El presente y los desafíos de la conservación marina en el Atlántico Sur y la Antártida

Los conflictos bélicos y las tensiones geopolíticas globales tienen el poder de fracturar el delicado equilibrio que sostiene la gobernanza pesquera. Cuando las fricciones internacionales se trasladan a los foros de gestión, la parálisis institucional amenaza el control de la actividad extractiva y la conservación, demostrando que la cooperación es el único mecanismo capaz de evitar el regreso a la pesca desregulada.

La Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA) transformó la gobernanza pesquera frente a presiones extractivistas y conflictos geopolíticos en la Antártida. Para analizar la situación, conversamos con el doctor Enrique Marschoff, exdirector del Instituto Antártico Argentino.

Fricciones globales y parálisis institucional

-¿Cómo influyen las tensiones geopolíticas –como el conflicto entre Rusia y Ucrania– en las negociaciones del Tratado Antártico y qué repercusiones generan en el control pesquero de las islas Georgias del Sur?

-El enfrentamiento bélico entre la Federación Rusa y Ucrania ha provocado que Rusia niegue su consenso para fijar límites de captura de merluza negra en las aguas circundantes a las islas Georgias del Sur. Por su parte, el Reino Unido, aplicando una interpretación caprichosa del texto de la Convención, autoriza que buques de su bandera operen bajo un tope propio, lo que les permite obtener capturas que gran parte de los miembros de la Convención considera ilegales.

-Para contextualizar el debate actual, ¿cómo surge la necesidad de regular la actividad pesquera en el Atlántico Sur y cuáles son los antecedentes históricos que marcaron el camino hacia el sistema actual?

-El enfrentamiento entre los objetivos de la explotación por flotas locales y de larga distancia motivó que, en el siglo XIX, los gobiernos con costas en los mares australes trataran de imponer regulaciones orientadas a la conservación de los recursos.

En 1822, Argentina exigió obtener licencias a los foqueros y, en 1829, prohibió su captura. El rechazo a esta legislación derivó en el ataque de la corbeta estadounidense Lexington contra las islas Malvinas en 1831, suceso que desencadenó la ocupación militar británica al año siguiente y la consiguiente desregulación de la industria. Si el gobierno de los Estados Unidos reconociera la ilegalidad de aquella agresión, su declarada neutralidad en la disputa por las islas cobraría otro peso.

Hacia 1840, cesó la caza comercial de focas y, en 1904, la actividad se reorientó con la instalación de la Compañía Argentina de Pesca en las islas Georgias del Sur, dando inicio a la caza masiva de ballenas. En 1908, el Reino Unido aprovechó su presencia militar en la región para autorizar que las propias flotas balleneras autorregularan la actividad, limitando el rol británico al cobro de tributos sobre el volumen de captura.

José León Suárez expuso en la Liga de las Naciones en 1926 los desafíos jurídicos, políticos y biológicos de regular la alta mar y la necesidad de respetar el “interés biológico”. De este modo, anticipó la necesidad de una visión global del problema.

-¿Cuál fue el momento en que se evidenció el vacío legal sobre los espacios marítimos antárticos?

-El punto de quiebre en la protección de la Antártida ocurrió en la década de 1970 con las capturas exploratorias de krill por parte de la Unión Soviética, lo que encendió las alarmas internacionales. Aunque el Tratado Antártico de 1961 regía al sur del paralelo 60° S, sus espacios marítimos habían quedado sin regulaciones específicas. Esta ausencia de límites y marcos normativos dejó la zona expuesta a una explotación indiscriminada que ya había conducido a la sobreexplotación de varias especies de peces.

-Desde una perspectiva económica, ¿por qué los mercados fallan en la protección de estos recursos y qué características novedosas introdujo la CCRVMA al crearse en 1980?

-Es un hecho económico y biológico establecido que, librados al mercado, los recursos naturales tienden a ser sobreexplotados. Esto ocurre porque se alcanza un estado estacionario conocido como equilibrio bioeconómico, donde la disponibilidad del recurso y los costos de extracción se equilibran con su precio de venta. A mayor valor del producto, mayor es el incentivo para aumentar las capturas, ajeno por completo el interés biológico.

