Complejo Al Río: el Gobierno anuló la concesión de un predio premium que había otorgado Macri al municipio de Vicente López el año pasado

Según explicaron desde la Agencia de Administración de Bienes del Estado, se dio marcha atrás con el permiso porque daba lugar a la construcción de torres que podían generar inconvenientes en la zona

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Una imagen aérea el área
Una imagen aérea el área

A través de una resolución de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el Gobierno revocó la asignación de un predio al Municipio de Vicente López, que había sido otorgado en noviembre del año pasado, durante el Gobierno de Mauricio Macri, y que hasta ese momento estaba bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa.

El predio cuenta con 7.196,49 metros y fue otorgado por la gestión anterior al municipio bonaerense, que lo iba a destinar a la extensión del proyecto inmobiliario del complejo “Al Río”. Vale aclarar que nada de los construido y adjudicado hasta el momento, como torres de vivienda y oficinas y restaurantes, está dentro de esta franja de terreno sobre la que se tomó la decisión. El terreno que vuelve a Defensa no está construido.

Mediante una resolución, firmada por Martín Cosentino y Juan Debandi, presidente y vicepresidente de la AABE, se resolvió dejar sin efecto el permiso de uso firmado con la Municipalidad de Vicente López y reasignarle el uso del inmueble al Ministerio de Defensa y el Estado Mayor General de la Armada.

Según explicaron fuentes cercanas al organismo, se dio marcha atrás con el permiso de uso porque daba lugar a la construcción de grandes edificaciones que podían generar inconvenientes de infraestructura en la zona, lo que había generado, en ese momento, el descontento entre varios vecinos.

El proyecto de división en
El proyecto de división en lotes del predio, que ahora fue reasignado a la Armada

La idea para revertir la cesión del predio es que el proyecto inmobiliario que se llevaría adelante en el marco del permiso de uso generaría graves inconvenientes en una zona residencial, con pocos espacios verdes. Los vecinos de la zona ya se habían manifestaron en contra de la iniciativa.

El predio que pasará nuevamente a las manos del Ministerio de Defensa fue, durante décadas, sede del club Bouchard perteneciente a personal de la Armada. Cerca del 2005, el gobierno de Néstor Kirchner realizó el aliviador Vial de Libertador y Lavalle, por lo que fue necesario achicar el espacio que ocupaba el club.

En 2018, se comenzó con un gran desarrollo vial e inmobiliario que tenía como fin la construcción del complejo “Al Río”, que comenzó con torres de oficinas, pero que terminaría de completarse con la construcción del Proyecto “Anexo Boulevard Lavalle”, que contemplaba la construcción de torres de 20 pisos y 60 metros, según la información de AABE.

En los argumentos de la Resolución, publicada en el Boletín Oficial, se destacó que el Ministerio de Defensa solicitó la reasignación del predio bajo su órbita porque el proyecto inmobiliario atentaba contra la integridad del inmueble, donde hay varias edificaciones que forman parte del Polo Educativo Instituto Universitario Naval y ponía en riesgo la operatividad y el funcionamiento de las instalaciones y la continuidad de las actividades que la fuerza lleva adelante en el predio.

El proyecto a desarrollarse generaría graves inconvenientes para la Armada en el caso de que la fracción de terreno en cuestión sea utilizada para construcción de edificaciones o instalaciones, debido a que en la misma se alojan los nexos de las infraestructuras de servicios que abastecen las redes internas del predio, las cuales provén a las edificaciones el suministro de agua corriente, cloaca, telefonía e Internet, cuya alteración o afectación podría poner en riesgo la provisión de dichos servicios a las edificaciones”, señaló la Dirección General de Material de la Armada en una nota al Ministerio de Defensa.

También manifestaron que el proyecto generaría problemas de inseguridad, ya que la superficie de estacionamientos —que ya ejecutó el Municipio— fue realizada sin contemplar una eventual ampliación, con la “posibilidad latente” de que sean vandalizadas las edificaciones e instalaciones del Estado Mayor General de la Armada tiene en el lugar.

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