Los familiares de personas encarceladas por motivos políticos en Cuba deben asumir costos de entre 20 mil (USD 25.32) y 60 mil pesos (USD 75.95) cubanos por cada paquete de alimentos, medicinas y productos de higiene destinado a los penales, según un informe de Cubalex citado por Cubanos por el Mundo. La organización sostiene que el régimen traslada a las familias la cobertura de necesidades básicas de los reclusos.
El estudio reunió 28 testimonios de allegados de presos políticos y describió una carga económica que incluye la compra de alimentos, agua potable, medicamentos, artículos de aseo y recargas telefónicas. El documento también expuso las dificultades que enfrentan los parientes para llegar a los centros penitenciarios y mantener la comunicación con los detenidos.
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De acuerdo con los datos citados por el medio, el valor habitual de cada envío oscila entre 30 mil y 40 mil pesos cubanos. Esa cifra equivale a casi seis meses del salario medio mensual del sector estatal civil, que alcanzó los 6,930 pesos durante 2025, según la comparación realizada por la organización.
Los traslados a las cárceles elevan el costo para los familiares
El presupuesto de los hogares no se limita a los productos que integran las jabas. Las visitas a las cárceles requieren gastos de transporte que pueden ir de 400 a 15 mil pesos, según la distancia entre el domicilio familiar y el penal. La franja más frecuente se ubica entre 3 mil y 8 mil pesos.
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Cuando los parientes no pueden trasladarse, deben pagar a terceros para que lleven las provisiones. Ese servicio tiene un costo de entre 5 mil y 6 mil pesos, según el informe. A ello se suman las recargas de teléfonos, que en muchos casos constituyen el único canal de contacto regular con las personas privadas de libertad.
Los testimonios relevados también describieron recorridos extensos para llegar a las prisiones. Algunos familiares deben salir de sus casas de madrugada y caminar hasta 13 kilómetros con niños pequeños para asistir a encuentros que duran cerca de dos horas.
La situación afecta en especial a madres, esposas, hermanas e hijas de los detenidos, quienes suelen concentrar las tareas de abastecimiento, cuidado de otros integrantes del hogar y gestiones vinculadas con el encarcelamiento. El informe señaló que varias de estas mujeres denunciaron obstáculos laborales, vigilancia y amenazas atribuidas a organismos de seguridad del régimen.
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La compra de medicamentos agrava la presión sobre los hogares
El acceso a tratamientos médicos constituye otro de los principales gastos. Según la organización, la falta de medicamentos dentro de los centros penitenciarios obliga a las familias a adquirirlos fuera de los canales estatales. El reporte citó el caso de un frasco de carbamazepina que llegó a costar 5 mil pesos cubanos.
La carbamazepina se utiliza en tratamientos para epilepsia y ciertos trastornos neurológicos. El documento indicó que los familiares también deben conseguir materiales para procedimientos sanitarios, ante la falta de insumos y atención médica en las cárceles.
El 60% de las personas entrevistadas identificó la urgencia económica como el principal problema cotidiano. Algunos hogares informaron que apenas pueden garantizar una comida diaria, mientras otros optaron por vender pertenencias —incluso objetos vinculados al cuidado de menores— para reunir dinero destinado a los paquetes y los traslados. Algunas familias suspendieron los envíos al perder apoyos externos.
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El informe advierte sobre el impacto en niños y en la estabilidad familiar
La organización afirmó que las consecuencias del encarcelamiento se extienden a los hijos e hijas de los presos políticos. El informe recogió referencias a alteraciones emocionales, dificultades escolares y carencias materiales en hogares donde uno de los progenitores permanece detenido.
La organización señaló que las restricciones de agua, las raciones insuficientes de alimentos y las limitaciones en la atención médica dentro de los penales profundizan la dependencia de los envíos familiares. En ese contexto, el costo de sostener a un detenido repercute sobre la alimentación, la salud y la estabilidad financiera de los hogares.
El reporte también cuestionó la falta de información sobre la situación de los presos y sobre eventuales beneficios legales. Según la organización, las familias enfrentan trabas para conocer las condiciones de reclusión y las posibilidades procesales de sus allegados.
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La investigación concluyó que las consecuencias económicas y sociales de las detenciones alcanzan a todo el núcleo familiar, con especial impacto en quienes deben financiar el abastecimiento y los viajes a los centros penitenciarios.
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