A través de una resolución particular, la Inspección General de Justicia (IGJ) consideró que no es lícito que la actividad inmobiliaria se realice bajo el régimen de franquicia. La decisión afecta directamente a la cadena de inmobiliarias Remax, que había sido denunciada ante la Justicia por el Colegio de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (Cucicba), que agrupa a los profesionales de la actividad.
La resolución señala que Remax Argentina se constituyó como franquicia principal de la empresa estadounidense Remax International para luego “subfranquiciarla” a agentes y corredores inmobiliarios. De esta forma, la empresa ejerce indirectamente la actividad inmobiliaria eludiendo la legislación local, que establece requisitos para esa actividad.
"Siempre sostuvimos, amparados en el ordenamiento legal de nuestro país, que existe una distinción entre los contratos comerciales y las profesiones independientes como el corretaje inmobiliario. Estas últimas no pueden ser franquiciadas”, expresó Armando Pepe, presidente de Cucicba.
El colegio había denunciado que Remax Argentina S.R.L —que opera en el país desde 2014— hacía un ejercicio ilícito de la actividad inmobiliaria. Los profesionales del sector consideran que la empresa tiene un sistema de locales sin empleados propios, que en su mayoría son monotributistas que reciben cursos dictados por la misma compañía.
En su resolución, la IGJ determinó que la compañía ya no podrá operar, debiendo iniciarse el proceso judicial de “disolución y liquidación” en el marco de lo dispuesto en los Artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 de sociedades comerciales.
“Hemos dado un paso histórico. Este es un éxito en la defensa de los derechos de los corredores y del ejercicio legal y legítimo de la profesión, y lo compartimos con todos nuestros matriculados”, agregó Pepe.
Sin embargo, desde la empresa Remax rechazaron la denuncia de Cucicba y la calificaron de “infundada”. Además, aseguraron que la resolución no implica el cese ni la suspensión de la actividad de Remax. “Las oficinas seguirán prestando servicio a sus clientes, como lo han hecho hasta ahora”, indicaron en la noche del martes en un comunicado, luego de que se diera a conocer la noticia.
“Esta acción promovida por el colegio de corredores de la ciudad es una más de las tantas embestidas de los cuerpos colegiados contra una marca que desarrolla su negocio legítimamente hace más de 15 años”, agregaron. Según la empresa, son la red inmobiliaria con mayor presencia de corredores y martilleros matriculados en todo el país y son fuente de ingresos de más de 5.000 familias.
La pelea entre los corredores y las inmobiliarias tradicionales y las empresas que operan bajo marcas internacionales no es nueva. En septiembre del año pasado, cinco de las principales marcas internacionales del rubro inmobiliario que tienen presencia en la Argentina se unieron para crear su propia cámara sectorial. Son Century 21, Coldwell Banker, Keymex, Remax y Sotheby’s que integran la Cámara de Empresa de Servicios Inmobiliarios.
El año pasado, una de las charlas del Congreso del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires, que se realizó en Mar del Plata, fue “Por una Argentina sin franquicias inmobiliarias”.
Las marcas internacionales que operan en el país consideran que los colegios de las distintas jurisdicciones buscan “expulsar y proscribir” a empresas que prestan servicios complementarios para los profesionales del sector inmobiliario.
“Quienes tienen el poder de control de la profesión, a su vez son titulares de inmobiliarias, lo cual representa un claro conflicto de intereses. Esta situación es tan ilógica como pensar que un partido River-Boca sea arbitrado por una de las partes”, explicaban en esa oportunidad desde las empresas que formaron la nueva cámara.
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