argentina.

Metlife argumenta que el Estado argentino no respetó sus derechos como inversor al ejecutar la nacionalización de las AFJP y la estatización del sistema de jubilaciones. Una línea similar sigue la demanda realizada por la holandesa NN Insurance Internacional.

El proceso de desarrollo de los juicios es lento. De hecho, a tres años y medio de haber sido presentado ante el Ciadi, el caso Metlife todavía tiene por delante su primera audiencia. La demanda de NN Insurance International también ya tiene su tribunal conformado y todavía está en etapa de cruces de documentación e información entre esa compañía y la Procuración del Tesoro.

Los académicos encabezados por Stiglitz destacaron que “Argentina y Bolivia se encuentran entre sólo 30 países (de los 192 del mundo) que experimentaron con la privatización de sus sistemas de pensiones”, y que hoy “la mayoría de estos países están revirtiendo esta privatización”.

“La política jubilatoria no se trata de asegurar beneficios para las empresas de seguros privadas. Los sistemas de pensiones existen para proporcionar seguridad de ingresos en la vejez, para garantizar que las personas mayores se retiren con jubilaciones adecuadas”, destacaron. De esta forma, consideraron que “es deber de los gobiernos de Argentina y Bolivia velar mejor por el bienestar de sus ciudadanos. En 2008-09, esto implicó la reinstalación de un sistema público de pensiones”.

Según los expertos, “no actuaron solos, otros gobiernos también revirtieron la privatización de las pensiones debido a deficiencias demostradas en el sistema de pensiones privado, como que las tasas de cobertura disminuyeron o se estancaron; los beneficios de las pensiones se deterioraron; la pobreza en la vejez se agravó debido a las bajas jubilaciones; aumentó la desigualdad de género y de ingresos, entre otros”.

Puntualizaron que, en la Argentina, las tasas de cobertura para los hombres cayeron del 46% (en 1993, antes de la reforma) al 35% (en 2002) y para las mujeres a sólo el 31%; y en Bolivia se estancaron. Asimismo, recordaron que “las estimaciones iniciales sitúan el costo en 0,2% del PBI, posteriormente, el Banco Mundial aumentó la estimación de costos al 3,6% del PBI, 18 veces la estimación original; en Bolivia, los costos reales de transición de la reforma fueron 2,5 veces mayores que las proyecciones iniciales”.

También se refirieron a los costos de administración, que en Argentina “aumentaron del 6,6% de las contribuciones en 1990 antes de la privatización al 50,8% en 2002; en Bolivia, del 8,6% en 1992 al 18,1% en 2002 después de la privatización”, entre otras cifras impactantes.

Además, expresaron que “los sistemas privados eran costosos: los altos costos de transición de la privatización crearon grandes presiones fiscales; las administradoras de pensiones privadas incurrieron en altos costos administrativos y extrajeron ganancias excesivas a través de estas tarifas administrativas extraordinarias”. Para Stiglitz y otros, “los gobiernos de Argentina y Bolivia tomaron decisiones legítimas en interés de sus ciudadanos que deben ser respetadas, como parte de la soberanía de un país”.

“Es reprobable que el arbitraje de tratados de inversión permita a las corporaciones iniciar soluciones de disputas contra los gobiernos —y en última instancia contra las personas— para seguir beneficiándose”, subrayaron. En otro orden de planteos, se opusieron a la falta de transparencia del proceso en el Ciadi del Banco Mundial.

“Si bien las corporaciones pueden argumentar que se necesitan protecciones procesales, estos casos afectan la vida de millones de argentinos y bolivianos. Deben ser abiertos y transparentes”, consideraron. Por último, consideraron que estos pleitos judiciales deberían servir como una advertencia para la mayoría de los países del mundo que no han privatizado las pensiones obligatorias pero que pueden tener presiones para hacerlo.

Tal como publicó Infobae, Stiglitz mantuvo hace algunos días con el ministro de Economía Martín Guzmán un encuentro en Nueva York, durante la gira que el funcionario realizó en Estados Unidos para reunirse con un grupo de inversores y con el Fondo Monetario Internacional. Guzmán y Stiglitz coincidieron en la descripción del tablero económico global en épocas del COVID-19, y en la necesidad de profundizar las acciones de los organismos multilaterales para rescatar a los países pobres y medianos que no acceden al crédito con bajas tasas de mercado.

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