El ministerio de Economía presentó esta mañana un reporte en el que informa eventos locales recientes, como paso previo a hacer oficial el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los principales bonistas para la reestructuración de la deuda regida por tribunales extranjeros. En el informe, la cartera conducida por Martín Guzmán actualizó a los inversores respecto a la marcha atrás de la iniciativa con la que buscaba expropiar la cerealera Vicentin, informa sobre el acuerdo de deuda alcanzado, detalla las medidas tomadas para paliar la pandemia de coronavirus COVID-19 y admite el deterioro del resultado fiscal.
El reporte presentado ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los Estados Unidos es el “18-K”, una publicación puramente informativa en la que los emisores de deuda informan a los inversores sobre datos básicos de la economía y el entorno de negocios en el país, además de advertir respecto de riesgos potenciales para los acreedores.
La presentación de hoy lleva la firma del secretario de Finanzas, Diego Bastourre, y es un paso necesario para la oficialización de los términos del acuerdo con los acreedores privados para la reestructuración de algo más de USD 65.000 millones de deuda regida por los tribunales de Nueva York.
Entre otros puntos, el texto informa a los inversores respecto a la marcha atrás en el plan oficial para expropiar a la agroindustrial Vicentin. Bajo el rótulo “El papel del Estado en la economía”, Economía relata el cambio de rumbo.
“El 31 de julio de 2020, el Gobierno dictó el Decreto 636/20, por el que se derogó el Decreto 522/20, que preveía la intervención durante 60 días de Vicentin S.A.I.C. (“Vicentin”), una de las mayores empresas agroindustriales de la Argentina. El Gobierno anunció que no presentaría al Congreso el proyecto de ley de expropiación para declarar a Vicentin como empresa de interés público”, explicó.
En otro apartado, el gobierno advierte sobre la evolución del déficit fiscal en lo que va del año, al que asocia con las medidas para enfrentar el brote de COVID-19.
“Durante el período de seis meses que finalizó el 30 de junio de 2020, el déficit fiscal primario ascendió a $ 889.810 millones, en comparación con un superávit primario de $ 30.200 millones durante el mismo período en 2019. Esta variación se debió principalmente a que los ingresos aumentaron a un ritmo más lento que los gastos, que se incrementaron principalmente debido a importantes salidas por concepto de seguridad social, subsidios en efectivo y transferencias a las provincias, principalmente para hacer frente a las necesidades creadas por el brote de COVID-19. La República estima que las salidas por cuestiones relacionadas con la seguridad social seguirán aumentando en 2020 impulsadas por las iniciativas del Gobierno para responder al brote de COVID-19″, detalla el reporte.
“El déficit financiero ascendió a $ 1.187,5 mil millones, en comparación con $ 287,2 mil millones de pesos durante el mismo período en 2019, debido principalmente a un aumento en el déficit fiscal primario (como se describe anteriormente) y en los pagos de intereses, que totalizaron $ 297,7 mil millones durante el período de seis meses finalizado el 30 de junio de 2020, en comparación con 317,4 mil millones de pesos durante el mismo período en 2019″, agrega.
Costos de la pandemia
En línea con el argumento del deterioro de las cuentas públicas por la pandemia, el texto detalla además las medidas tomadas para enfrentar el brote y para contrarrestar su impacto económico.
“A la fecha de esta enmienda, Argentina tenía más de 260.911 casos confirmados de coronavirus, con más de 68.540 casos activos, 187.283 pacientes recuperados y 5.088 muertes. Hasta la fecha, la Argentina ha adoptado diversas medidas en respuesta al brote de COVID-19 con el fin de prevenir el contagio masivo y el hacinamiento en los centros de servicios de salud argentinos y mitigar los efectos en la economía”, dice el texto además de enumerar medidas recientes como la prórroga de la suspensión del pago de las cuotas de las líneas de crédito concedidas por la Anses para julio y agosto; la prórroga hasta el 31 de agosto del plazo para el pago de los impuestos sobre la renta y los bienes personales; y otra de 15 días para la presentación y el pago de impuestos sobre las ganancias de capital, la renta y los bienes personales. También la suspensión de las ejecuciones fiscales y las medidas cautelares para las microempresas y las pequeñas y medianas empresas; una ampliación del Programa de Asistencia de Emergencia para el Trabajo y la Producción y la prohibición de los despidos.
También “un tercer pago en efectivo realizado por la Anses a aproximadamente 9.000.000 de personas desempleadas y personas empleadas de manera informal, entre otras personas socialmente vulnerables”.
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