El Gobierno cerró julio con un déficit fiscal de más de $160.000 millones

Las finanzas públicas no pasan por su mejor momento, porque por efecto de la irrupción del COVID-19 y de las consecuentes medidas preventivas y paliativas que tomó el Gobierno nacional desde fines de marzo, se ingresó en un sendero de caída de los ingresos tributarios, como los impositivos, aduaneros y de la seguridad social y de aumento del gasto, en particular de carácter social y de asistencia financiera a las provincias.

Puesto en números de la oficina de Presupuesto Abierto de la Secretaría de Hacienda, ese proceso determinó en el acumulado del año hasta el cierre de julio la ejecución de gastos por $3,78 billones del total previsto antes del Proyecto de Ley de Ampliación Presupuestaria que ayer aprobó la Cámara baja por $5,72 billones, de los cuales se encontraban efectivamente pagados $3,65 billones; e ingresado recursos totales por apenas $3,39 billones, del total presupuestado para el año de $4,51 billones.

De ahí surgió un déficit financiero de $258.857 millones, que representó el 7,6% de los ingresos totales de ese período, y 1,6% del PBI generado desde el inicio del año, mientras que antes del pago de intereses de la deuda pública por $391.114 millones, cerró el período con superávit equivalente a 0,8% del PBI.

Sin embargo, para lograr ese resultado fue clave la modificación al inicio del actual Gobierno de la base de valuación de los activos del Banco Central a valor técnico, en lugar de mantener el criterio tradicional del valor de mercado que es sustancialmente menor, porque determinó ganancias contables de la entidad que fueron transferidas al Tesoro y hasta el presente aportaron $1,17 billones, equivalentes a 7,2% del PBI.

De ahí que sin ese ingreso extraordinario que no se repetirá el año próximo las cuentas de la Administración Central hubiesen acumulado un déficit primario de 6,4% del PBI de los 7 meses, y elevado el rojo financiero a 8,8% del PBI, unos 2 puntos porcentuales por debajo del previsto en el Proyecto de Ley de Ampliación del Presupuesto 2020, cuya versión original no llegó a debatirse en el Congreso por decisión presidencial.

Como es habitual, poco más de la mitad de la partida presupuestaria ejecutada (51,2%) estuvo encabeza del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, con el pago de jubilaciones, pensiones, AUH y Asignaciones Familiares, principalmente.

En segundo lugar, y pese a la situación default parcial de la deuda desde fines de abril, el pago de intereses explicó el 10,7% del total; seguida por el Ministerio de Desarrollo Productivo 7,1%; Obligaciones a Cargo del Tesoro 6,3%; Ministerio de Educación 3,4%; Ministerio de Desarrollo Social 3,1%; y Ministerio de Salud 2%, mientras que el resto se distribuyó entre el resto de los ministerios, Jefatura de Gabinete de Ministros, Poder Judicial de la Nación y Poder Legislativo Nacional.

Por tanto, tras el acuerdo que el Gobierno logró con los bonistas bajo legislación extranjera, y que luego seguirá con los tenedores de títulos bajo ley nacional, y el reperfilamiento de vencimientos de la deuda con el FMI, no son pocos los economistas que esperan la presentación de un plan económico plurianual que de sustentabilidad a las negociaciones, más allá de la incertidumbre que plantea el escenario inédito del COVID-19, por sus efectos recesivos sobre la economía mundial, que conduzcan a recuperar el camino hacia el equilibrio presupuestario final, y comienzo a generar un superávit primario para poder honrar los compromisos postergados a partir de 2022, de modo de despejar cualquier expectativa de suba de impuestos.

Los números preliminares de julio

Ayer la AFIP dio cuenta de una nueva contracción de los recursos tributarios generados por sus tres fuentes de ingreso: impositiva, aduanera y de la seguridad social. Y si bien, como viene ocurriendo desde mayo, tras la brutal caída registrada en abril en términos reales, mostró una nueva desaceleración de ese proceso, se mantuvo por cuarto mes consecutivo en el rango de los dos dígitos, 13,2% menos que un año antes.

De ahí que para atenuar el efecto sobre las ya debilitadas finanzas la Administración Central volvió a contar con el aporte del giro de utilidades del Banco Central, principalmente, el cual ascendió a $127.929 millones, y explicó poco más de la cuarta parte de los ingresos totales del mes.

Sin embargo, ese aporte fue insuficiente para evitar cerrar el mes con un déficit primario de $111.327 millones, el cual se elevó a $163.134 millones con el agregado del pago de intereses de la deuda por $51.807 millones; y representaron 22,4% y 32,9%, respectivamente, de los recursos totales del período.

Sobre un PBI equivalente mensual de unos $2,32 billones, semejantes desequilibrios representaron el 4,8% y 7%, respectivamente, varias veces superiores a los registrados un año antes, e incluso precuarentena que posibilitaron que en el acumulado de los 7 meses aun mantuviera un superávit antes del pago de intereses de 0,8% del PBI y el financiero se atenuara a 1,6% del producto.

De todas formas, se advierte que en perspectiva, hacia 2021 cuando el Gobierno no pueda contar con las rentas contables del BCRA derivada del comentado cambio en el criterio de valuación de los activos, si se excluyen esos ingresos el déficit primario hubiese trepado en julio a 10,3% del PBI y el financiero a 12,6% del PBI; y cerrado los 7 meses con sendos saldos negativos de 6,4% y 8,8% del producto, en cada caso.

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