Greenpeace denuncia “bombardeo sísmico” del Mar Argentino autorizado durante el gobierno de Macri

Hoy, Día mundial de los Océanos, la organización ambientalista Greenpeace denunciará a Juan José Aranguren y Gustavo Lopetegui, respectivamente ministro de Energía y Minería y secretario de Energía durante el gobierno de Mauricio Macri, por “la falta de transparencia” y la concesión “a espaldas de la sociedad” de permisos de exploración sísmica a la empresa noruega TGS por más de un millón de kilómetros cuadrados en el Mar Argentino hasta el año 2025.

La presentación será de tipo testimonial, no judicial. Entre las áreas habilitadas, adelantaron fuentes de la organización, se incluyen zonas identificadas como futuras áreas marinas protegidas por la importancia de sus ecosistemas y que son hábitat de, entre otras especies, el delfín franciscana, la ballena franca austral y diversas especies de pingüinos.

Las áreas abarcadas, destacaron, también incluyen zonas de forrajeo del Pingüino de Magallanes y de producción de anchoíta, merluza y calamar, entre otras especies marinas. Según Greenpeace, los permisos se otorgaron “sin consulta pública ni tratamiento parlamentario, a pesar de su extenso alcance, para realizar exploración sísmica de hidrocarburos”.

Esta práctica, que la organización ya denunció en otras ocasiones consiste en la generación de potentísimas ondas sonoras mediante cañones de aire que impactan áreas de más de 300.000 kilómetros cuadrados, una superficie similar a la de la provincia de Buenos Aires.

“La intensidad del sonido es comparable a las bombas de Hiroshima o Nagasaki. Toda la biodiversidad marina, en especial los mamíferos como ballenas y delfines, es afectada”, dice un borrador de la presentación que hará el grupo ambientalista.

El proceso de otorgamiento de permisos lo inició en 2017 el entonces ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, mediante la Resolución 19-E/2017 de su cartera. El permiso era por un plazo de dos años y abarcaba 444.700 kilómetros cuadrados, dice Greenpeace, pero en 2019 la cartera, devaluada a secretaría de Energía y a cargo de Gustavo Lopetegui, extendió el permiso a través de la resolución 94/2019 de esa repartición, hasta el 7 de febrero de 2025.

Tónica

Consultado por Infobae, Lopetegui respondió que se mantendría “en la tónica que mantuve desde que me fui del gobierno, no hacer ninguna declaración”. Desde el entorno del actual secretario de Energía, Sergio Lanziani, dijeron también que no harían ningún comentario sobre el tema.

Aranguren, en cambio, respondió que el ministerio de Energía y Minería, que encabezaba, “dio siempre cumplimiento a la legislación vigente e impulsó las mejoras regulatorias que aseguraran una mayor transparencia y la modernización de las prácticas de la industria” y se remontó a la ley 17.319, de 1967, que creó los “permisos de reconocimiento superficial”, luego “reglamentados por la Resolución SE 131” que -señaló- “obliga a los permisionarios aplicar las técnicas más modernas, racionales y eficientes” y a cumplir todas las normas vigentes respecto de la ejecución de los trabajos, incluyendo las de protección del ambiente".

También invocó la Resolución SE 25/2004 sobre los “Estudios Ambientales para Permisos de Exploración y Concesiones de Explotación de Hidrocarburos” y resaltó que los permisos de prospección preliminar son “no exclusivos, es decir que pueden otorgarse a todos los solicitantes que así lo requieran y no confieren derechos sobre las áreas prospectadas”. El procedimiento, agregó, involucró también a la secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, que supervisaba los estudios de Impacto Ambiental antes de autorizarse cualquier permiso.

Más aún, señaló Aranguren, fue justamente su cartera la que promovió en 2018 una resolución para “asegurar la transparencia de los procedimientos y brindar seguridad jurídica a los interesados" de la que surgió el “Reglamento para el Otorgamiento de Permisos de Reconocimiento Superficial en el Ámbito Costa Afuera Nacional”, que explicita el requisito de un estudio de impacto ambiental, y también la Resolución Conjunta 3/2019 de la secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable para “unificar criterios y armonizar procedimientos administrativos” de los que participaban Energía, Ambiente y Agricultura, Ganadería y Pesca.

