El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, confirmó esta noche que el Gobierno Nacional le propuso al juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, dejar de lado el proyecto de expropiación de la cerealera a cambio de que acepte a sus interventores.
El anuncio se hizo desde Olivos y, según destacó el mandatario provincial, cuenta con la aprobación de Fernández. Perotti habló de una propuesta superadora, que pone fin a la idea de la expropiación y que sumaría un tercer interventor de la provincia a la que pertenece la empresa. Según la propuesta, Gabriel Delgado, designado por Fernández, sería el titular de ese triunvirato.
“Hubo algunas propuestas acercadas por la empresa frente al pedido del Presidente de la Nación que si había propuestas superadoras a la instancia de expropiación las iba a escuchar”, señaló el gobernador. “Empezamos a trabajar con él y sus equipos en una instancia diferente que nos llevó a presentar hoy ante el juzgado de Reconquista el pedido de parte de la inspección de personas jurídicas de Santa Fe de la intervención judicial de la empresa dentro del concurso a través de tres personas que estamos proponiendo para llevar a la conducción de la empresa para su rescate”, agregó.
Hoy, justamente, el juez del concurso, repuso en sus cargos de los directores de la empresa y firmó un fallo en el que señala que los dos interventores del Estado nacional sólo pueden ser veedores. Horas después, los funcionarios tuvieron que retirarse de la sede de la empresa en medio de una fuerte tensión, de discusiones con empleados y accionistas y sin poder llevarse documentación.
Ahora, de prosperar la propuesta del Estado nacional y de Santa Fe, esa medida judicial –que festejó ampliamente la familia Vicentin– tendría que ser revisada. La contraprestación ofrecida no parece menor: que el concurso continúe y dejar de lado el proyecto expropiador del Gobierno nacional, uno de los principales pedidos de la empresa desde que se conoció la idea oficial, la semana pasada.
Propuesta
El proyecto fue presentado ante Lorenzini por la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe y entre los alcances de la intervención asegura que el triunvirato asumirá “funciones de administración y representación, desplazando al directorio”. O sea, desplaza al directorio.
Se detalla que se designará a Gabriel Delgado y Luciano Zarich -las personas que había designado el Poder Ejecutivo Nacional en el Decreto de Necesidad y Urgencia 522/20- y Alejandro Bento, propuesto por la provincia, como integrantes del Organo Interventor.
Ese órgano actuará como cuerpo colegiado: el presidente será Delgado, el vicepresidente, Bento, y Zarich, vocal.
Desde la Inspección General de Personas Jurídicas de la provincia de Santa Fe señalaron que la medida que se solicitó -intervención de la sociedad hasta que finalice el concurso- encuentra fundamentalmente su razón de ser en la transitoriedad (solamente 60 días) de la intervención dispuesta por el DNU 522/20.
“Mantener la intervención societaria por un tiempo tan breve –como lo hizo el decreto citado- para una tarea tan trascendente y compleja como la administración de la sociedad afecta, por sí sólo, el cumplimiento de los objetivos trazados para disponer la medida”, indicó.
En ese sentido, añadió que la intervención busca otorgar continuidad y transparencia al manejo societario, “contribuyendo desde el Estado a la conservación de la empresa, situación que recién se consolidaría con la finalización del concurso preventivo”.
Destacó que es conveniente que el órgano interventor este integrado por representantes de ambas jurisdicciones, nacional y provincial. Y remarcó que “no se advierte que existan razones suficientes para reprochar la idoneidad para cumplir el rol a quienes fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional para hacerse cargo de la Intervención de Vicentin”.
Asimismo, la presentación de la Inspección de Personas Jurídicas santafesina señaló la conveniencia de mantener a Delgado y Zarich como integrantes del órgano que llevará adelante la gestión administrativa empresaria durante el tiempo que perdure el concurso.
Por último, planteó que se atribuyen a la intervención “las funciones de administración y representación societaria que la ley y el estatuto confieren al directorio y a su presidente”.
De este modo, la intervención se ordenó “por el plazo que transcurra hasta la conclusión del concurso preventivo mediante la homologación del acuerdo preventivo al que se aspira a arribar”.
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