Una apuesta por quienes serán los protagonistas de la recuperación post-pandemia y la necesidad de que el Estado y en especial los funcionarios políticos den el ejemplo en contextos de crisis: esas fueron las principales motivaciones del presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, para no tomar el atajo -muy tentador en tiempos de crisis y emergencia- de crear nuevos tributos -incluso provisorios o “por única vez”- o aumentar los ya existentes para financiar el gasto público.
“En un momento, tuvimos una presión muy fuerte de que había que generar más tributos, aumentar los tributos al patrimonio, aumentar los tributos a la gente que tiene emprendimientos mayores y yo me negué rotundamente”, había revelado el primer mandatario uruguayo, al anunciar que no aumentaría ni crearía nuevos impuestos.
En momentos en que, en Argentina, el oficialismo promueve un proyecto que fija, por única vez, un impuesto a la riqueza -una tasa del 2% al 3,5% a las fortunas de entre $200 millones y $3.000 millones-, para recaudar más de $300.000 millones destinados, según sus promotores, a paliar los efectos de la pandemia, los argumentos del presidente del Uruguay para no seguir esa alternativa cobran especial significación.
Lacalle Pou había explicado a fines del mes de junio, al anunciar el presupuesto, el porqué de su rotunda negativa a imponer nuevas cargas en los siguientes términos: “Porque (los emprendedores) son los que más están empujando y van a empujar la salida del país. Si nosotros en la pandemia castigamos al que emprende, castigamos al que da laburo, al que produce, al que innova, al que comercia, ese va a quedar en la vera del camino”
Pero el presidente uruguayo no se quedó ahí y aclaró que la contracara de eso fue el impuesto a los funcionarios, “un impuesto del 20 por ciento del salario al Presidente, a sus ministros, a senadores, a diputados y a todos los funcionarios públicos que ganaran más de 1900 dólares durante dos meses”.
“Quisimos dar la señal -explicó Lacalle Pou- de que era el Estado el que tenía que hacer el proceso de esfuerzo y no los particulares, porque terminado esto, no es el Estado el que saca adelante a la población. Es el particular el que prende los motores, con la asistencia de la infraestructura, con la asistencia de las redes de comunicación y con todo lo que brinda el Estado, pero es el particular el que va a encender más fuerte los motores y salir para adelante”.
La Argentina, en cambio, ha elegido el camino del impuesto a los particulares. Al comienzo de las medidas de aislamiento el Gobierno defendió incluso la remuneración de sus ministros y de los diputados y senadores y no hubo ninguna reducción de sus dietas, a pesar de los sacrificios que se estaba exigiendo a la población en el marco de la emergencia sanitaria.
Por otra parte, el camino elegido por el kirchnerismo es poco transitado. Aunque el gobierno argumentó que en muchos países “se está evaluando” este tipo de medidas “como una herramienta necesaria para enfrentar el duro momento que afecta a toda la población mundial”, lo cierto es que en la mayoría de los casos se trató de iniciativas de la oposición que no prosperaron.
Por otra parte, en la mayor parte de los países del primer mundo ya no existen los impuestos al patrimonio.
En Estados Unidos, fue la ex candidata demócrata Elizabeth Warren quien propuso un impuesto del 2% para los patrimonios superiores a los USD 50 millones y un 3% para los que superasen los USD 1.000.
En España, la propuesta fue del partido de ultraizquierda Podemos: un 2% para patrimonios netos a partir de un millón de euros y luego 2,5% a partir de 10 millones, 3% a partir de 50 millones y 3,5% a partir de 100 millones de euros.
“Muchos de los países en los que se evaluaron esos impuestos no tienen uno a los bienes personales como ya existe en la Argentina -aclaró el tributarista César Litvin-. Si se aprueba un impuesto a las grandes fortunas, aunque sea por única vez, estará gravando la misma base imponible que el impuesto a los Bienes Personales. Es una duplicación de impuesto sobre el mismo patrimonio”.
En efecto, en la Argentina ya existe un impuesto que grava el patrimonio, el impuesto a los Bienes Personales, establecido en 1991. Pocos países tienen un tributo análogo, entre ellos, Uruguay y España, pero con mínimos imponibles que no son tan bajos como el de Argentina, donde se tributa a partir de los $3 millones.
Chile no tiene un impuesto similar. Los principales impuestos son a la renta y al consumo.
En Brasil existe un impuesto sobre la renta de las personas y también un impuesto sobre algunos bienes y donaciones, con un máximo de 8%, y que se aplica, por ejemplo, a las transferencias de patrimonio inmobiliario.
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