Todas las resoluciones de otorgamiento de permisos se publicaron en el Boletín Oficial, dijo el ex ministro de Macri, quien incluso recordó que en sus informes al Congreso el entonces Jefe de Gabinete, Marcos Peña, “mencionó estos permisos de reconocimiento superficial en al menos tres ocasiones”.

En otro tramo de su denuncia, Greenpeace considera “preocupante que una empresa (por la noruega TGS) tenga semejante poder para vulnerar la biodiversidad y los ecosistemas del Mar Argentino” e insiste en que el proceso tuvo lugar “a espaldas de la sociedad argentina”, que los permisos excedieron el plazo de gestión del gobierno otorgante y se dieron luego de “una simple presentación administrativa de una Evaluación de Impacto Ordinaria ante la Secretaría de Energía”.

De ese modo, dice Luisina Vueso, coordinadora de la campaña por la protección del Mar Argentina de Greenpeace, TGS consiguió una suerte de “carta blanca para realizar una de las actividades más dañinas e invasivas como la exploración sísmica, bombardeando prácticamente toda la plataforma continental del Mar Argentino”.

Aranguren, sin embargo, dijo que por iniciativa de Spectrum y luego TGS “las operaciones de prospección contaban con la participación de dos observadores marinos, que asistieron en dichas operaciones y recolectaron información para la elaboración de estudios científicos sobre la flora y fauna marina”.

TGS es una empresa noruega de geoservicios offshore, incluidos mapeos 3D, para empresas petroleras. Su lema es “la energía empieza con nosotros”. En agosto de 2019 adquirió a la también noruega Spectrum y se jacta de ser líder mundial en exploración sísmica de ultramar gracias a una “exhaustiva selección de tecnologías marinas avanzadas para delinear, caracterizar y monitorear reservorios petroleros”.

Campaña

A fines de abril Greenpeace ya había denunciado la exploración sísmica por onda sonora en el Mar Argentino. “Se trata de disparos con cañones de aire submarinos que emiten ruidos increíblemente potentes. Las ondas sonoras viajan al fondo del océano, se reflejan y son captadas por sensores remolcados detrás de los buques de exploración", explicó.

De resultas, dijo entonces Vueso, “los ecosistemas marinos y las especies que viven allí están sufriendo un bombardeo acústico sin precedentes. Hay enormes buques generando ondas extremadamente ruidosas bajo el mar para encontrar nuevas zonas de donde extraer hidrocarburos, que seguirán contaminando el planeta una vez que sean utilizados”.

Este bombardeo, anticiparon, afecta la diversidad marina y en especial a mamíferos como ballenas y delfines, pudiendo cambiar su comportamiento y producirles estrés, menor crecimiento, discapacidad auditiva, lesiones masivas y hasta la muerte por ahogamiento o varamientos. “Son ruidos dos o tres veces superiores a la intensidad necesaria para romper el tímpano humano”, alertaron entonces.

Esa es, precisamente, otra objeción de Greenpeace. “No solo las especies que allí viven sufrirán un bombardeo acústico sin precedentes para encontrar zonas donde extraer hidrocarburos, sino que dicha industria traerá consecuencias peores aún para el Mar Argentino”.

La posterior expansión de la frontera petrolera “expondría a los ecosistemas y a las costas de nuestro Mar a riesgos incalculables, como un posible derrame petrolero”, dice la organización.

“Considerando el contexto actual de crisis climática, la prioridad del gobierno en términos energéticos debe ser el abandono de los combustibles fósiles y una transición hacia energías limpias”, dijo Vueso. Aranguren señaló que desde su cartera se impulsaron las energías renovables “en consonancia con el compromiso de nuestro país con los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas” y que la “transición energética” del sector hizo que la participación de las energías renovables pasara “de menos del 1% hasta el 10% de la generación eléctrica en abril de 2020”.

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