
El impuesto del 30% sobre el valor del dólar oficial para los consumos en moneda extranjera aportaría al Fisco entre USD 1.400 y USD 1.500 millones, una cifra que supera el monto que aportará la suba dispuesta en las retenciones. La eliminación del tope de $4 por dólar exportado, que lleva a 12% los derechos de exportación al trigo y maíz y a 30% para la soja reportará una recaudación adicional de unos USD 1.200 millones. Sólo si el Gobierno aprueba la posibilidad de una suba de otros 3 puntos -facultad que el Presidente le solicitará a Congreso según él mismo anunció ayer-, la suba de los impuestos a los exportadores arrimaría unos u$s 720 millones más, es decir USD 1.900 millones adicionales en total.
La comparación es anecdótica pero ayuda a explicar la intensidad con la que el Gobierno impulsa una medida no sólo de alto costo político sino también con serias contraindicaciones para la actividad económica: el impuesto bautizado “dólar turista” puede significar una recaudación equivalente a 0,5% del PBI, calculó Miguel Kiguel, titular de la consultora Econviews. Esto es más de la mitad de lo que sumará el total del paquete impositivo según proyectan bancos de inversión y economistas.
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“En conjunto, el aumento de impuestos a nivel nacional, suma entre 0,8% y 0,9% del PBI”, estimó Fausto Spotorno, director del Centro de Estudios Económicos de la consultora OJF. La misma proyección hizo el Citi en un informe reservado a sus clientes, la mayor parte de ellos muy atentos a las instancias de la negociación de la deuda.
Desde esa perspectiva, las medidas anunciadas apuntan a enviar una señal positiva al mercado: hay conciencia de las restricciones presupuestarias y cierta vocación de disciplina fiscal. Con esta mirada, al menos, se espera que sea interpretada la más polémica de todas las medidas, la decisión de suspender la actualización por inflación de las jubilaciones y reemplazarla por aumentos discrecionales por decreto.
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La suspensión de la fórmula de movilidad jubilatoria se aplica también a la AUH. Entre ambos explican 70% del gasto público que quedará, si el Congreso lo habilita, desacoplado del nivel de inflación. El Gobierno de Alberto Fernández tendría, de este modo, el camino allanado para un fuerte ajuste en las cuentas públicas, lo cual, naturalmente, los inversores naturalmente ponderarán. De hecho, la desindexación de las jubilaciones es vista como la condición sine qua non de un plan con consistencia fiscal de mediano y largo plazo que haga sostenible el pago futuro de la deuda, tras el proceso de reestructuración.
Sin embargo, persisten otras dudas. Por caso, el efecto recesivo de todo el paquete de ajuste. Y, tal como viene anunciado Alberto Fernández, la Argentina tendrá dificultades para pagar la deuda si no crece.
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“Una primera lectura del mercado podría ser favorable, se buscan recursos para cerrar las cuentas. Pero faltan medidas para el crecimiento y las señales que se han enviado son contrarias a la producción”, opinó Spotorno. Según el economista, no sólo el aumento de retenciones y el recargo de 30% sobre el dólar oficial generarán impactos negativos sino también la marcha atrás del Pacto Fiscal consensuado por el gobierno anterior con los gobernadores. La suspensión de este acuerdo permitirá a las provincias volver a subir Ingresos Brutos y otras percepciones.
El gran interrogante se centra en el resultado final de las políticas de estímulo al consumo. ¿Se animarán las empresas, en un contexto de alta incertidumbre, a aumentar la producción a partir un eventual repunte del consumo durante el verano? ¿O preferirán subir precios? ¿O tal vez ninguna de las dos? La reimplantación de la doble indemnización por 180 días parece indicarles una fecha a partir de la cual empezar a tomar decisiones en ese sentido.
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Lo cierto es que, detrás de las medidas en discusión y el nuevo acuerdo con los gobernadores para anular el consenso fiscal de 2017, en el mercado leen otro mensaje: la inflación no será prioridad. Así lo destaca también el informe del banco norteamericano. El salto en el precio del dólar blue, que ayer cerró en un máximo de $ 72.50, y el mayor costo para la importación de servicios, mayormente tecnológicos, tendría cada vez mayor incidencia en el nivel de precios. “Más allá del recargo sobre el consumo de servicios, hay un impacto en el costo de las empresas que se terminará trasladando a precios. Casi todas las compañías hoy están mudando sus servicios de almacenamiento en la nube, contratan hosting de webs en el exterior, todo eso se va a filtrar a precios”, vaticinó Spotorno.
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