En el mundo tampoco funcionó la intervención del Estado en el comercio de granos

En el interior productivo es cada vez más grande el malestar que hay con el gobierno de Alberto Fernández por la intención que tiene de enviar un proyecto de Ley para expropiar la empresa Vicentin, la agroexportadora que se encuentra desde febrero pasado en convocatoria de acreedores.

Los representantes de la producción y el resto de la ciudadanía volverán a movilizarse este sábado a las 16hs para expresar su rechazo y preocupación por el avance del Estado sobre la propiedad privada y el avasallamiento a la división de poderes.

En las últimas horas, dirigentes de Coninagro de La Pampa y Buenos Aires, señalaron: “El Poder Ejecutivo no debe inmiscuirse y pasar sobre el proceso de convocatoria en el que se encuentra actualmente la empresa Vicentín, y que hoy está en manos de la Justicia”.

Además, entre los productores agropecuarios está muy fresco el recuerdo de los problemas que generó la intervención de los gobiernos kirchneristas, especialmente entre 2006 y 2015, en los mercados agropecuarios mediante las restricciones a las exportaciones del sector, provocando serios problemas de rentabilidad y una menor presencia del país en el plano internacional.

La intervención y expropiación de una empresa como Vicentín, requiere de importantes recursos para administrar los riesgos de la actividad, como la exposición a la volatilidad de los precios de los commodities en los mercados internacionales, complejos aspectos operativos logísticos y legales, y la necesidad de contar con recursos financieros suficientes para adquirir un volumen sustancial de productos agrícolas porque, de no ser así, el modelo de negocio no es rentable.

La intervención del Estado en el ámbito de la industrialización y comercialización de productos agrícolas, no asegura la mayor transparencia en la formación de los precios y, eventualmente dependiendo de la intensidad de la participación oficial, puede provocar la desaparición de los mercados de referencia, desalentando la inversión del sector, que no tendrá herramienta alguna para protegerse de la volatilidad de los precios internacionales.

Manejar una empresa del calibre de Vicentín requiere de operaciones y procesos bien articulados, programados, con capacidad de acción rápida y dinámica para tomar decisiones. También hay que estar informado, tener fuertes vínculos con el mercado externo, etc. Para todo eso, el Estado debe planificar a largo plazo.

Para el director de la Maestría de Agronegocios de la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), Sebastián Senesi, “ningún argumento de todos los escuchados en los últimos días se condice con el mundo real. El comercio internacional de granos, en el que funciona a pleno la economía de escala, a más volumen, menos costos, se ha modernizado de modo sustancial y se desarrolla, desde hace tres décadas, en un entorno esencialmente privado, entre empresas privadas, incluso en la China poscomunista.

Y agregó: “La intervención (no confundir con las reglas de juego y la seguridad jurídica) del Estado en el comercio de granos a través de la experiencia, genera finalmente menores precios para los productores y la obligación de utilizar la plata de los contribuyentes para pagar costos de mantenimiento de estructuras que no se justifican.

Ejemplos a nivel mundial

A diferencia del siglo pasado, el comercio mundial de alimentos, salvo escasas excepciones, está organizado en forma privada –ya no entre entes gubernamentales- a través de agentes internacionales, los que en su mayoría pertenecen a conglomerados que actualmente tienen subsidiarias en la Argentina.

Se presenta muy interesante observar el recorrido que tuvieron a nivel mundial, países referentes de la producción de alimentos, cuando tuvieron la intervención del Estado. Por ejemplo, el caso de Australia, Nueva Zelanda y Canadá, en la búsqueda de asegurar la soberanía alimentaria y un precio justo a los productores, objetivos que no fueron cumplidos.

En un intento por regular el precio del trigo ante la caída de su valor internacional y luego de la crisis de 1929, Australia creó la Australian Wheat Board Limited o Junta Australiana del Trigo. El 1° de julio de 1999 se transformó en una empresa privada, propiedad de los productores de trigo. Además, en 2010 fue adquirida por la firma canadiense Agrium y en 2011 Cargill Australia compró el negocio de comercialización, originación y almacenamiento de Agrium.

Por su parte, Canadá también implementó un modelo de intervención estatal en su comercio, y que luego pasó a manos del sector privado. La Junta Canadiense de Trigo, fue creada en 1935 y tenía como función ser el único comprador autorizado para trigo y cebada en algunas provincias del oeste de ese país. Sin embargo, el gobierno le quitó en 2012 esa facultad, hasta su privatización total en 2016.

“La centralización de las compras de materias primas no fue entregada a las empresas, sino que el Estado decidía que comprar y que vender. Los productores presionaban para poder vender por fuera de los centros de compra del Estado, con el objetivo de obtener mayores precios. Los productores lácteos neozelandeses querían aumentar su participación en el mercado mundial de leche sin depender de terceros decisores, muchas veces muy lejos de la información y conocimiento profesional”, dijo Sebastián Senesi.

Por otro lado, el especialista comentó que años atrás, tanto el Board Australiano como el Canadiense, dejaron de funcionar como tal. Hay precios de referencia y cada uno busca generar el mejor negocio. Hoy los productores de leche de Nueva Zelanda son dueños de una parte de Fonterra Co-operative Group Ltd , que es una compañía multinacional, líder mundial de productos lácteos y el mayor exportador de lácteos del mundo.

A todo esto, el especialista de la Fauba, manifestó: “En la Argentina y en otros países del mundo se intentó conseguir el precio justo al productor, y nada de eso existió, porque a los productores le terminaron pagando menos, y fue por ese motivo que Australia y Canadá terminaron privatizando los comités de compras estatales porque no sirvieron. Entonces que el Estado quiera expropiar Vicentin, no tiene ningún sentido y justificativo en términos de querer beneficiar a los productores”.

Algunos siguen planteando que la intervención del Estado en la operación y en las empresas del negocio agrícola, es necesaria para una mejor participación de los pequeños y medianos productores y una mayor inclusión social. Un estado sin déficit, que establezca reglas de juego claras, sin dobles estándares, y sin posiciones dominantes en el ámbito privado, es lo que necesitan los productores. Al menos los miles de productores que se expresan por estos días, no están de acuerdo con la expropiación de Vicentín para que sus negocios sean más rentables.

En tiempos de coronavirus, el gobierno deberá entender que el campo está dispuesto a ser protagonista para convertirse en uno de los sectores que mayor aporte realice a la reconstrucción de la economía y que es parte de la solución. Para eso, necesita incentivos y mayor seguridad jurídica. Si el camino es la implementación de medidas de intervención y expropiación de empresas, la Argentina se aislará nuevamente del mundo y se repetirán malas experiencias del pasado.

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