Ante el riesgo de que la sobreexplotación del krill colapsara las cadenas tróficas, las partes consultivas del Tratado Antártico impulsaron un instrumento jurídicamente vinculante. Su área de aplicación se amplió hasta la Convergencia Antártica o Frente Polar, donde las aguas frías del sur se encuentran con las templadas del norte. En línea con el espíritu del Tratado, se decidió que este nuevo instrumento no debía reconocer derechos sobre los recursos, ni distribuir cuotas de pesca, ni fijar normas comerciales o económicas.

En 1980, se aprobó el texto definitivo de la CCRVMA, organismo conformado por un Comité Científico y una Comisión a través de la cual los representantes políticos adoptan las medidas de conservación por consenso. Cabe destacar que el área incluye islas subantárticas bajo jurisdicción de distintos países, además de las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, sobre las cuales existe un conflicto de soberanía reconocido por las Naciones Unidas.

Pilares de la conservación y manejo técnico de pesquerías <b> </b>

-¿Cómo se aplicó este enfoque diferencial en el manejo de las pesquerías de peces y de krill?

-Las capturas de peces –como el bacalao antártico, el pez de hielo y la nototenia– se calculan mediante modelos matemáticos. Las estimaciones generaron tensiones entre los miembros hasta el colapso del pez de hielo en 1991 en las islas Georgias del Sur. Este hecho forzó el cierre de la pesquería por parte de la Convención. Desde entonces, la actividad quedó condicionada a lo que estipulen las expediciones científicas que determinan la biomasa disponible. Hasta el momento, la población no logró volver a los niveles previos a la explotación.

Alrededor de 1989, comenzó la captura de merluza negra con palangres profundos. Esta es una especie longeva y de crecimiento muy lento, que enfrenta riesgos por el escaso conocimiento sobre su biología y reproducción.

Con el krill, la Convención enfrentó una realidad diferente. Debido a que se trata del alimento fundamental de los predadores naturales, la Convención adoptó un límite preventivo de 620.000 toneladas anuales, ubicado muy por debajo de la biomasa estimada para evitar impactos catastróficos.

-¿Cuáles son los pilares conceptuales y los objetivos específicos que diferencian a la CCRVMA en materia de conservación?

-A diferencia de otros entes reguladores guiados por intereses comerciales, la CCRVMA comenzó a operar en 1982 con metas científicas y conservacionistas orientadas a asegurar una explotación racional del ecosistema marino antártico. La normativa establecida exige evitar que las poblaciones caigan por debajo de umbrales estables, conservar las conexiones ecológicas entre especies y prevenir alteraciones irreversibles en el ecosistema. Esto implica que la explotación debe ser estrictamente racional y no limitarse a una sustentabilidad económica a largo plazo. Este modelo pionero fue adoptado más adelante por la FAO y otras organizaciones internacionales.

Además, la Convención asumió el enorme desafío de recuperar aquellas poblaciones de ballenas, focas y peces en las islas Georgias del Sur que ya habían sido impactadas por la pesca de arrastre desde la década de 1960.

-Frente a herramientas de gobernanza moderna como las Áreas Marinas Protegidas y los consensos internacionales, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la CCRVMA?

-La administración actual de la CCRVMA atraviesa un momento delicado debido a la intromisión de cuestiones geopolíticas que exceden el ámbito antártico. Si bien la organización logró hitos importantes, como la creación en 2009 de un Área Marina Protegida (AMP) en la región de las islas Orcadas del Sur, las negociaciones posteriores fueron bloqueadas. Un ejemplo claro es el estancamiento de la propuesta conjunta presentada por Argentina y Chile en 2014 para declarar un AMP en la península antártica, por la oposición de ciertos estados que exigen niveles impracticables de fundamentación científica como estrategia dilatoria.