“Sentimos que mientras que nosotros hicimos nuestra parte, la otra parte no estaba haciendo la suya. pero estamos abiertos a la discusión”, señaló esta tarde el ministro de Economía, Martín Guzmán, en relación con la negociación que lleva adelante el país para reestructurar la deuda emitida bajo legislación extranjera, que asciende a USD 64.800 millones.
Se refería puntualmente a las discusiones con el grupo de acreedores Ad Hoc, que lidera el fondo Blackrock, con el que se complicaron las negociaciones en los últimos días, principalmente por las demandas de estos inversores en materia legal. Concretamente, al igual que el Exchange Bondholders, que representa a los tenedores de los títulos de los canjes de 2005 y 2010, Ad Hoc busca condiciones legales menos estrictas que las que propone el Gobierno.
“Los términos legales propuestos implican que los procesos que se hicieron en los últimos años sean deshechos. No es algo que la argentina pueda comprometerse. Las Cláusulas de Acción Colectiva (CACs) están aprobadas por el G20 y el FMI”, enfatizó el ministro durante una exposición virtual organizada por las organizaciones norteamericanas American Society y el Council of the Americas.
Por el contrario, se refirió favorablemente al grupo ACC (Comité de Acreedores), que lideran los fondos Fintech, Gramercy y Greylock. “Tuvimos tres rondas de negociaciones bajo acuerdos de confidencialidad. Con el grupo ACC más otros acreedores hubo acercamiento de ambas partes, pero con otros fue más duro, como con Ad Hoc. Sentimos que mientras que nosotros hacíamos nuestra parte, la otra parte no estaba haciendo la suya”, agregó Guzmán, para luego reconocer que el país se encuentra en “un momento de fragilidad” y que es su intención seguir el proceso para resolver las fragilidades en todos los frentes.
Invitado a exponer sobre la reestructuración de la deuda en tiempos de Covid-19, el ministro de Economía formuló esas declaraciones y volvió a reiterar el deseo del gobierno argentino de finalizar este proceso con éxito y remarcó, una vez más, la necesidad de que lo que se acuerde pagarle a los bonistas sea sustentable en el tiempo.
Guzmán aseguró que el gobierno buscará alcanzar un nuevo programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI) una vez finalizada la reestructuración de la deuda privada. Ese nuevo acuerdo con el FMI, explicó, “tiene que estar basado en otros principios. Va a llevar tiempo y tiene que ser así porque tiene que estar legitimado por la sociedad argentina”. “Esperamos ir por un proceso que es similar al que venimos llevando con los acreedores para llegar un acuerdo que tenga aceptación”, dijo.
Guzmán reconoció las dificultades que generó el coronavirus en la negociación de la deuda en materia logística. “Esto no es menor. Es muy diferente tener reuniones cara a cara que hacerlas por zoom”, explicó. De todos modos, insistió en que se hicieron los mayores esfuerzos para resolver esta situación y lo seguirán haciendo.
El proceso ahora se estiró hasta el 24 de julio, por lo que el equipo económico tiene un mes para poder cerrar el acuerdo. La apuesta de Guzmán es poder consensuar la propuesta en breve para que luego corra el plazo necesario para permitirle a los acreedores aceptar o no la oferta, una vez que sea formalizada ante la Securities & Exchange Commission (SEC).
El ministro respondió preguntas, moderadas por la presidenta y CEO del Council of the Americas, Susan Segal. Una de ellas estuvo focalizada en el caso Vicentín. Sobre el tema, Guzmán reiteró los dichos del Presidente: “Estamos abiertos a cualquier solución para la compañía. Es una empresa que tomó préstamos de manera no sostenible, también de los bancos del sector público, y el mercado no pudo encontrar una solución en 6 meses. No hay un sustituto perfecto en este momento”, indicó el ministro de Economía, ante la mirada virtual de cientos de inversores que cuestionan el intervencionismo del Estado en el sector privado.
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