Raúl Castro enfrenta dos procesos judiciales en Estados Unidos vinculados con el derribo de dos avionetas de Hermanos al Rescate, ocurrido el 24 de febrero de 1996. Una causa corresponde a la jurisdicción federal y otra fue impulsada por autoridades de Florida.
Los expedientes atribuyen al exmandatario cubano una presunta participación en la decisión y la preparación del ataque. Las acusaciones no equivalen a una declaración de culpabilidad, que solo podría establecerse en un eventual juicio.
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La causa federal incluye cargos por conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses, cuatro asesinatos y dos delitos de destrucción de aeronaves. El proceso estatal, a su vez, se centra en una acusación de conspiración para cometer un delito capital, según Periódico Cubano.
La causa federal plantea una presunta responsabilidad en la cadena de mando
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación federal durante un acto en la Torre de la Libertad, en Miami. Todd Blanche, entonces fiscal general interino, indicó que la investigación estaba a cargo del FBI y que la Fiscalía del Distrito Sur de Florida llevaría adelante el procesamiento.
Según la hipótesis de los fiscales, Castro integraba la estructura de mando que habría autorizado la operación. En ese momento, era ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.
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La acusación también incluye a Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez. La fiscalía federal les atribuye una presunta participación en la operación de la Fuerza Aérea Cubana.
El expediente sostiene que agentes cubanos se habrían infiltrado en Hermanos al Rescate para obtener información sobre las actividades de la organización. De acuerdo con los investigadores, esos datos pudieron contribuir a la preparación del derribo.
Las aeronaves realizaban vuelos de asistencia y búsqueda de balseros en el estrecho de Florida. El ataque causó la muerte de Carlos Costa, Mario de la Peña, Armando Alejandre Jr. y Pablo Morales.
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Tres víctimas eran ciudadanos estadounidenses y una contaba con residencia permanente legal en el país. Una tercera avioneta, pilotada por José Basulto, fundador de la organización, logró regresar a territorio estadounidense.
Las penas federales dependen de los cargos que prosperen
El Departamento de Justicia informó que los delitos federales de asesinato y conspiración pueden contemplar, según el caso, pena de muerte o cadena perpetua. Cualquier sanción requeriría una condena dictada por un tribunal.
Para Castro y Pérez-Pérez, cada cargo por destrucción de aeronaves puede implicar una pena máxima de cinco años de prisión. La eventual exposición penal depende de los delitos que se acrediten en el proceso.
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La presentación de la acusación no supone que los imputados hayan sido juzgados o condenados. El expediente expone el planteo de la fiscalía, que debería ser demostrado bajo las normas del proceso penal.
La causa federal fue anunciada en mayo. Su investigación se concentra en la presunta cadena de mando, las tareas de inteligencia previas y la responsabilidad atribuida a los acusados.
Florida abrió un expediente estatal separado por el mismo ataque
El fiscal general de Florida, James Uthmeier, informó el inicio de la causa estatal durante un acto en la Universidad Internacional de Florida. Su oficina atribuyó a Castro una presunta orden final para destruir las avionetas.
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La investigación estatal es independiente del expediente federal, aunque ambas causas se refieren al mismo ataque. Los dos procesos incluyen elementos vinculados con las supuestas tareas de inteligencia sobre Hermanos al Rescate.
La jueza Ariana Fajardo Orshan, del Undécimo Circuito Judicial de Florida, firmó una orden de arresto sin derecho a fianza. La decisión se sustentó en la existencia de causa probable para disponer una detención.
Las pesquisas del Departamento de Aplicación de la Ley de Florida indican que agentes vinculados con la operación habrían actuado desde los Cayos hasta Miami. Según la fiscalía, habrían reunido información sobre la organización y luego la habrían transmitido a autoridades cubanas.
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El planteo estatal utiliza esas actividades para establecer una conexión territorial con Florida. Los disparos contra las aeronaves, según el expediente citado por Periódico Cubano, ocurrieron fuera de ese estado.
La ley de Florida prevé una pena máxima ordinaria de 30 años
La causa estatal invoca el artículo 777.04, que clasifica la conspiración para cometer un delito capital como delito grave de primer grado. Bajo el régimen ordinario, esa figura contempla hasta 30 años de prisión.
La normativa permite además una multa general de hasta USD 10,000. Algunas disposiciones pueden establecer variaciones cuando existen ganancias o pérdidas económicas vinculadas con el delito investigado.
La pena concreta dependería del contenido definitivo de la acusación, de las normas aplicables a hechos de 1996 y de una eventual resolución judicial.
Uthmeier agradeció la colaboración del FBI. El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones expresó su respaldo al avance paralelo de las investigaciones.
La ejecución de las órdenes de arresto enfrenta dificultades mientras Castro permanezca en Cuba. Una eventual detención en otro país dependería de la cooperación internacional y de los procedimientos legales que correspondan en esa jurisdicción.
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