El Gobierno trabaja en un plan para incentivar la inversión en inmuebles desde el pozo tras la pandemia

La reactivación post pandemia parece aún algo muy lejano. Pero se supone que como mucho en un par de meses la cuarentena ya habrá quedado atrás, al menos en su fase más rígida. Y en ese momento habrá que pensar en cómo sacar a la economía de la crisis. La orden de Alberto Fernández a su equipo económico es que empiecen a analizar todas las opciones disponibles para que el mercado inmobliario sea uno de los primeros que “pegue la vuelta” y salga de su actual situación de virtual parálisis.

Infobae pudo averiguar que la semana pasada ya hubo contactos entre el titular de la Comisión Nacional de Valores, Adrián Cosentino y representantes de la actividad inmobiliaria como Damián Tabakman (presidente de la Cámara de Empresarios de Desarrolladores Urbanos) e Issel Kiperszmid (director de Dypsa). En estos encuentros se habló de avanzar con la figura de la “inversión colectiva” para impulsar la actividad inmobiliaria.

El objetivo es recrear en la Argentina un instrumento muy popular en los Estados Unidos: los Real Estate Investment Fund (REIT), que justamente canalizan miles de millones de dólares que aportan inversores para aplicar a inmuebles.

El espíritu detrás de este impulso es recrear el mercado de fideicomiso al costo, que fue clave para llevar adelante emprendimientos inmobliarios en el país, pero a través del mercado de capitales. Se trataría de repetir el “milagro” que se produjo a partir de 2003, cuando la construcción tuvo un verdadero boom. Miles de inversores aprovecharon el precio muy barato del metro cuadrado para lanzarse al negocio, con excelentes resultados. Fue de hecho uno de los sectores más dinámicos cuando la economía empezó a crecer a “tasas chinas”, entre 2003 y 2007.

Ahora también se abarató mucho la construcción en dólares, ante la escalada de la divisa en las distintas cotizaciones financieras. Pero falta que estén dadas las condiciones macroeconómicas para atraer nuevas inversiones, en medio de una gran crisis económica e incertidumbre política. La ofensiva del Gobierno contra Vicentín, con la idea de avanzar con la expropiación, tampoco favorece al sector inmobiliario.

Otro de los temas que deberán analizarse pasa por la necesidad de otorgar algún tipo de beneficio fiscal para inversiones de estas características. Esto se vuelve más complejo en un momento de crisis económica y caída de la recaudación. Pero es algo que podría tenerse en cuenta dependiendo de cómo evolucionen las futuras inversiones.

Con los nuevos fondos inmobiliarios que podrían lanzarse a través del mercado de capitales local, la intención es captar ahorro del público pero también de compañías de seguros y otros inversores institucionales. Así, tendrían un abanico más amplio para diversificar su cartera, volcando parte de la misma a cuotapartes de este tipo de productos.

El mercado atraviesa una profunda crisis. Como destacó ayer Infobae, ocho de cada diez constructoras cree que el aguinaldo se tiene que pagar en cuotas. Sin crédito hipotecario, falta de inversiones y en medio de la cuarentena, las escrituras cayeron a niveles mínimos históricos. Además, las obras están paradas en la zona metropolitana por la necesidad de mantener el aislamiento. Esto vuelve mucho más urgente la necesidad de reactivar al sector, aprovechando además el efecto multiplicador de la construcción.

Ya desde la CNV hubo un intento por reflotar al sector, al permitirse que los activos que un contribuyente posee en el exterior puedan ser invertidos en fondos inmobiliarios locales. En ese caso, tendrían una reducción de la alícuota del impuesto a los Bienes Personales que debe pagarse por activos que se mantienen fuera de la Argentina. Y si bien un par de administradoras habían conseguido su aprobación para captar esos recursos, todo quedó en suspenso por la cuarentena.

Pero seguramente estos fondos serán reflotados cuando efectivamente haya que cumplir con la integración de Bienes Personales, que pasó del 0,75% a 2,25% en los casos de los bienes mantenidos fuera de la Argentina.

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