Las dos condenas y el ingreso en prisión de Lula; el reciente suicidio del expresidente peruano Alan García, cuando estaba a punto de ser detenido; el autoexilio del ecuatoriano Rafael Correa en Bélgica; y la condena de su exvicepresidente, Jorge Glas, tienen un mismo hilo conductor. Todos ellos se encuentran envueltos en procesos iniciados a partir de las derivaciones de la operación "Lava Jato", iniciada a en Brasil, que tiene en vilo a la clase política latinoamericana.

Todo comenzó el 17 de marzo de 2014, cuando la Policía Federal brasileña descubrió, durante un allanamiento a una estación de servicio de Brasilia, una red de lavado de dinero que vinculaba a una serie de empresas contratistas de Petrobras con ejecutivos de la petrolera estatal. La ubicación de la financiera clandestina, que se encontraba junto a un lavadero de autos, dio el nombre a la investigación judicial que se prolonga hasta nuestros días: Lava Jato. La "bomba" política estallaría cinco meses más tarde, cuando el entonces director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, se acogió a los beneficios de la "ley de delación premiada" y salpicó con sus confesiones a buena parte de la dirigencia política brasileña. El principal afectado fue el Partido de los Trabajadores (PT), cuyo su máximo líder, el expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva, sería sometido a la persecución implacable del juez federal de Curitiba, Sérgio Moro, y del equipo de fiscales liderados por Deltan Dallagnol.

El expresidente de Brasil, Lula,  ya sufrió dos condenas por corrupción. Foto: Fernando Calzada.
El expresidente de Brasil, Lula,  ya sufrió dos condenas por corrupción. Foto: Fernando Calzada.

La primera condena contra Lula se produjo en julio de 2012, cuando Moro lo encontró culpable de los crímenes de corrupción pasiva y lavado de dinero, y lo condenó a nueve años y seis meses de prisión. El ya famoso tríplex ubicado en el balneario paulista de Guarujá se convirtió para el magistrado en la prueba clave de los beneficios recibidos por el líder del PT a cambio de jugosos contratos que la empresa contratista OAS obtuvo de Petrobras. A esa primera sentencia, que acaba de ser reducida por el Supremo ¨Tribunal de Justicia (STJ) a ocho años y diez meses, se sumó un segundo proceso de similares características que giró en torno a una propiedad rural en la localidad de Atibaia, en el interior del estado de San Pablo, de la que también se habría beneficiado el exmandatario. La segunda condena a doce años y once meses, dictada en febrero pasado, lo encontró ya cumpliendo prisión efectiva en su celda de la Superintendencia de la Policía Federal en Curitiba, donde se encuentra recluido desde abril de 2018.

El peruano Alan García prefirió quitarse la vida antes que entregarse a la justicia. Foto: Fernando Calzada.
El peruano Alan García prefirió quitarse la vida antes que entregarse a la justicia. Foto: Fernando Calzada.

Fuera de Brasil, donde también han sido condenados el extitular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, y se encuentra bajo investigación el expresidente Michel Temer, el país que ha sufrido el mayor impacto por las derivaciones del Lava Jato ha sido Perú. El suicidio del dos veces presidente Alan García, el pasado 17 de abril, puso en la mira el recurso a la prisión preventiva utilizado por los fiscales. A García se lo investigaba por presuntos sobornos recibidos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio del contrato de construcción de la línea 1 del subterráneo de Lima. Su antecesor Alejandro Toledo, que hoy se encuentra en EE. UU., también está acusado de haber recibido pagos indebidos de la misma empresa a cambio de la adjudicación de las obras de la carretera Interoceánica. Por su parte, otro exmandatario peruano, Pedro Pablo Kuzcynski, acaba de ser detenido en el marco de una investigación por supuestos pagos recibidos de la misma Odebrecht durante su paso por el Ministerio de Economía y Finanzas del gobierno de Toledo. También están procesados el expresidente Ollanta Humala y su esposa Nadine Heredia, acusados de lavado de dinero mediante la utilización de fondos entregados por Odebrecht para su campaña electoral. El escándalo también afectó a la líder de la oposición, Keiko Fujimori, quien está cumpliendo prisión preventiva de 36 meses por un caso de lavado de dinero, vinculado con aportes de la propia Odebrecht a su campaña electoral.

El ecuatoriano Rafael Correa se autoexilió en Bélgica. Foto: Fernando Calzada.
El ecuatoriano Rafael Correa se autoexilió en Bélgica. Foto: Fernando Calzada.

En Ecuador, los coletazos del caso  han llevado a la prisión al exvicepresidente, Jorge Glas, condenado a seis años de prisión por asociación ilícita, al cabo de una investigación que detectó irregularidades en cinco obras de infraestructura adjudicadas a Odebrecht entre 2012 y 2016. Su mentor, el exmandatario Rafael Correa, quien permanece autoexiliado en Bélgica, asegura que su exvice se ha convertido en un "trofeo político" del actual gobierno de Lenin Moreno. "Hay una brutal persecución judicial en mi contra", asegura Correa.

En Colombia, Odebrecht habría financiado las campañas del expresidente Juan Manuel Santos y de su rival, el "uribista" Oscar Iván Zuluaga. Las redes de corrupción también alcanzan a Panamá, donde los dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli –detenido, a la espera de juicio– son acusados de tráfico de influencias en favor de la constructora brasileña. Otro exmandatario centroamericano, el salvadoreño Mauricio Funes –hoy autoexiliado en Nicaragua–, también se habría beneficiado del "dinero sucio" de Odebrecht para financiar su campaña electoral. Sin llegar a los máximos niveles del gobierno, también la petrolera estatal mexicana Pemex ha sufrido los coletazos de la red de corrupción de Odebrecht; y en Costa Rica y la República Dominicana ya han sido detenidos exministros y altos funcionarios del Estado.