Los empresarios siguen de cerca los movimientos de la Casa Rosada. Mientras esperan saber cuáles serán las nuevas medidas con las que el Gobierno busca aliviar el peso de la crisis, observan con atención como avanza el posible impuesto a las grandes fortunas y bienes no productivos.
El vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) y titular de la Copal, Daniel Funes de Rioja, habló con Infobae al término del comité de crisis de la UIA que se reunió esta mañana y en el que se discutieron diferentes alternativas para empezar comenzar a reiniciar el ciclo económico. Aunque el dirigente empresarial de la cámara que agrupa a las empresas del sector alimenticio aclaró que en este momento la prioridad es la salud, señaló que es el momento de empezar a pensar en soluciones.
Consultado sobre si se había discutido en la mesa de los industriales el avance del proyecto de ley que están elaborando los diputados Máximo Kirchner y Carlos Heller, con el que se buscaría crear un impuesto por única vez a la riqueza no productiva, Funes de Rioja dijo que prefería no opinar directamente de la idea del tributo, aunque hizo la salvedad de que le parecía importante que se entienda que no hace falta más impuestos sino más incentivos a la inversión.
- ¿Qué opinión le merece un posible impuesto a las fortunas?
- Nosotros, los empresarios, no vamos a opinar puntualmente de este tributo todavía. Sí creemos que hay que entender que estamos en contra de que haya más impuestos y estamos a favor de que se incrementen los incentivos para que crezca la inversión. El “repechaje” de esta situación entre lo que puede llevar que baje el proceso de contagio del coronavirus y se vuelva a poner en marcha la producción va a durar, como mínimo, unos seis meses a partir de mayo. Y en algunos sectores ese proceso va a ser aún más extenso, por lo que tenemos que empezar a pensar medidas para ese momento.
- ¿Con cuáles medidas debería avanzar el Ejecutivo'?
- Se debería ir por el camino de las asignaciones complementarias y las reducciones de las cargas sociales. Además todo debería ser con un trámite muy breve y muy veloz. La aplicación del artículo 223 bis de la Ley de Trabajo –que establece la posibilidad de una suspensión concertada y cierra colectivamente o con un único trabajador el porcentaje del sueldo que percibirá durante el período sin tareas– y obviamente todo tiene que ser sin cargas sociales. Las empresas no están trabajando, no tienen ingresos para pagar.
- ¿Cómo se están comportando los sindicatos en este contexto?
- Los sindicatos industriales y privados que son los que nosotros conocemos están siendo muy dialoguistas. Están en la mesa con un diálogo muy constructivo en busca de soluciones; son muy conscientes de la situación. Hoy no hay conflictividad porque, además, la conflictividad es el camino al cierre de las empresas.
- En este paquete de medidas, y teniendo en cuenta la posibilidad de quebrantos masivos, ¿qué entiende que debería pasar con la Ley de quiebras?
- No tengo muy en claro si habría que llevara adelante una modificación de la norma o no. Lo que sí es que habría que buscar mecanismos concursales porque no cabe ninguna duda que la situación que están viviendo las empresas argentinas es de fuerza mayor.
- ¿Qué implicaría en este contexto un default de la deuda?
- Preferiría no hablar de default hasta que eso no suceda. Hoy hay que entender que hay que darle una solución a la deuda. La mejor solución que se le pueda encontrar, por eso espero que no tengamos que hablar de default.
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