Segunda reunión: el Gobierno aseguró que Vicentin hizo una oferta insatisfactoria y que ya está al frente de la empresa

Luego del encuentro con el presidente Alberto Fernández, el CEO de la aceitera mantuvo hoy un encuentro con el interventor, Gabriel Delgado; el ministro Kulfas y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen

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El presidente Alberto Fernández recibió ayer al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, pero quedó claro que mantienen la idea de expropiar la empresa
El presidente Alberto Fernández recibió ayer al CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, pero quedó claro que mantienen la idea de expropiar la empresa

Tras el encuentro que mantuvo el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli, ayer con el presidente Alberto Fernández, en la que quedó claro que el Gobierno avanzará con el proyecto de expropiación, el empresario santafesino volvió a reunirse con el Gobierno en la sede de YPF y reiteró la misma propuesta que ya le había hecho al jefe de Estado: seguir manteniendo parte de las acciones de la compañía.

Fuentes oficiales aseguraron que esa alternativa resulta insatisfactoria y dejaron la “puerta abierta para seguir conversando, pero mientras tanto la intervención ya comenzó a gestionar la empresa". Participaron del encuentro con Nardelli el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; el interventor, Gabriel Delgado; y el presidente de YPF, Guillermo Nielsen.

“Los ex directivos de Vicentin hicieron un planteo muy preliminar que no llega a ser una propuesta, en la misma línea con lo que esbozaron en la reunión de anoche en Olivos y que el Presidente ya consideró inaceptable”, afirmaron desde la Rosada.

Según fuentes oficiales, el objetivo de la reunión era también comenzar a analizar de qué manera seguirá funcionando la compañía, que se encuentra en concurso de acreedores con una deuda que ronda los USD 1.350 millones. El proceso judicial continuará, pero el objetivo del Gobierno será diseñar un plan para que los 2.600 productores acreedores de Vicentin puedan ir cobrando de alguna manera, lo antes posible.

También se buscará la forma de que el Banco Nación, entidad a la que la empresa le debe USD 300 millones, pueda sanear su balance y que pueda volver a prestarles a los productores para que retomen la producción y vuelva a ponerse en movimiento la rueda. “Lo primero que hay que hacer es ver cuál es la verdadera situación en la que está la empresa y ponerla a funcionar”, dijeron desde la cartera productiva.

El interventor Gabriel Delgado comenzará a poner en orden a Vicentin para que vuelva a producir, antes de que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de expropiación al Congreso
El interventor Gabriel Delgado comenzará a poner en orden a Vicentin para que vuelva a producir, antes de que el Ejecutivo envíe el proyecto de ley de expropiación al Congreso

La reunión de Nardelli con el Presidente generó mucha expectativa debido a las versiones que comenzaron a trascender luego del anuncio del lunes y, especialmente, a partir de los amplios rechazos que tuvo la medida en la política y en el mundo empresario. Sin embargo, Fernández le dejó bien en claro al CEO de Vicentin que no dará marcha atrás con la expropiación. Aun así, le planteó que si tenía alguna propuesta superadora, que la escucharía.

Lo cierto –dicen en el Gobierno– es que ninguna de las alternativas sugeridas por Nardelli fue satisfactoria, teniendo en cuenta los desmanejos realizados por el empresario. “Primero propuso vendérsela al Estado; luego planteó que YPF capitalice al Banco Nación pero ellos se quedaban con una parte de las acciones. Ninguna de las opciones que trajo Nardeli contempla el hecho de que vació la compañía”, dijeron en el Gobierno. Y agregaron: “La única salida jurídicamente posible es la expropiación”.

Mientras tanto, desde la industria aceitera y exportadora de cereales expresaron hoy su “profunda preocupación” por la intervención de la compañía y plantearon que “se deben respetar todos los procedimientos legales y la división de Poderes, emanados de la Constitución Nacional”.

Mediante un comunicado, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) afirmaron que “la eventual participación del Estado nacional en el sector no es necesaria ni conveniente, con el claro potencial de distorsionar y afectar una industria pujante y que ha sido ejemplo mundial de inversiones privadas en innovación y desarrollo". “Además –aseguraron las entidades-, la intervención del Estado argentino no es el mensaje adecuado para la comunidad empresarial ya que, si no se consigue brindar certidumbre, el acceso al financiamiento internacional será muy difícil y el ingreso de divisas se pondría en riesgo”.

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