El plan del Gobierno para bajar las expectativas inflacionarias y que todos los precios se alineen con el 29% presupuestado conlleva, entre otras estrategias, un trabajo de revisión de costos al interior de cada cadena productiva que el Ministerio de Desarrollo Productivo ya comenzó a realizar semanas atrás. Comenzó con el sector alimenticio, que mantiene los Precios Máximos desde hace un año y que reclama una urgente actualización por fuerte subas en sus costos, y luego siguió con el rubro de la construcción, que cerró el 2020 con una suba en el precio de los materiales del 64,4% y que además registra problemas de desabastecimiento en algunos productos. Los próximos rubros serán electrónica y textil, que también tuvieron subas de precios “injustificadas” a los ojos oficiales.
¿Cuáles fueron los avances registrados hasta ahora y en qué está pensando el Gobierno como política para contener los precios en todos estos sectores? En principio, con los que hubo reuniones, como fue el caso alimentos y construcción, se les pidió información de costos y se analizará con mayor precisión las razones de los incrementos para avanzar con medidas. Pero el objetivo general es poder generar un control de precios al interior de cada cadena, con valores de referencia y sistemas de alerta para que los consumidores puedan denunciar, dijeron a Infobae fuentes oficiales.
En el sector alimenticio, luego de una reunión general, se definieron varias submesas para trabajar la suba de los costos (logística, insumos alimenticios y no alimenticios; precios máximos y productividad) y hasta el momento sólo convocaron a una la semana pasada: la de insumos no alimenticios. En ese encuentro, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dijo que se habían observado “aumentos importantes en insumos de la fase primaria y de la fase industrial, que en principio no tienen justificación”. “En fertilizantes y agroquímicos, por ejemplo, registramos aumentos que son muy llamativos, de entre el 40% y el 60% en dólares. Es necesario que asumamos compromisos cruzados. Si hay más consumo, todos los que están aquí van a salir ganando”, dijo el funcionario.
El trabajo con este sector será largo, pero el objetivo será el mismo: seguir de cerca los precios en toda la cadena y buscar consensuarlos para evitar avanzar con la imposición, como sí ocurrió con los fabricantes de productos de consumo masivo con la política de Precios Máximos. El Gobierno reconoce que los costos subieron mucho más que los precios en góndola y está dispuesto a ir flexibilizando ese programa (como ya lo hizo con algunas categorías), pero los aumentos igualmente serán consensuados con el Gobierno. Es por eso que también se comenzó el trabajo hacia atrás en la cadena, para evitar que la presión siga recayendo en el mismo eslabón.
El objetivo es, en todos los casos, alinear las expectativas de inflación en torno al 29% anual y que los salarios puedan aumentar en términos reales. “Después de un año en donde el precio de los insumos creció por encima del de los productos finales, sabemos que tenemos que ir hacia un sendero de recuperación de los márgenes de la industria alimenticia, sin que sea a costa de los consumidores y consumidoras”, destacó Kulfas en el encuentro de la semana pasada.

En el caso de la construcción, el Gobierno citó a toda la cadena en un contexto no sólo de fuertes subas de precios sino también de desabastecimiento de varios insumos que generan importantes demoras en las obras. La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) ya había acercado una propuesta -se la presentaron, incluso, directamente al presidente Alberto Fernández- para evitar la intermediación, que es donde, aseguran en la industria y reconocen en el propio Gobierno, están los abusos de precios. Y fuentes de la cartera productiva afirmaron que se avanzará por ese lado en un próximo encuentro previsto para los próximos días. “La decisión está tomada; habrá un esquema de compra directa a las empresas para que las empresas constructoras accedan a los materiales y a un precio razonable”, dijeron las fuentes consultadas a este medio.
El objetivo es lograr que los distribuidores no se abusen y achiquen sus márgenes, aclararon. La idea del Gobierno es, luego de conocer la estructura de costos de cada proveedor, consensuar un precio de salida de fábrica y finalmente fijar un valor de referencia para la venta al público, con el objetivo de que los consumidores sepan cuál es el precio que deberían estar pagando por ese bien. Y si no se cumple, tendrán un mecanismo de denuncia, un sistema de alerta. “Nuestro objetivo es avanzar con acuerdos de precios en toda la cadena, tener precios de referencia y luego monitorear”, dijeron en la cartera productiva.
También preocupa al Gobierno la evolución de los productos de electrónica, que el año pasado registraron aumentos muy importantes que estuvieron bastante por encima de la evolución del tipo de cambio. Y lo mismo sucedió en el primer bimestre del año, aunque a partir del 1° de enero comenzó a regir el impuesto interno del 7% para los productos producidos en Tierra del Fuego y eso explica gran parte de los incrementos. Esta mesa será la próxima en ser convocada y el trabajo allí será sencillo porque “dependen en gran parte de insumos importados, por lo que lo que hay que mirar es la evolución del dólar”, dijo la fuente consultada, al remarcar que en 2020 los celulares aumentaron 82% y las computadoras, 107 por ciento.
Y finalmente será el turno del rubro textil, que también tuvo importantes alzas en los precios durante el año pasado (60%) y el objetivo del Gobierno es que no se repita el mismo escenario en 2021. Al finalizar el 2020, la secretaria de Comercio Interior, Paula Español, convocó a la industria y le pidió explicaciones sobre los aumentos, ya que, por otro lado, se trata de un sector beneficiado por el programa de financiamiento Ahora 12. Frente a este pedido, la cadena preparó un informe con las explicaciones pertinentes, que deberán reforzar cuando sean convocados.
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