Tras la reunión entre empresarios y el Gobierno, oficializaron la extensión de los Precios Máximos hasta el 31 de octubre

El programa vencía este lunes, pero las autoridades nacionales decidieron mantenerlo por otros 60 días

(DYN/L. THIEBERGER)
(DYN/L. THIEBERGER)

Después de mantener una reunión con empresarios de la alimentación, que estaban preocupados por este anuncio, el Gobierno confirmó una nueva extensión del programa “Precios Máximos”, que ahora continuará vigente hasta el próximo 31 de octubre, inclusive. La medida fue establecida en la Resolución 254/2020, que se publicó este lunes en el Boletín Oficial.

De esta manera, y tal como había adelantado Infobae, el congelamiento en el valor de venta al público de más de 2000 productos, que se implementó inicialmente a principios de marzo, continuará por otros 60 días y este plazo “podrá ser prorrogado en atención a la evolución de la situación epidemiológica del coronavirus”.

Así lo ordenó el documento que lleva la firma de la Secretaria de Comercio Interior, Paula Español, en el que también se intimó “a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización” de estos artículos, a “incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte y provisión” durante el mismo período.

Esta Resolución se conoce una semana después del encuentro entre el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, y representantes de la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), quienes reclamaron que se autorice un aumento gradual de los precios para equilibrar con la suba en los costos en la fabricación que tuvo el sector en lo que va del año, que se estima que fue de entre un 20 y un 30 por ciento.

En una carta que le enviaron a las autoridades nacionales, los empresarios aseguraron que esa distorsión “hace que la industria se encuentre operando a pérdida, causando irreparables perjuicios económicos para cada una de las compañías que abastecen el mercado”.

Daniel Funes de Rioja, Presidente de COPAL.
Daniel Funes de Rioja, Presidente de COPAL.

Entre los considerandos, el Gobierno señaló que a partir de la llegada del coronavirus a la Argentina y “en razón de las necesidades sanitarias para contener y mitigar la epidemia”, se detectaron “aumentos generalizados en el precio de venta de productos tanto de alimentos para la población, así como también, de productos de higiene y cuidado personal”, por parte de empresas “de diversa capacidad económica”, que “resultan irrazonables y no se corresponden con las variaciones recientes de las estructuras de costos de producción”.

En este sentido, remarcaron que que esa situación afectaba “especialmente el bienestar general de la población al proyectarse en el marco de la ampliación de la emergencia pública en materia sanitaria”, por lo que el 19 de marzo pasado se decidió “la fijación de precios máximos de venta al consumidor de bienes de consumo general a los valores vigentes al día 6″ de ese mismo mes, medida que desde ese momento se fue prorrogando sucesivamente.

Al respecto, la Resolución de este lunes aclaró que “los precios máximos de venta de los productos alcanzados por la presente no podrán superar los precios que resulten de aplicar los porcentuales fijados en dicha Disposición sobre los precios vigentes al día 6 de marzo de 2020 para cada producto, conforme las categorías a las que pertenecen”.

Para esto, los comerciantes “deben poseer, en cada uno de sus puntos de venta, los listados” con los valores de cada artículo incluido en el congelamiento, precisando a cuánto estaba el 6 de marzo pasando y a cuánto lo vende actualmente, teniendo en cuenta la suba permitida.

“Debe tenerse en cuenta que lo que sucede en nuestro país se enmarca en un contexto de pandemia mundial que podría provocar, si no se adoptan las medidas adecuadas, una potencial crisis social sin precedentes, por lo que se deben tomar todas las medidas necesarias para morigerar su impacto en el sistema económico y asegurar a la población el acceso equitativo y razonable a bienes básicos de consumo”, sostuvo el Gobierno en el documento firmado por Español.

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