La reforma previsional es la propuesta más impopular desde que asumió Mauricio Macri

El escándalo en la Cámara de Diputados impidió la aprobación de un proyecto de ley que el Gobierno defendió con verdades y mentiras.

Mucho de lo que dice es verdad.  Es verdad, como afirma el instructivo que la Casa Rosada distribuyó a los diputados del oficialismo, que la fórmula de ajuste de haberes propuesta (70 por ciento inflación y 30 por ciento de la variación del salario promedio de los trabajadores estables) "es sencilla, transparente e independiente de los cambios que pueda haber en la coparticipación de impuestos".

Es verdad que la actualización dejará de ser semestral y pasará a ser trimestral a partir de marzo del año próximo.

Es verdad que la fórmula vigente desde 2009 (50% de la variación de la recaudación previsional por beneficiario y 50% de la variación del salario promedio de los trabajadores estables) "es inestable", porque "algunos años sube más que la inflación, y otros menos".

Es verdad que la fórmula original fue aplicada con discrecionalidad porque no incluyó en el cálculo a los beneficiarios de las moratorias ni a los de las ex cajas provinciales, y "esas omisiones resultaron en aumentos superiores al crecimiento de los recursos de la Anses".

Es verdad que el Ministerio de Hacienda estima que con la nueva fórmula "las jubilaciones aumentarán en 2018 alrededor de un 5% por encima de la inflación".

Pero más allá de esas y otras verdades, algunos de los argumentos de los voceros del Gobierno no son ciertos, otros son discutibles y, por sobre todo, omiten a conciencia referirse al objetivo fundamental de la reforma.

Puntos de debate

El Gobierno afirma que como la recaudación previsional recibe porcentajes de ciertos impuestos como Ganancias e IVA, "cualquier cambio en la distribución de esos impuestos perjudica los aumentos a los jubilados". Eso es verdad en caso de que se decidiera (como pretenden con Ganancias) reducir la parte de su recaudación que se le destina a la Anses, pero no sería verdad si eventualmente se decidiera lo contrario.

¿Qué impide que, con el fin de mejorar las jubilaciones, se le asigne más recursos a la Anses con fondos provenientes de, por ejemplo, una suba sustancial en la alícuota que pagan los altos ingresos? Sólo lo impide la falta de voluntad política.

El instructivo asegura que "nuestro sistema previsional no es sustentable en el largo plazo" y que "ya es deficitario". Lejos de ser una verdad absoluta, la afirmación es discutible. El sistema es deficitario si el criterio es que los aportes personales y contribuciones patronales deben alcanzar a cubrir los haberes. Pero si no se lo concibe como un sistema cerrado sus recursos bien pueden reforzarse con otros fondos, como efectivamente viene sucediendo.

Las jubilaciones que se pagan no son determinadas por un modelo técnico sino que son el resultado de una decisión política que, por supuesto, debe amoldarse a la lógica de las restricciones de la macroeconomía.

Pero el punto central es que el Gobierno se resistió a reconocer que el objetivo principalísimo de la reforma es recortar el gasto previsional, y se empecinó en presentar las consecuencias del cambio de manera engañosa.

Nicolás Dujovne declaró que "lejos estamos de un escenario en el cual hay una pérdida para los jubilados, sino todo lo contrario". Concediéndole que se cumpliera que con la nueva fórmula el aumento a los jubilados el año próximo superará en 5 puntos a la inflación, lo que el ministro sabe pero no cuenta es que ese aumento sería bastante inferior al que recibirían con la fórmula original.

En este caso, una media verdad es una mentira.

Los voceros del oficialismo evitan admitir en público lo que reconocen en privado, y lo que sin querer se les deslizó a los que redactaron el instructivo. Ahí se asegura que "si no hacemos nada, el peso del sistema previsional crecerá hasta quitarles recursos a la educación, la salud y la obra pública".

Pérdidas acumuladas que se agravan

Dejando de lado el falaz chantaje argumental, es muy evidente que hacer algo para que el sistema previsional crezca menos significa para el Gobierno recortarle ingreso a los jubilados. Un psicólogo ahí para los que elaboraron el instructivo.

Si lo que realmente les preocupara fueran las deficiencias en la fórmula original, hubieran impulsado que el nuevo método de cálculo de la movilidad comenzara a aplicarse a mitad de año, permitiendo que el ajuste de marzo con el viejo método recuperara la pérdida del poder adquisitivo que tuvieron los haberes y las Asignaciones Familiares en los últimos dos años.

Pero el objetivo básico no es otro que "ahorrar" gasto público. Según el estudio que fundó Miguel Bein y que ahora se llama EcoGo con la conducción de Marina Dal Poggetto, la nueva fórmula reduce el gasto previsional del 2018 en $68.000 millones. Al Instituto Argentino de Análisis Fiscal la cuenta le da algo más: $72.000 millones.

Ese dinero es el triple de lo que el presupuesto 2018 de la Administración Pública Nacional 2018 le asigna a Educación, y más del doble de la partida para Vivienda.

El "ahorro" equivale al 0,6% del Producto Bruto Interno, lo que cubre buena parte de la meta oficial de reducción del déficit fiscal primario desde 4,2 puntos del PBI este año a 3,2% en 2018.

De acuerdo a los cálculos del director del Iaraf, Nadin Argañaraz, el cambio de fórmula provoca que por cada $100 de poder de compra que ahora cobra un jubilado o un beneficiario de la AUH, en diciembre del 2018 cobrará 101,5 en lugar de 106. Es decir que le ganará a la inflación, aunque por menos de lo que estima Nicolás Dujovne, pero perderá 4,5 puntos respecto a lo que hubiera cobrado.

Además, y esto no ha sido muy considerado, el recorte inicial se extiende hasta el final de los días de los beneficiarios del sistema. En el ejemplo anterior, la movilidad del 2019 se aplicaría sobre una base de 101,5 en lugar de 106. Y así sucesivamente.

La reforma ha generado un masivo rechazo

Una encuesta del Centro de Estudios del Trabajo y el Desarrollo de la Universidad de San Martín arroja que el 65,9% de la población está en desacuerdo o muy en desacuerdo.

La de Ricardo Rouvier es particularmente interesante ya que muestra que la imagen positiva de Mauricio Macri viene en alza y se ubica en el 54,1%, pero un 75,8 por ciento de la gente está en contra de la reforma.

No es para menos. Se trata de la medida más impopular desde que asumió Mauricio Macri.

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