El impacto de la cuarentena: 15.000 empresas dejaron de pagar las cargas sociales y cayó fuerte el empleo formal

El aislamiento obligatorio dispuesto a mediados de marzo para evitar la propagación del Covid-19 tuvo un fortísimo impacto en las empresas, que recién en mayo retomaron la producción, pero con todavía importantes restricciones en las zonas con mayor aglomeración de personas y más impacto en la actividad, como es por ejemplo el AMBA.

Uno de los reflejos de esta realidad es que, entre febrero y abril, unas 15.000 empresas (2,8% del total) dejaron de presentar las declaraciones juradas de la seguridad social ante la AFIP y el empleo mostró bajas significativas, precisó el informe “Panorama Productivo” de junio elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI) del Ministerio de Desarrollo Productivo y dado a conocer este mediodía. Esta información había sido adelantada por Infobae a fines de mayo.

De acuerdo con los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en abril aportaron 526.434 empresas, lo que refleja una caída de 14.923 firmas respecto de febrero. Ello implicó que 78.757 trabajadores se vieran afectados. En cuanto a los empleados cotizantes (los que están registrados pero sin aportes), la cifra cayó en abril en 1,3 millón.

El sector de hoteles y restaurantes fue el más afectado en cuanto a los aportes a la seguridad social, ya que reflejó una caída del 8% en la cantidad de empresas que presentan declaraciones juradas. Según enfatizó Desarrollo Productivo, “si bien es prematuro catalogar esto como cierres definitivos, es un dato que ilustra el daño que ha generado el Covid-19”.

Del mismo modo, el empleo formal ha exhibido bajas significativas tras los primeros signos de mejoría observados en el primer bimestre, precisa el informe. En marzo, la cantidad de asalariados formales en las empresas cayó 0,8% (-48 mil puestos) -la mayor disminución mensual desde la crisis de 2002-, en tanto que en abril esa baja se habría consolidado (-0,6%, la más pronunciada para un mes de abril desde 2002), tal como se desprende de la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) que elabora el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.

La principal razón de estas contracciones no son los despidos (que explicaron alrededor del 10% de las bajas de abril), sino que son muy pocas las empresas que estuvieron incorporando personal: la tasa de entrada (el porcentaje de altas sobre la dotación del mes anterior) se ubicó en el 0,4%, la menor desde por lo menos 2001. De este modo, las bajas que se producen por distintas razones -renuncias, finalización de contratos, finalización del período de prueba, entre otros motivos- no se compensan con nuevas contrataciones. A ello se le suman las suspensiones, que alcanzaron en abril al 7,5% de los ocupados, la mayor cifra desde, por lo menos, 2006.

¿Reactivación?

El documento de la cartera que dirige Matías Kulfas asegura que la industria y el comercio ya se encuentran habilitadas casi en su totalidad en gran parte del país. A principios de junio, 15 provincias tenían más del 80% del empleo privado autorizado para trabajar; seis se encontraban entre el 75% y el 80%, y solo 3 por debajo del 70% (CABA, Buenos Aires y Chaco).

En el caso de la actividad manufacturera, está habilitada para producir en todo el país salvo en AMBA, mientras que el comercio está autorizado en un 85% en todo el país, con 20 provincias por encima del 95%. “En la gran mayoría del país la reapertura ha sido pronunciada; en tanto, en el AMBA la reapertura de actividades se dio a un ritmo menor al resto de las provincias debido a las mayores dificultades para controlar la pandemia”, precisa el informe. El problema, aseguran los empresarios, es que las ventas se desplomaron; en el caso de los comerciantes, están al 20% a 30% de su actividad normal previo a la pandemia.

A su vez, el consumo de energía en las plantas industriales se recuperó en la mayoría de los sectores, aunque a inicios de junio permanece aún por debajo de los niveles pre-cuarentena.

El documento también detalla los distintos esquemas de asistencia que se han generado desde el Estado en los últimos tres meses. Como la cartera precisó en el informe del mes pasado, hoy el 89% de la población argentina (unas 40 millones de personas) vive en un hogar en donde al menos una persona percibe un ingreso proveniente del Estado. Ello se debe a que más de 21 millones de adultos (el 47,2% de la población argentina) lo reciben individualmente.

Actualmente, hay cuatro grandes fuentes de ingresos monetarios en los hogares por parte del Estado. Por un lado, están las jubilaciones y pensiones (alrededor de 7 millones de beneficiarios), con una cobertura casi total en los mayores de 65 años. Por otro, el empleo público (que hoy alcanza a aproximadamente 3,2 millones de personas, incluyendo docentes y médicos de instituciones públicas de los tres niveles de gobierno). Estos dos preexistían al coronavirus.

Tras la pandemia, el Gobierno implementó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000, que alcanzó a 8,4 millones de personas en la primera ronda, y el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), a partir del cual 2,3 millones de personas que trabajan en 245.000 empresas cobraron parte del sueldo de abril por parte del Estado. En tanto, en mayo lo hicieron 2,04 millones de trabajadores.

Según la cartera productiva, el IFE junto con otras medidas de ayuda como la duplicación del monto de la AUH y la Tarjeta Alimentar en marzo y abril evitaron que entre 2,7 y 4,5 millones de personas cayeran en la pobreza y la indigencia en el último bimestre.

También se aprobaron 479.000 créditos a tasa cero por un monto de $52.272 millones, de los cuales ya se otorgaron alrededor de 340.000. En cuanto a los créditos a tasa subsidiada del 24%, al 4 de junio se habían asistido a 136.000 empresas (mayormente PyMEs), por un monto de $231.000 millones.

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