
En medio de la polémica por los terrenos cedidos a la Ciudad de Buenos Aires por la Nación durante el gobierno de Cambiemos, y luego vendidos, se suma otro caso controvertido que involucra a la conducción de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) durante la gestión de Mauricio Macri.
El caso está en la Justicia desde 2016, pero es mucho más antiguo. Se remonta a 1996 cuando Cencosud, el grupo chileno que es dueño en el país de Jumbo, Easy y Blaisten, compró un terreno de 20 hectáreas, que había pertenecido a Obras Sanitarias en San Isidro, y 20 años después anunció que allí iba a levantar un megaproyecto con tres torres, un shopping y seis condominios, con debut del holding que dirige el alemán Horst Paulmann en ese rubro inmobiliario. Pagó USD 22 millones por el terreno y estaba dispuesto a invertir unos USD 600 millones, pero el proyecto nunca comenzó. La empresa argumenta que nunca hubo normativas municipales ni provinciales para llevarlo adelante.
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En medio de esa demora, hace tres años, AABE inició un proceso para recuperar el terreno argumentando que la empresa nunca cumplió una condición esencial de la venta que era presentar en menos de 10 años un proyecto urbanístico.
Ahora, según un documento presentado en la Justicia esta semana, la compañía denuncia en la Justicia la politización del proceso y habla de que el mismo se “desnaturalizó”.
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“Concurrimos a denunciar el riesgo serio y concreto de que el presente proceso judicial devenga en una arena de debate político y/o urbanístico y/o ambiental”, asegura, y explica que “el riesgo se originaría en lo que aparenta ser un inusual desvío de poder pergeñado por las autoridades del AABE, las cuales, a través de maniobras extraprocesales y asumiendo, incluso, una posición contraria a la desarrollada por su defensa jurídica, habrían pretendido utilizar el presente proceso judicial como mecanismo de promoción personal con fines ajenos a lo que se debate”.
Si bien no hay una mención directa, cuando se habla de “promoción personal” la empresa apuntaría a Ramón Lanús, ex titular del AABE, originario de San Isidro y con supuestos intereses políticos en la zona. No sólo eso; sin entrar en detalles, también se menciona que “otros sectores políticos pretenden utilizar el presente proceso judicial con fines propios de la política agonal” y argumentan que muchas de las protestas y manifestaciones en contra del proyecto habrían estado digitadas.
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“El presente proceso no versa sobre el destino de la edificación que corresponde al inmueble, así como tampoco sobre el interés ambiental y/o social que pueda existir en contar con una plaza, un parque o la apertura de calles”, explica la compañía sobre reclamos de vecinos en la zona. Explican que esta demanda es sólo para saber quién es el dueño del millonario terreno.
Martín Cosentino, el nuevo titular de AABE, será uno de los nuevos protagonistas de esta demanda en representación del Estado local. Resta saber qué postura tomará el organismo en este caso. Por el momento, prefirieron no hacer comentarios. Una de sus primeras medidas, sin embargo, fue denunciar que el ex presidente Mauricio Macri autorizó la cesión de más de 30 inmuebles de la Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires por un total de $15.800 millones.
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