Economía del Conocimiento: la ley sigue frenada en el Senado y las empresas se quejan porque no pueden hacer proyectos sin conocer la normativa

En momentos en los que el Gobierno cuenta dólar por dólar y señala a la exportación como la vía para sumar divisas al país sin recurrir al endeudamiento, la ley que espera uno de los sectores más dinámicos de la economía local y que tiene el potencial de vender al exterior unos USD 6.000 millones anuales. Tras haber logrado media sanción en la Cámara de Diputados, la Ley de Economía del Conocimiento permanece inmovilizada en el Senado y cada día de demora suma costos para un sector que emplea a 500.000 personas y tiene la capacidad de desarrollarse aún en medio de la pandemia de coronavirus Covid-19.

Desde su análisis en comisión, el proyecto de Ley impulsado por el Ministerio de Desarrollo Productivo espera que se destrabe su trámite parlamentario. Fue el 7 de agosto, cuando la trataron en plenario las comisiones de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, y de Presupuesto y Hacienda del Senado. Poco antes, el 25 de junio, la Cámara de Diputados le había dado media sanción al proyecto y por la posición de los legisladores oficialistas y de la oposición el camino parecía allanado para un tratamiento rápido.

Apenas si quedaba en el tintero la posibilidad de introducir algunos cambios menores al texto, pero no había disidencias importantes y desde todas las bancadas se señalaba la relevancia del sector de software y economía del conocimiento como vitales para el desarrollo y la exportación de servicios de alto valor agregado.

Sin embargo, el impulso inicial se perdió. La celeridad con la que se trató en Diputados no se repitió en el Senado y el sector quedó a la espera de su sanción, mientras los beneficios concedidos por la Ley de Software, antecesora de este proyecto, vencían a fin de año pasado y aumentaban los costos de uno de los sectores con los que se cree que se puede apuntalar una salida productiva a la actual crisis que atraviesa la Argentina.

El sector, que cuenta con 440.000 empleos directos y el año pasado exportó más de USD 6.000 millones, sumó este año 2.500 puestos de trabajo aún en plena pandemia. Claro que es menos de un quinto de lo que planeaban generar este año, dada la caída económica global que cortó mucha de su demanda local y extranjera.

Sin una ley vigente, ni la de software ni su reemplazo, unas 500 empresas dejaron de percibir beneficios impositivos que hacían a sus estructuras de costos hasta 2019. Por ejemplo, un descuento sobre los aportes patronales del 70% que llegaba al 80% en regímenes de promoción específicos para empresas por cuestiones de género o ubicación geográfica.

Un segundo beneficio, que aún no golpea a las empresas porque todavía no cerraron el balance del año, es el 60% de descuento sobre el Impuesto a las Ganancias que -aunque no es un problema en el presente- tiene particularmente nerviosas a las empresas del sector.

“Cuando tenés que cotizar un proyecto para el exterior no conocés tu costo. Hay muchos proyectos que no se consiguen porque no hay precios, ya que eras mucho más competitivo con el régimen de promoción que existía, pero ahora que se interrumpió lo sos mucho menos. Es un problema serio que está teniendo el sector, no se proyecta al exterior porque no conoce el marco normativo con el que va a operar”, dijo a Infobae Luis Galeazzi, director ejecutivo de Argencon, la cámara que nuclea a las empresas más grandes de la industria.

Desde el Ministerio de Producción dicen que el interés de la cartera en la aprobación de la ley se mantiene intacto. Matías Kulfas, titular del ministerio, fue el impulsor de la nueva ley que reemplazó a la que había logrado sancionar el Gobierno de Mauricio Macri y que nunca se aplicó. Producción prefería concentrar los incentivos en las empresas más pequeñas, algo que se respetó en el texto de la nueva ley, pero sin embargo la norma no avanza en el Senado.

Alfredo Luenzo, senador de Chubut Somos Todos (para fines prácticos, oficialismo) y presidente de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, dijo a Infobae que la intención es incluir todas las observaciones con la esperanza de poder tratar la ley en el recinto en la próxima sesión, la semana que viene.

“El tema quedó pendiente de dictamen en comisión, ingresó en dos comisiones que hicieron una sesión conjunta y se llamó a un cuarto intermedio por las observaciones planteadas por la oposición”, dijo Luenzo. “Hicimos dos o tres reuniones desde entonces, incluso con el Ministerio de Producción, y la intención es tenerla si no surgen complicaciones para la próxima sesión”, dijo.

Respecto a la urgencia que existe detrás de este tema, Luenzo lanzó una opinión a la que calificó como estrictamente personal respecto del texto tal como fue aprobado por diputados. “Yo me pregunto si en una situación de emergencia como ésta se puede resignar recaudación de empresas demasiado grandes que entran en el régimen de la ley, me pregunto si estamos en condiciones de hacerlo, más allá de todas las pequeñas empresas que sin dudas deberían estar en el régimen”, señaló.

Desde CESSI (Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos) no se ilusionan mucho con fechas.

“Es muy extraño porque de todos lados están a favor, tanto de la Presidencia, Desarrollo Productivo y todos los senadores con los que tenemos contacto, no hay nadie que esté en contra. Por lo visto hay un tema de agenda parlamentaria que impide tratarla”, dijo Sergio Candelo, presidente de CESSI.

“Las únicas empresas que salen perjudicadas realmente somos las 500 que teníamos un beneficio y dejamos de tenerlo. Que no salga para las pymes y demos vueltas por las grandes es una situación bastante incómoda”, comentó Candelo. “Es desesperante esta demora porque uno hace los cálculos y piensa los proyectos en base a una ley que arrancaba el 1° de enero. Esa ley se nos cayó el 28 de diciembre y nosotros estábamos ya lanzados, con costos totalmente diferentes”, comentó.

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