Jubilaciones: el Gobierno defendió la reforma que estatizó los haberes en 2008 y criticó la que se aplicó con Macri

Esta semana volvió a reunirse la comisión bicameral mixta, que tiene como objetivo elaborar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria y sumó las opiniones de los economistas Eduardo Levy Yeyati y Leonardo Eric Calcagno. La comisión está formada por funcionarios del Poder Ejecutivo y diputados del oficialismo y la oposición, y es presidida por el diputado Marcelo Casaretto.

A través de su cuenta de Twitter, Roberto José Arias, secretario de Política Tributaria, anticipó cuáles son algunos de los aspectos económicos que están siendo analizados para determinar la nueva fórmula.

Por ejemplo, criticó que la fórmula de movilidad implementada por el Gobierno de Mauricio Macri en 2017 no haya contemplado el impacto en los recursos del sistema. “Quedó claro a mi juicio que un gran error de la fórmula de 2017 fue no incluir ningún elemento que vinculase la movilidad con los recursos del sistema. No se buscaba que fuera sustentable fiscalmente”, señaló.

La fórmula de 2017 contemplaba un 70% de la variación trimestral del IPC del Indec y un 30% de la variación trimestral de la variación de los salarios registrados (Ripte). Uno de sus problemas fue el momento en que se empalmó con la anterior, ya que había quedado con un rezago de tres meses.

Arias rescató la fórmula de movilidad de 2008, en la que los aumentos acumulados en dos semestres no podían superar 1,03 veces el crecimiento anual de los recursos totales de la Anses, porque consideró que esa fórmula cuidaba la sostenibilidad fiscal. Con aquel cambio legislativo, el Gobierno eliminó el sistema de capitalización que manejaban las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP).

“La fórmula del 2017 funcionaba bien en un escenario de crecimiento económico y baja inflación... luego ‘pasaron cosas'. Diseñar una fórmula que funciona únicamente en uno de los escenarios macro posibles es exactamente lo que no hay que hacer, menos en Argentina”, señaló Arias.

El funcionario destacó que el sistema de seguridad social debe ser sustentable en el largo plazo y la fórmula que se apruebe debe funcionar en distintos escenarios macroeconómicos. “Hay que cuidar el poder adquisitivo de las prestaciones y también la sustentabilidad del sistema”, dijo.

Según el funcionario, el economista Calcagno estimó el déficit de Anses en 2,7% del PBI para 2019, cuando estaba en equilibrio entre 2013 y 2014. “Se perdieron recursos en 2016 en la Corte y luego en la reforma tributaria del 2017 se reducen las contribuciones que financian el sistema”, describió. Y señaló que si no se hubiese suspendido la fórmula de movilidad mediante la Ley de Solidaridad Social a fines de 2019, el déficit de Anses hubiese crecido a casi 4% del PBI, aun sin tener en cuenta los efectos macroeconómicos de la pandemia.

Luego, detalló los “graves errores” cometidos en el período 2016-2019 con el sistema de seguridad: se desfinanció el sistema, se lo hizo más inequitativo y se incorporó una volatilidad enorme en el gasto previsional.

Por su parte, Calcagno presentó un modelo con proyecciones de diversas alternativas hasta el año 2040, pero señaló que una fórmula de movilidad jubilatoria que incluya salarios y precios al consumidor, con límites de acuerdo a la evolución de la recaudación, solo podría comenzar a aplicarse en 2022 cuando las variables económicas se hayan estabilizado.

En su presentación, el economista Eduardo Levy Yeyati, decano de la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, indicó que la movilidad jubilatoria puede pensarse en base a tres criterios: reemplazo de salario, estabilidad de ingreso y sostenibilidad fiscal.

El primer criterio, en un esquema contributivo, “garantiza la estabilidad fiscal a lo largo del ciclo. Se mueve con el salario real: recauda menos cuando menos paga, pero deja la volatilidad del ingreso del lado del beneficiario. No tiene sentido para elementos no contributivos como la Asignación Universal por Hijo, la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) o las pensiones no contributivas”, explicó en su cuenta de Twitter.

El segundo criterio, según el economista, estabiliza el ingreso real, pero es procíclico. “Profundiza el déficit fiscal en la recesión: imaginemos el impacto fiscal de aplicar la fórmula vigente con la recaudación de 2020″, señaló. Finalmente, el tercer criterio asegura que no se prometa lo que no se puede pagar. “La corrección de la fórmula por sosteniblidad fiscal precisa un fondo anticíclico. Así, años buenos pagan menos que lo recaudado; y años malos, más. De modo de no trasladar toda la volatilidad fiscal al beneficiario”, indicó el economista.

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