El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) aportó informes y conclusiones de una auditoría, en la causa que involucra al ex secretario de Energía, Gustavo Lopetegui, por supuesta malversación de caudales públicos.
El Interventor del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), Federico Basualdo, instruyó a la Asesoría Jurídica del organismo a que presente en la causa “Lopetegui Gustavo y otros/ Malversación de caudales públicos”, que tramita en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 (Causa N° 5059/2019, Fiscal N° 27808/2019), los informes y la documentación respaldatoria de la auditoría realizada al “Acuerdo de Regularización de Obligaciones para la Transferencia de las Concesionarias a las Jurisdicciones locales” del 10 de mayo de 2019, celebrado por el ex Secretario de Gobierno de Energía, el ex Secretario de Recursos Renovables y Mercado Eléctrico, Juan Antonio Garade, y las empresas distribuidora de energía la Ciudad.
Según información provista por el ENRE, la intervención del organismo “detectó irregularidades en el cálculo de las multas y otros montos” que integran el objeto del acuerdo. Asimismo, la oficina estatal presentó documentación en donde señala que la realización de “una reunión secreta en 2019 donde el entonces Directorio del ENRE, encabezado por Andrés Chambouleyron, definió rechazar la instrucción del ex Secretario de Gobierno de Energía que disponía la ejecución del acuerdo”.
El acuerdo al que se hace referencia es el que se estaba dando en el marco del traspaso de jurisdicción del servicio público de energía eléctrica a las jurisdicciones de la provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese momento, el Estado Nacional suscribió con las distribuidoras eléctricas un entendimiento “con el objeto de poner fin a una serie de disputas y obligaciones recíprocas generadas entre la suscripción de las Actas Acuerdo de renegociación contractual (2006) y la realización de la Revisión Tarifaria Integral (2016)”.
En el acuerdo que firmaron las partes se contabilizaron tanto las acreencias reclamadas por las concesionarias al Estado nacional por el congelamiento tarifario (“Activo Regulatorio”), así como las deudas por sanciones que tenían las empresas (“Pasivo Regulatorio”).
En este punto, el ENRE señaló que para la cuantificación de estas obligaciones, la entonces Subsecretaría de Energía Eléctrica “utilizó métodos de cálculo “ad hoc” (sin ninguna justificación técnica), que se apartaron de los mecanismos oficiales definidos para los correspondientes rubros, redundando en un beneficio para las concesionarias”. Y que esa fórmula lo que hizo fue “invertir el carácter de los resultados” en donde las empresas pasaron de ser deudoras del Estado nacional a acreedoras.
Por el lado de las deudas que las empresas le debían al Estado la conducción actual del ENRE señala que superarían los 26.000 millones de pesos mientras que las deudas del Estado con las empresas sería alrededor de 16.000 millones de pesos.
En la causa penal se investiga si Lopetegui y Garade realizaron “maniobras de administración presupuestaria que podrían haber generado beneficios económicos indebidos a favor de las concesionarias”.
En este sentido, la acción penal se sustenta en que, según la cláusula 5.4 de los Acuerdos Marco, para que las penalidades aplicadas a causa de deficiencias en la calidad o el servicio técnico puedan cambiar el destino original –de ser una bonificación a los usuarios afectados para que se conviertan en inversión para la empresa– “debía darse una condición, que era superar los indicadores semestrales de calidad media, la cual no se habría dado, por lo que lo convenido en el Acuerdo resultaría ilegítimo”.
Por otro lado, la investigación judicial investiga si los montos dinerarios sujetos a acuerdo fueron correctamente calculados. A partir de esto, el ENRE señala que la instrucción del Fiscal manifiesta que según la denuncia “conforme a estimaciones generales, el total actualizado de sanciones pecuniarias ascendería a treinta y cinco mil millones de pesos ($35.000.000.000), lo que representaría devoluciones aproximadas de siete mil pesos ($7.000) por usuario. Sin embargo, el Gobierno Nacional, sin la intervención del ENRE, habría reconocido multas por siete mil millones de pesos ($7.000.000.000); esta última cifra significaría reintegros de alrededor de mil doscientos pesos ($1.200) por usuario.”
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