Estudios internacionales revelaron que hay mucho más delito económico que corrupción

Es obvio y comprensible que una conferencia sobre los delitos económicos en la región no tuviera casi nada de difusión mediática. Tan obvio como que la noticia del ex vicepresidente Amado Boudou y la cobertura del Gloriagate hayan concentrado gran interés de periodistas y del público.

Pero lo que se trató el martes en el Tercer Encuentro de Periodistas sobre Flujos Financieros Ilícitos organizado por la Red Latinoamericana sobre Deuda, Desarrollo y Derechos (Latindadd), revela la desproporción que existe entre la importancia que se le da socialmente y mediáticamente a la corrupción gubernamental en comparación con los delitos económicos en los que no participan funcionarios ni políticos.

En los cuadernos de Oscar Centeno figuran movimientos por USD 35.645.000 en coimas pagadas por empresarios, aunque el fiscal Carlos Stornelli estima que toda esa trama de corrupción alcanza los USD 160 millones a lo largo de los años que abarca el relato del chofer.

Es una montaña de dinero. Suficiente para construir cinco mil viviendas sociales, por ejemplo. Y si lo que saltó a la luz del área de energía a cargo de Baratta, se proyectara a lo que estaba en la órbita de José López, Ricardo Jaime, y al resto de los bolsones de corrupción que hubo en el gobierno anterior, la cifra se multiplicaría bastante. Sin embargo, esa cifra quedaría pequeña en relación con lo que mueve el delito económico puramente privado.

En el encuentro de Latindadd se exhibió un cuadro elaborado en base a datos de la Cepal que muestra que el flujo de dinero ilícito que registró la Argentina el año pasado superó los USD 11.000 millones.

Según lo que explicó el especialista costarricense Jorge Coronado: "La mayor parte de estos flujos ilícitos vienen de actividades comerciales que son lícitas. Hay evasión y también elusión fiscal, como la falsa facturación o la manipulación de los precios de transferencia".

Por su parte, la contadora argentina Magdalena Rua mostró una investigación que revela que entre 2003 y 2012 los flujos financieros ilícitos de países en desarrollo alcanzaron los 6,6 billones de dólares, de los cuales el 78% se realizan falseando precios de transferencia.

Los precios de transferencia son los valores que contabilizan las multinacionales para las operaciones que realizan filiales radicadas en distintos países, y su manipulación tiene como objetivo reducir el pago de impuestos. La incidencia de esta maniobra es muy significativa, dado que más de la mitad del comercio mundial se da intra-firma. Por ejemplo, una planta automotriz que se abastece de autopartes fabricadas por la misma multinacional en otro país, o una empresa textil que elabora sus prendas en Europa o China con lana que ella misma produce en la Argentina.

Maniobras de elusión tributaria

En el encuentro del martes pasado se expuso un trabajo que indica que la falsa facturación en el comercio internacional argentino equivale al 4,4% de su Producto Bruto Interno, lo que significa más de USD 24.000 millones. Es decir una gigante plataforma para maniobrar en pos de la elusión tributaria.

Una maniobra que en la Argentina dio lugar a varias investigaciones judiciales es la subfacturación de exportaciones agrícolas, que en lugar de ir directamente al verdadero destino, se triangulan a menor precio a través de un paraíso fiscal o de un país con menor presión tributaria, y dan lugar a la sostenida fuga de capitales.

Las estimaciones oficiales calculan que los argentinos tienen fuera del sistema financiero más de USD 250.000 millones, que es más del doble de lo que se blanqueó al comienzo de este Gobierno. Estimaciones alternativas elevan esa cifra al doble.

Hace un par de años el Centro de Economía y Finanzas para el Desarrollo de la Argentina (Cefidar) –que dejó de funcionar debido a que las nuevas autoridades de la banca pública de Cambiemos le retiraron el financiamiento– calculó que solo el 5% de los fondos fugados proceden de hechos de corrupción gubernamental; el 31% de actividades criminales (narcotráfico, venta de armas, etc.) y el 64% de maniobras destinadas a evadir o eludir el pago de impuestos, como por ejemplo la sobre y subfacturación de operaciones de comercio exterior.

Ese cálculo refuerza la idea de que hay mucho más delito privado que corrupción. Lo que concierne a la Argentina en los Panamá Papers, los Paradise Papers y otros, es de una dimensión mucho mayor que la corrupción de la coima en la obra pública o el financiamiento espurio de la política.

La importancia de un sano manejo de las finanzas públicas

No se trata de minimizar esa corrupción ni su efecto nocivo sobre la economía, el bienestar y la política. Como señala José Natanson "la corrupción es letal para la democracia por varios motivos convergentes (…) Desvía dinero que debía haberse destinado a otros fines; corroe la cultura tributaria y afecta la base fiscal de la autoridad pública: no hay Estado fuerte sin impuestos altos y su recaudación depende, al menos en parte, de que la sociedad confíe en que su dinero será correctamente utilizado".

Agrega que "la corrupción contribuye a degradar a la política como un todo y a estirar la distancia entre la sociedad y lo que se ha dado en llamar 'clase política".

Es lógico y comprensible que José López, Amado Boudou, Roberto Baratta, Julio De Vido, kirchneristas varios, y todos los casos que se le están ventilando al macrismo, alimenten la espectacularidad informativa y la indignación ciudadana. Solo se trata de entender que el delito puramente privado supera cuantitativamente a la corrupción.

Y eso que corrupción hay mucha.

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