
Luego de 90 días, este miércoles culminó el plazo que estableció el Gobierno -vía decreto- para el congelamiento del precio de los combustibles, y las naftas y el gasoil ya se incrementó un 5% en promedio. Desde el Poder Ejecutivo decidieron no prorrogar la medida porque consideran que cumplió su objetivo de contener una escalada de precios aún mayor tras la profundización de la crisis luego de las elecciones Primarias del 11 de agosto. Por lo que desde las primeras horas de este jueves, las petroleras disponen de total libertad para fijar su política comercial. Algunas estaciones ya cambiaron las pizarras durante la madrugada.
Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (Cecha), manifestó el pasado martes en diálogo con Radio La Red: "Hay grandes posibilidades de que haya una actualización de los precios de los combustibles el jueves, de entre 5% y 6%”. Y así fue.
Las compañías petroleras aseguran que los precios de las naftas y el gasoil tienen un atraso de 15% pero estiman que a partir de ahora las subas se irán haciendo de forma gradual y escalonada hasta llegar a ese porcentaje. Por otro lado, el 1° de diciembre, por ley, hay una actualización de los valores de los impuestos que se aplican a los combustibles, lo que podría generar otro aumento de precios.
Las petroleras están a la expectativa de la asunción de Alberto Fernández por un eventual llamado a un acuerdo social que incluya una política de precios restrictiva, por lo que prevén anticiparse dado que de lo contrario las encontraría con un atraso importante en relación a otros sectores de la economía que aplicaron aumentos desde agosto.
“La idea es aprovechar la ventana hasta el cambio de gobierno para achicar un poco más la brecha”, dijeron en una petrolera. Del último aumento del 5%, dispuesto a partir del 31 de octubre, casi 1% correspondió a una suba de impuestos (treparon 6%) y el otro 4% “se repartió entre los biocombustibles y las petroleras. "Sería lógico que aumenten algo más para compensar a productores y refinadores y en diciembre vuelvan a ajustar el impuesto”, señalaron desde la Confederación de Entidades de Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha).
El precio de los combustibles que se ve reflejado en los surtidores de las estaciones de servicio depende de varios factores: el precio internacional del crudo, el valor del dólar, los impuestos a los combustibles (el Impuesto a los Combustibles Líquidos y el impuesto al dióxido de carbono) y el precio de los biocombustibles. Los impuestos a los combustibles se actualizan por trimestre sobre la base de las variaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Indec.
La aplicación del congelamiento, según explicó Bornoroni, impactó en la disponibilidad de combustibles. “Venimos con un problema porque el congelamiento trajo cupos en las estaciones de bandera (con la marca de una petrolera) y desabastecimiento en las estaciones blancas (que no pertenecen a una red). Ya venimos con imposibilidad de vender más porque el cupo que nos ponían las petroleras era el promedio de los tres meses anteriores donde teníamos una caída del 5% en las ventas", describió el titular de Cecha, que representa a los dueños de las estaciones de servicio.
Y agregó que como consecuencia del congelamiento, Vaca Muerta está trabajando al 50 por ciento. “Esto viene a liberar el mercado y que haya combustible. El impacto va a terminar siendo positivo, pero el congelamiento con desabastecimiento y cupo generó una crisis importante en un sector y algunas estaciones de servicio cerraron”, agregó. Consultado sobre qué puede pasar con los precios a partir del 10 de diciembre, con la llegada de Alberto Fernández a la presidencia, Bornoroni estimó que el nuevo Gobierno va a tener una “política energética clara” y que las petroleras van a tener que esperar los nuevos lineamientos.
Decreto de congelamiento
Luego de las PASO y con la profundización de la crisis económica, el Gobierno decretó el congelamiento del precio de los combustibles y el barril por 90 mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, luego de no acordar con las principales empresas del sector. Si bien en un principio, el Gobierno anunció que utilizaría como base la Ley de Abastecimiento de 1974, se sancionó mediante un DNU que generó una fuerte resistencia por parte del sector petrolero y de los gobiernos provinciales, que se presentaron ante la Justicia con diversos amparos. La primera firma que actuó fue Vista Oil & Gas, cuyo CEO es Gastón Remy, pero luego le siguieron las otras, que presentaron, a través de la Cámara Argentina de la Energía (CADE), una demanda en reclamo de la inconstitucionalidad de la norma.
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