Indefinición de los candidatos sobre el agro, el sector clave de la economía argentina

En plena campaña electoral, no se sabe qué papel desarrollarán las nuevas autoridades, una vez en el mando. Por ejemplo, es harto difícil dilucidar qué política aplicará el peronismo kirchnerista. Más todavía, si se recuerda el crudo conflicto del 2008.

Para ello, vale recordar el concepto de Douglass C. North (premio Nobel en economía) sobre path dependence o dependencia de una senda. Se trata de un concepto, tanto a nivel individual como grupal, ligado al conjunto de ideologías, mitos, dogmas, prejuicios y sistemas de creencias que inciden en la toma de decisiones. Intenta comprender cómo los pasos precedentes llevan a determinaciones presentes. Es decir que se refiera a cierta dependencia de decisiones previas o del camino tomado en el pasado para la acción presente.

La idea central es que si en el pasado se tomaron determinadas decisiones, es probable que, aunque se hayan modificado las condiciones del entorno, se apliquen las mismas políticas.

El fantasma de la distribución de ingresos por parte de una unidad ejecutora y discrecional es parte de tal senda, como muestra buena parte de la historia. Y ella abre un horizonte de incertidumbre que actúa como traba para el espíritu emprendedor e inversor del agro. Cuando el Príncipe opera discrecionalmente, la sociedad experimenta otra forma de inseguridad jurídica que se disfraza de legal.

Los candidatos a la Presidencia deberían comprometerse en una política de Estado que comprenda a la cadena agroindustrial como un todo. Ello exige la comprensión de ésta como un motor central de la economía, en lugar de ser apreciada como una fuente de recursos, que habrá de ser mayor si los tiempos son venturosos, y menor si están alicaídos.

La visión de coyuntura nubla el negocio y atenta contra el largo plazo. Así, no se permite el crecimiento de una clase de empresarios rurales, de empresarios de las agroindustria y de empresarios de servicios.

Se requiere una estrategia impositiva coherente y estable, en el largo plazo, que pene las ineficiencias y premie la inversión. La creciente globalización obliga a incrementar la productividad de la economía. Y el mundo de hoy induce a asignar cada vez mayores recursos a aquellas actividades poseedoras de ventajas naturales superiores a la media de las economías del planeta o que tienen mayor capacidad de desarrollo de ventajas comparativas.

Ello exige una abierta reconsideración, por parte de la dirigencia toda, con el sector agrario y agroindustrial como socio para elevar el grado de desarrollo, reemplazando el criterio mercado- internista por el exportador y de integración al mundo.

Pero, si se vuelve a decisiones previas como permitir los déficit fiscales, sin tocar la estructura de costos de la administración pública y mediante políticas populistas, con un estilo confrontativo y una reinterpretación oficial de la historia, persistirá la tendencia a nuevas trasferencias de ingresos desde el sector agrario hacia el Estado.

El creciente gasto público, por décadas ha escondido, en mayor o menor medida, la búsqueda de beneficios políticos, merced a la distribución irresponsable e interesada, a través del gasto. Esta suerte de dependencia de la senda debe cortarse.

De lo contrario, el país no hará uso de todo su potencial. Y el desarrollo nacional será, en definitiva, el pato de la boda.

Es el propio sector, esto es la cadena agroindustrial con el eslabón primario a la cabeza, el que debe bregar por la anulación del déficit fiscal crónico o del gasto público desmedido. Se trata de que cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial, en una visión estratégica, actúen solidariamente en pos de cuentas públicas equilibradas. En tanto este cuadro exista, la cadena seguirá siendo cómplice –involuntaria- de la actitud cortoplacista de los gobiernos de turno.

En nuestro país son las inversiones basadas en los recursos naturales las que gozan de mayor relevancia. Ello de ninguna manera significa que muchas industrias deban ser dejadas de lado, como tampoco implica que, por abocarse a los recursos naturales, deba abandonarse la manufacturación de los bienes que ellos permiten.

(*) Manuel Alvarado Ledesma es director de Consultoría Agroeconómica (CAE). Profesor de la UCEMA