Dos jóvenes cubanos enfrentan hasta diez años de prisión por publicar videos donde hacen llamados a instituciones estatales

La Fiscalía Provincial de Holguín solicitó ocho años de prisión para Ernesto Ricardo Medina y diez años para Kamil Zayas Pérez, integrantes del proyecto audiovisual El 4tico, acusados de delitos vinculados con los contenidos que difundieron en redes sociales y con llamados dirigidos a miembros de instituciones estatales cubanas.

La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial recibió la petición de la Fiscalía y ordenó la apertura del juicio oral. Las conclusiones provisionales, a las que tuvo acceso Martí Noticias, imputan a ambos jóvenes los presuntos delitos de propaganda contra el orden constitucional, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, e instigación a delinquir.

Medina y Zayas fueron detenidos el 6 de febrero de 2026 durante registros en sus viviendas. Las autoridades ocuparon equipos tecnológicos que utilizaban para las transmisiones públicas, mientras que los abogados contarán con diez días para preparar la defensa antes de que el tribunal fije la fecha de las vistas orales.

La acusación sostiene que los jóvenes actuaron de mutuo acuerdo desde el 7 de noviembre de 2025 para crear e implementar El 4tico, un proyecto de comunicación digital. El espacio funcionaba desde un local acondicionado para filmar en la vivienda de Medina, en el reparto Piedra Blanca de la ciudad de Holguín.

Desde allí producían y difundían videos en Instagram, Facebook y YouTube. La Fiscalía describe varios audiovisuales publicados entre noviembre y diciembre de 2025, en los que atribuye a sus creadores mensajes dirigidos a integrantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior.

Según el escrito acusatorio, los mensajes exhortaban a esos funcionarios “a desconocer el orden legal establecido”. También les atribuye críticas al Partido Comunista de Cuba y a las organizaciones de masas, además de cuestionamientos sobre el desempeño y la moral de la Policía Nacional Revolucionaria.

El órgano acusador afirma que los procesados financiaron la compra de computadoras portátiles, teléfonos inteligentes, cámaras, micrófonos, equipos de conectividad y accesorios audiovisuales mediante remesas enviadas desde el exterior.

Mileydis Medina Machín, madre de Medina, rechazó que esos elementos constituyan una prueba incriminatoria. “Son medios comunes. No son artículos de tecnología avanzada ni sofisticados. Por supuesto, no le incautaron armas, propaganda, volantes, carteles”, dijo.

La defensa de la familia y los contactos en el exterior

La Fiscalía también afirma que Medina y Zayas mantuvieron comunicación con figuras de la oposición exiliada en España, entre ellas Yunior García Aguilera, Carolina Barrero y Amelia Calzadilla. El documento sostiene que habrían solicitado asesoramiento, formación técnica y guiones para sus transmisiones.

Medina Machín cuestionó esa interpretación y señaló que los contactos con esas personas no demostrarían la participación de terceros en los contenidos. “Son personas que, en algún momento de la historia, han planteado también su desacuerdo con ciertas cosas que pasan en este país, pero eso no prueba nada. Hablan de guiones que sí fueron enviados, editados en el exterior, de personas que alguna vez les saludaron, pero no significa que ellos editaron algún guión”, afirmó.

La madre de uno de los acusados dijo que la familia prevé una condena. “Como familia, pensamos que los van a condenar. Consideramos que la Seguridad del Estado no improvisa nada y, quizás en este país no funcionan muchas cosas como la educación, la salud, pero estas cosas sí funcionan a la perfección porque es la forma de perpetuarse en el poder”, afirmó.

También sostuvo que podría producirse una reducción de las penas solicitadas, aunque descartó una absolución. “Quizás se les rebaje un poco la condena, pero de que van a ser condenados no nos cabe la menor duda. Sabemos que en Cuba no existe un Estado de Derecho, no tenemos ninguna garantía jurídica, prevalece la opinión de ellos y los condenarán porque ejercieron el derecho de la libertad de expresión”, agregó.

Medina Machín aseguró que los jóvenes buscaban promover el pensamiento crítico sin proponer acciones violentas. “En ningún momento se habló de violencia, de cosas impuestas por la fuerza. Querían incentivar el pensamiento crítico entre las personas. Nos hemos acostumbrado durante muchos años a que nos impongan una forma de pensar, pero las nuevas generaciones ya no aceptan eso”, concluyó.