
Los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Trabajo, Claudio Moroni, dispusieron una asistencia especial familiar, por ahora por única vez de $10.000, aunque “podría repetirse si la situación lo amerita” a liquidar en los primeros días de abril, para adultos de 18 a 65 años. La asignación llevará el nombre de Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y podrán recibirla quienes cumplan con las siguientes características, según precisa el decreto 310 publicado en el Boletín Oficial de este martes:
1. Ser un trabajador en la informalidad, no registrado, que no tenga otro ingreso más que la percepción de la Asignación Universal por Hijo (AUH). La Encuesta Permanente de Hogares del Indec estima que en la Argentina la proporción de asalariados en negro es del 34% de los trabajadores en relación de dependencia; unos 2,2 millones de trabajadores que no tienen aportes al sistema de jubilaciones y pensiones;
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2. Monotributista único, que no tenga otro ingreso declarado, como asalariado en blanco, pensionado, jubilado o trabajador autónomo, ni trabajador registrado de casas particulares, inscriptos en categorías “A”, hasta $208.339,25 y “B" $313.108,87, de ingreso acumulado en los pasados 12 meses, un promedio mensual de $17.361,60 en el primer caso; y $26.092,40 en el segundo.
La AFIP tiene registrados unos 3,2 millones de trabajadores en esa condición, pero el Ministerio de Trabajo identificó que se reduce a casi 1,6 millones la cantidad que no depende de otro ingreso. Del total, unos 2 millones están anotados en las escalas de ingreso A y B, y según la relación anterior, poco más de 900 mil serían dependientes de lo que facturan solamente como monotributista, dada la alta proporción de pluriempleo que se observa en la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.
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3. Monotributista Social; el último dato de Trabajo es de 366.000 trabajadores en esa condición;
4. Perceptoras de Asignación Universal por Embarazo; existen 159.000, según las previsiones del Presupuesto 2020, no tratado; y
5. Beneficiarios como único recurso monetario del Plan Progresar, actualmente unos 530.000 estudiantes que perciben menos de $6.000 por mes.
El ministro Claudio Moroni precisó en una informal rueda de prensa en Olivos que los trabajadores detallados previamente quedarán excluidos si se comprueba que: “tienen un gran patrimonio; reciben una renta financiera o inversiones como plazos fijos; y si no es argentino, o naturalizado y residente con más de dos años”.
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Los excluidos del IFE
Al mismo tiempo, quedaron excluidos de esta asistencia especial familiar:
1. Monotributistas registrados en las categorías C o superior, unos 1,6 millones de trabajadores;
2. Autónomos registrados en la AFIP, 400.000 aproximadamente;
3. Jubilados;
4. Pensionados;
5. Trabajadores informales mayores de 65 años, pese a que muchos con edad superior a ese tope aún se desempeñan en un trabajo precario, porque no obtienen otro ingreso; y quienes
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6. Si percibe él o la solicitante o algún miembro de su grupo familiar, si lo hubiera, ingresos por trabajo en relación de dependencia registrado en el sector público o privado; monotributistas de categoría “C” o superiores y régimen de autónomos; prestación por desempleo; jubilaciones, pensiones o retiros de carácter contributivo o no contributivo, sean nacionales, provinciales, municipales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; ni planes sociales, salario social complementario, Hacemos Futuro, Potenciar Trabajo u otros programas sociales nacionales, provinciales o municipales.
El ministro de Trabajo precisó: “La medida beneficia a 3,6 millones de hogares. Vamos a dar el ingreso a las familias que no tengan ningún otro tipo de ingreso”, con la excepción del originado en la percepción de la AUH.
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El IFE de $10.000 representa casi 2 meses del valor de la Canasta Básica Alimentaria, umbral de indigencia, que para el adulto mayor el Indec estimó en febrero en $5.432,32; o el 75,8% de la Canasta Básica Total, o umbral de pobreza, que la valuó en 13.200,54 pesos.
"Lo que estamos haciendo es asegurarnos que todas las personas que viven en la Argentina quedan protegidas en esta situación de crisis, la prioridad es la salud”, dijo el ministro Moroni.
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Mientras que Guzmán, previamente resaltó: “En el mundo se están siguiendo tres esquemas: transferencias directas de ingresos, proteger el trabajo, promover seguros de desempleos. Argentina está desarrollando las tres acciones al mismo tiempo", considerando las que se dispusieron previamente para “sostener los ingresos de las familias más afectada por la emergencia sanitaria”:
1. Pago extra de la Asignación Universal por Hijo y Asignación Universal para Embarazadas, de $3.103, Hacienda estimó que la medida alcanzó a 4,35 millones de beneficiarios;
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2. Bono para jubilados y pensionados de $3.000, únicamente para los que perciben la mínima, desde $15.891,49 hasta un tope decreciente de $18.891,49 desde marzo, el cual fue reglamentado con la publicación este martes en el Boletín Oficial del decreto 309; cubre un universo de 4,65 millones de personas, entre ordinarios, Prestación Universal Adulto Mayor (PUAM); y por vejez e invalidez; y
3. Bono para perceptores de planes sociales de $3.000 para unas 556.000 personas que cobran la mitad del salario mínimo.
Según fuentes oficiales, “el anuncio de los ministros de este lunes tendrá un costo fiscal de $36.000 millones, por única vez, los cuales no provendrán de la emisión de dinero del Banco Central sino de la reasignación de fondos del Presupuesto originalmente destinados a otro destino”.
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